El eurodiputado de UPyD Francisco Sosa Wagner ha apoyado una iniciativa parlamentaria que se votará próximamente en el Pleno del Parlamento Europeo en la que se pide que la renovación del acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos sea denunciada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos fue suscrito en 2005, expiró el pasado 27 de febrero, ha sido recientemente prorrogado por 12 meses mientras el nuevo Protocolo se negocia en el seno de la Comisión Europea, y establece una contraprestación de la UE al Gobierno de Rabat por importe de 36 millones de euros anuales a cambio de que 119 pesqueros comunitarios puedan pescar en aguas marroquíes.

En lo que se refiere a sus condiciones económicas, Francisco Sosa Wagner considera que este acuerdo es, en realidad una "subvención encubierta" al Gobierno de Rabat, ya que de cada euro que la UE invierte en el mismo sólo recupera 0,83 céntimos, lo que hace que éste sea el acuerdo bilateral más perjudicial para los intereses comunitarios de todos los suscritos por la UE.

Por otro lado, el acuerdo incluye en su ámbito de aplicación las aguas del Sáhara Occidental como si formaran parte de Marruecos, y es en este punto donde surge el principal problema, ya que, según el Derecho Internacional y la doctrina de la ONU, el Sáhara Occidental es un Territorio No Autónomo sujeto a descolonización del que España es formalmente Potencia Administradora, por lo que sus recursos naturales solo deberían ser explotados exclusivamente por la Potencia colonial “de iure” y en beneficio de la población autóctona, y no por un ocupante ilegítimo del Territorio, cual es Marruecos, y menos aún en su propio beneficio.

En este sentido, un dictamen de los servicios legales del Parlamento Europeo de 2009 ya dejó claro que el convenio es ilegal hasta que se cumplan dos requisitos: que la población saharaui dé el visto bueno al acuerdo, y que el pueblo se beneficie del acuerdo. Y a este respecto, hasta ahora no se ha acreditado que ninguna de estas dos condiciones se cumpla. De hecho, el pasado 30 de junio, el Colectivo de Pescadores Saharauis remitió una carta a la UE en la que negaba "rotundamente" que se beneficien del acuerdo y exigía su derecho a beneficiarse de la pesca en el Sáhara y proteger sus propios recursos naturales. Por otro lado, la Comisión Europea pretende justificar el beneficio del acuerdo para la población saharaui mediante un informe remitido por el Gobierno de Rabat, del que, sin embargo, poco se sabe, ya que su lectura está restringida y hasta ahora no se ha hecho público.

Adicionalmente, en la actualidad la Comisión Europea está negociando con Marruecos el nuevo Protocolo que debería entrar en vigor tras la actual prórroga de 12 meses, pero, contraviniendo lo establecido por el Artículo 218.10 del TFUE, no está informando al Parlamento Europeo sobre la marcha de estas negociaciones.

Por todo ello, visto que no se está teniendo en cuenta ni el Derecho Internacional ni la doctrina de la ONU, que se ignora el dictamen de los servicios legales del PE, que los propios eurodiputados ya se manifestaron mayoritariamente en contra de este acuerdo debido a que no beneficia a la población saharaui, y que además no se ha respetado el procedimiento establecido por el Artículo 218.10 del TFUE, sólo queda llevar el asunto al Tribunal de Justicia de la UE.

El primer paso ya está dado, y las firmas de 77 eurodiputados permitirán llevar el asunto a votación. Será en el Pleno del PE donde veremos finalmente la voluntad de los eurodiputados de llevar este asunto al Tribunal de Justicia, y poder así arrojar luz a un acuerdo de muy dudosa legalidad.