Recientes informaciones han comparado los precios que fijan las empresas operadoras de telecomunicaciones para las transferencias de datos en itinerancia. No sólo sus tarifas básicas, sino la cuantía que alcanzaría el envío de los documentos y otros paquetes de información que cualquier profesional o empresario realiza diariamente. El resultado es ciertamente sorprendente porque, por ejemplo, el envío de  40 GB de datos podría llegar a alcanzar, incluso si no se apagara el móvil en los aeropuertos, el precio de una vivienda de tres dormitorios.

Es cierto que desde la Comisión se ha fijado un objetivo: alcanzar en dos mil catorce como precio máximo del megabyte los cincuenta céntimos, frente a los más de dos euros actuales. Pero, aun así, me permito preguntar a la Comisión:

¿No considera que los actuales precios, incluso los previstos para dentro de más de dos años, resultan excesivos, al no estar justificados con ningún coste directo de las empresas?

¿No considera la Comisión que en la actual crisis económica sería preferible facilitar unos precios razonables en las comunicaciones, que no añadieran nuevos obstáculos a la actividad profesional ni empresarial, máxime cuando las empresas de telecomunicaciones mantienen a pesar de la crisis unos beneficios muy sustanciosos?