Todos aquellos que no son juristas, deben saber que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, principio jurídico heredado del Derecho Romano que se mantiene en todo su esplendor en nuestros días. También deben saber, aquellos legos en Derecho, que la proliferación normativa existente en nuestro país es abrumadora, siendo necesario acometer más pronto que tarde, una recopilación de normas a modo de un Código de Justiniano del siglo XXI.
 
El respeto a la ley como expresión de la voluntad popular debe ser aplicable a todos y a todo. Sin ánimo de aburrirles con citas de leyes complicadas me gustaría poner un ejemplo de la sencillez, la claridad y el compromiso con que a veces se expresan nuestros legisladores. A pesar de los incumplimientos de las leyes por parte de nuestros responsables políticos la Exposición de Motivos de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración del Estado dice algo tan sencillo y fácil de comprender como lo siguiente: “El servicio a los ciudadanos y a los intereses generales debe estar caracterizado, como ha dispuesto la Constitución, por la objetividad. Es decir, la transparencia en la actividad administrativa debe ser, no sólo una garantía para los ciudadanos, sino un criterio de actuación general del aparato público. Los titulares de los diferentes órganos administrativos no son más que gestores de intereses ajenos, los del cuerpo social, por lo que debe rendir cuentas de su gestión ante los ciudadanos.”

Me viene a la memoria después de leer esto, la sentencia popular que reza “dime de lo que presumes y te diré de lo que careces”. Por esta razón y a pesar de lo evidente, mi partido, UPyD, defiende que deben de priorizarse los intereses generales frente a cualesquiera otros y que la actuación de la Administración, así con mayúsculas, debe estar regida por los principios de objetividad, transparencia y acceso a la información.
 
¿Sencillo, verdad? Pues esto no se cumple, no se cumple la voluntad de la ley, no se cumple su contenido, las leyes son confusas, a veces entran en flagrante contradicción unas con otras, y, frente a todo este panorama que fomenta la ilegalidad y la corrupción política, es necesario y prioritario la promulgación de una ley específica de transparencia que controle el funcionamiento de los poderes públicos.

Fíjense que la Ley parece elaborada por juristas próximos a UPyD y casi repite miméticamente algunos puntos de nuestro programa político especialmente en otro pasaje de la Exposición de Motivos donde se continúa diciendo: el funcionamiento de la maquinaria administrativa estatal debe adecuarse a la gestión por objetivos y a la calidad como forma ordinaria de prestación de los servicios públicos. La dimensión de las estructuras administrativas estatales debe reordenarse atendiendo a la racionalidad y a la necesidad de evitar duplicidades en la gestión.

Una se pregunta a la vista de lo anterior, por qué extraña razón el Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla, en estos últimos años ha considerado que la ley no le afectaba, por qué ha pensado que el artículo 31.2 de la Constitución que prevé que el gasto público responderá a los criterios de eficiencia y economía no le afectaba, por qué extraña razón se consideraba que no estaba sujeto a la normativa vigente y ha acometido numerosas actuaciones obviando los principios esenciales a los que debe someterse, cuales son, objetividad, transparencia, rendición de cuentas, gestión por objetivos, calidad, racionalidad del gasto, eficiencia, etc. Y estoy segura que esta misma pregunta se la hacen muchos ciudadanos de otros ayuntamientos.
¿Qué está pasando?

Los ciudadanos debemos exigir el cumplimiento de la Ley a nuestros representantes políticos, quizá parte del problema sea nuestro, y no hemos sabido ser reivindicativos y resistentes a estos abusos o no hemos sabido exigir el cumplimiento de la ley a nuestros representantes y a las instituciones. No podemos delegar el ejercicio de nuestros derechos más fundamentales al día de las elecciones, para nosotros, en UPyD, todos los días del año son días de campaña electoral y de elecciones para que el ciudadano exprese y exija que se cumplan las leyes, que como dije al principio son expresión del pueblo.