Jueves, 30 de junio.- Rosa Díez, diputada de Unión Progreso y Democracia, ha reclamado hoy en el Congreso de los Diputados medidas de seguridad para los concejales en los ayuntamientos vascos y navarros donde Bildu está vetando el acceso a sus escoltas y, además, que suspenda el convenio entre la Agencia Tributaria y la Diputación de Guipúzcoa que dará acceso al Gobierno foral de Bildu a los datos fiscales de todos los españoles. Diez ha realizado estas peticiones en el marco de su defensa de las cuatro propuestas de resolución presentadas al término del Debate del estado de la Nación y que responden, a su juicio, a la necesidad de solucionar problemas reales.

Además, Diez ha instado al Gobierno a la creación de un “semestre español” a semejanza del “semestre europeo” por el que Bruselas examina los presupuestos nacionales antes de ser aprobados y con la finalidad de que las Comunidades autónomas estén obligadas a someter sus proyectos de cuentas al control del Ministerio de Economía, que estaría facultado para exigir su modificación en caso de que no garanticen la estabilidad y coordinación fiscal y financiera del Estado. Y, por último, la fusión de municipios de reducido tamaño y la supresión de las diputaciones provinciales, y cuyo ahorro debería destinarse a políticas más eficientes.  

En lo que concernía a la seguridad de los concejales, Diez ha recordado que hemos de dejarnos de literatura y afrontar un problema real en referencia a cómo algunos alcaldes de la coalición Bildu impiden el acceso a las sedes de sus ayuntamientos a los escoltas de los concejales de PSE y PP, además de la retirada de arcos detectores de metales y de otros dispositivos y protocolos destinados a luchar contra la comisión de atentados terroristas. A su juicio, “es importante comprender que la protección a los concejales amenazados por ETA no sólo pretende preservar su vida e integridad, sino mantener un mínimo de calidad democrática en las instituciones”.

En ese contexto, ha considerado que el lugar en el que reside la soberanía popular –en alusión al Parlamento-, debería ser el lugar en el que instara al Gobierno a afrontar estas medidas para impedir que Bildu o cualquier otro partido lleven a cabo un debilitamiento de la seguridad y libertad de acción de los concejales y ciudadanos que puedan estar amenazados por ETA o por cualquier grupo que colabore con la banda terrorista.

En defensa de la segunda de sus propuestas, insiste en la necesidad de suspender con carácter inmediato el convenio que firmó la Agencia Tributaria con la Diputación Foral de Guipúzcoa por el que la institución gobernada por Bildu tiene acceso a los datos fiscales de todos los españoles, y ha citado el caso de los parlamentarios del PNV –que según recoge la prensa-, se han negado a presentar su declaración de bienes.

Gracias a este convenio, ha argumentado, la banda terrorista podría obtener legal e inevitablemente datos fiscales y personales detallados de cualquier empresario que desee extorsionar, de cualquier familia a la que desee amenazar o de cualquier ciudadano que desee asesinar.