El descubrimiento de una supuesta trama societaria y delictiva creada en torno a la mayor sociedad de autores de España, SGAE, no es más que el triste corolario a un modelo de protección de la propiedad intelectual que ha fallado por centrarse más en la defensa de los intereses de unos pocos que en la justa compensación a los autores. Hasta el punto de que el Tribunal de Justicia de la UE lo anuló parcialmente por considerarlo indiscriminado, forzando una reforma que ahora el Gobierno emprende fuera de plazo, pues expiraba el 6 de junio. 

Los puntos negros del sistema actual fueron acentuados por la reforma de la ley en 2007 que dio lugar al llamado canon digital, una suerte de impuesto general sobre todos los productos capaces de reproducir contenidos multimedia. Entre estos, se encuentra el hecho de que el 20% de la recaudación del canon se quede en manos de las distintas sociedades gestoras, sin que nunca llegue a los autores; el dudoso poder recaudador otorgado a estas organizaciones privadas, que ha dado pie a numerosos abusos con gran repercusión social; la falta de transparencia sobre los distintos usos y el reparto entre los beneficiarios de las ingentes cantidades recaudadas, y el descontrol sobre la actividad de las sociedades gestoras, ya que la inspección efectiva corresponde a las comunidades autónomas, que no la realizan por falta de medios, mientras que el Ministerio de Cultura se reserva las facultades sancionadoras, sobre cuya labor ahora también parece haber dudas. Al margen de las posibles comisiones de investigación parlamentaria que puedan derivarse de estas actuaciones, es indudable que la reforma, que tendrá que pasar obligatoriamente por el Congreso de los Diputados, debe basarse en un consenso que anteriormente no se buscó y del que participen todos los agentes implicados: autores, productores, distribuidores, empresas, autoridades y, por supuesto, consumidores. El armazón legal de la defensa de la propiedad intelectual constituye un asunto demasiado serio y trascendente como para dejarlo al capricho de supuestos favores pendientes o cálculos electoralistas. 

Las alternativas son numerosas, sobre la base de la compensación a los autores por la copia privada, tal como fijó la correspondiente directiva europea del año 2001. Se requiere voluntad política suficiente para hallar un justo equilibrio que acabe definitivamente con cualquier tipo de sospecha o abuso. Lo que ya no caben son nuevos atajos como la propuesta que parece estar sobre la mesa para fijar una partida en los Presupuestos Generales del Estado para compensar, de nuevo con cargo al bolsillo de todos los españoles de forma indiscriminada, a los autores afines a uno y otro gobierno de turno.