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Francisco Sosa Wagner pregunta a la Comisión Europea sobre la financiación a cargo del presupuesto de la Unión europea del proyecto de regadío de olivares privados de la Comunidad de Regantes de Beas de Segura (Jaén, España)

La Comisión de Peticiones del PE tramita la Petición nº 0338/2010 de 25.2.2010, presentada por la Plataforma por la Defensa de los Valles Verdes, por Concesión de aguas públicas de la administración española para extracción de agua dentro del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (Jaén, España), zona ésta protegida por la UE (zona LIC -códigoES0000035-) para uso privado en el regadío de olivares de la Comunidad de Regantes de Beas de Segura (Jaén, España) lo que, denuncia la Plataforma, supone una infracción a diversas directivas europeas.

Me he interesado ya por las medidas que hubiera tomado y/o que cuenta tomar la Comisión para determinar la responsabilidad de las autoridades del Estado Miembro en la autorizaciones concedidas supuestamente irrespetuosas con respecto a la legislación europea, y sobre las medidas urgentes que está previsto adoptar para frenar el daño medioambiental que se está verificando en esta zona protegida por la Unión.

Constato por la denuncia de la Plataforma que las obras necesarias para la extracción de agua dentro del Parque natural, su canalización y su utilización a más de 15kms fuera del mismo son costosas y de gran envergadura por lo que han necesitado y siguen necesitando de una gran inversión de capital.

Todo ello conduce a preguntarme y a preguntar a la Comisión:

¿Ha financiado, o tiene previsto la Comisión conceder una financiación del proyecto, o de uno de sus componentes, de la Comunidad de Regantes, con cargo al presupuesto comunitario y en particular del FEADER y/o el FEDER?

Tal pareciera paradójico, difícil de entender y justificar que, en tal caso, la Unión europea estuviera facilitando y apoyando a unos particulares privados impulsores y responsables de actuaciones en el la zona LIC-Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas, que son el resultado de unas decisiones de la administración del Estado Miembro, u omisión de las mismas, con respecto a las cuales la propia Comisión europea ha iniciado un procedimiento de investigación por supuesta infracción del derecho comunitario.

 

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