El llamado “paquete de gobernanza economica” reforma el Pacto de Estabilidad y Crecimiento estableciendo un mecanismo de supervisión de la estabilidad presupuestaria para evitar y reducir el déficit y la deuda excesivos (3% y 60%) e introduce un mecanismo de vigilancia para detectar, alertar y corregir en una fase temprana los desequilibrios macroeconómicos que ponen en peligro le estabilidad de la economía y el euro.

El paquete establece un mecanismo de imposición de sanciones si no existe corrección por parte de los Estados Miembros. El papel de la Comisión Europea, como órgano de coordinación, de supervisión y de sanción se ve reforzado en ambas fases - preventiva y correctiva - del procedimiento ("comunitarización" del procedimiento). Las proposiciones de sanción de la Comisión serán adoptadas salvo decisión en contra por mayoría simple del Consejo (mayoría simple invertida)

El paquete codifica el Semestre Europeo, introduce una obligación de coordinar la elaboración de los presupuestos nacionales ajustándose a unas normas mínimas comunes y estimula la responsabilidad fiscal para asegurar la transparencia, el rigor y la independencia de las estadísticas nacionales. Se introduce además la posibilidad de sancionar la falsificación de datos y el estudio que deberá elaborar la Comisión antes del final del año sobre las medidas legislativas apropiadas para la adopción de los eurobonos.

Todo ello nos parece resolver una parte de las lagunas existentes de un verdadero gobierno económico de la UE. El paquete aunque llega tarde, nos parece necesario y camina en la dirección que yo, como europeísta y federalista, defiendo.

Ahora, si bien el paquete resuelve ciertas cuestiones, éste sigue siendo una solución tímida y parcial si se tiene en cuenta la amplitud de la crisis que vivimos que, a juicio de la inmensa mayoría de expertos, tiene sus origines en otros factores que requieren reformas fundamentales.

En este sentido, lamentamos el lento avance en la regulación de los mercados financieros (especulación de la deuda de los Estados -SWAPS-, control de los bonus bancarios y fondos especulativos…), el lento avance en una política fiscal europea que armonice al menos el impuesto de sociedades y en una política de estímulo a la creación de puestos de trabajo. Echamos de menos asimismo la tímida mirada a la partida de los ingresos que se verían sensiblemente aumentados si se luchara seriamente contra la evasión y el fraude fiscal y se liquidaran los restos de paraísos fiscales que aún existen entre nosotros. Falta también la organización de un servicio europeo independiente de calificación. Preciso es en fin reforzar el papel del Parlamento Europeo en el mecanismo de supervisión y corrección presupuestario que hoy adoptamos.

No avanzar en las medidas necesarias exacerba el riesgo de decepcionar a una ciudadanía europea que progresivamente se muestra crítica con el proyecto europeo y que ve en éste la razón y la causa de la crisis actual.