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Programa Electoral UPyD Elecciones Generales 2011



ELECCIONES GENERALES 2011
PROGRAMA ELECTORAL

Contenido

1 - REFORMA DE LA LEY ELECTORAL GENERAL

2 - REFORMA DE LA CONSTITUCION Y DEL ESTADO

   2.1 - Redistribución de competencias entre Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos

   2.2 - Reforma del Senado

   2.3 - Igualdad de derechos lingüísticos

   2.4 - Estado laico

   2.5 - Sucesión a la corona

   2.6 - Reformas del Poder Judicial, Tribunal Constitucional y Fiscalía.

   2.7 - Mejora de la participación ciudadana en las decisiones políticas.

   2.8 - Simplificación de las normas administrativas.

3 - ECONOMIA.

   3.1 - Políticas de ahorro del gasto público superfluo y eliminación de duplicidades.

   3.2 - Financiación Autonómica

   3.3 - Administración Local

   3.4 - Cajas de Ahorro y Sistema Financiero

   3.5 - Reforma fiscal y lucha contra el fraude

   3.6 - Reforma laboral

   3.7 - Políticas sectoriales: creación de empresas, industria, construcción, servicios.

   3.8        - Política energética

   3.9 - Infraestructuras y vivienda

   3.10 - Nuevas tecnologías, comunicación y economía digital

   3.11 - Agricultura

4 - EDUCACION, DEPORTE E INVESTIGACION

   4.1 - Educación obligatoria y Formación Profesional

   4.2 - Universidades e investigación

   4.3 - Deporte.

5 - POLITICAS SOCIALES

   5.1 - Apoyo a los desempleados

   5.2 - Protección del derecho a la vivienda

   5.3 - Reforma de las pensiones

   5.4 - Atención a colectivos vulnerables

   5.5 - Inmigración

   5.6 - Políticas de igualdad y lucha contra la discriminación.

   5.7 - Seguridad ciudadana

6 - SANIDAD..

   6.1 - Restauración del Sistema Nacional de Salud.

   6.2 - Racionalización de la inversión y el gasto sanitario.

   6.3 - Planificación sanitaria potenciando la Asistencia Primaria y la atención a crónicos

   6.4 - Una política sanitaria más transparente.

   6.5 - Formación y profesionalización del personal sanitario.

7 - JUSTICIA..

8 - TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION..

   8.1 - Transparencia y lucha contra la corrupción. Derecho a la información.

   8.2 - Administraciones públicas

9 - MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL TERRITORIO..

10 - CULTURA..

   10.1 - Propiedad intelectual

   10.2 - Medios de comunicación

   10.3 - Política cultural

11 - POLITICA INTERNACIONAL, COOPERACION Y DEFENSA..

   11.1 - Europa, relaciones internacionales y política exterior.

   11.2 - Cooperación al desarrollo

   11.3 - Defensa.


1 - REFORMA DE LA LEY ELECTORAL GENERAL

1 - La actual Ley Orgánica del Régi­men Electoral General (LOREG) antepone la representación provincial a la igualdad del valor del voto. Es un sistema que favorece exageradamente la representación de los partidos mayoritarios y de los regionales concentrados en algunas provincias, perjudicando así la igualdad de oportunidades indispensable para que todos los ciudadanos puedan ser no sólo electores, sino elegibles. La regeneración democrática de la política española exige reformar en profundidad la LOREG para recuperar la igualdad del voto y una representación territorial más equilibrada.

1.2 - Modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

2 - Aumento del número de diputados de 350 a 400 y sustitución de la fórmula electoral D´Hondt por otra fórmula electoral más proporcional, como la fórmula Hare.

3 - La circunscripción electoral será la provincia, más Ceuta y Melilla, para 198 Diputados; se elegirá un mínimo de un diputado por cada circunscripción, y los demás, hasta 146, se distribuirán en proporción a la población oficial de cada circunscripción.

4 - Los 200 Diputados restantes se elegirán en una circunscripción única de carácter nacional.

5 - Hasta que el desarrollo de las herramientas informáticas permita la introducción sencilla de las listas abiertas, el procedimiento de elección de los Diputados seguirá el principio de "listas desbloqueadas", de modo que el elector tenga la posibilidad de alterar el orden de los candidatos en la lista.

6 - Reforma posterior del art. 68 de la Constitución para suprimir la provincia como circunscripción electoral, sustituyéndola por la Comunidad Autónoma.

7 - Eliminación de cualquier obstáculo artificioso al pluralismo político, como la obligación de recoger el 0'1% del censo electoral de las circunscripciones a las que quieran presentarse partidos extraparlamentarios.

2 - REFORMA DE LA CONSTITUCION Y DEL ESTADO

2.1 - Redistribución de competencias entre Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos

8 -Reforma del título VIII de la Constitución para delimitar claramente el reparto de competencias entre las Administración del Estado, Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, que evite duplicidades y cierre el modelo autonómico, estableciendo que las siguientes materias han de ser competencia exclusivas del Estado e intransferibles: representación internacional, defensa, justicia, educación, sanidad, medio ambiente, protección civil y recursos naturales, sin desechar el estudio de otras materias ni la gestión descentralizada de algunas competencias estatales. Todas las Comunidades Autónomas tendrán las mismas competencias, capacidad legislativa y sistema de financiación basado en la corresponsabilidad fiscal.

9 - La aprobación de las reformas de los Estatutos de Autonomía exigirá una mayoría igual a dos tercios de cada cámara.

10 - Supresión de la disposición transitoria cuarta que afecta a Navarra, dado que su transitoriedad venció cuando ésta se constituyó como comunidad autónoma.

11 - Supresión de la disposición adicional primera que consagra los derechos históricos de los territorios forales, por ser contrarios al valor superior de la igualdad que rige la Constitución y por consolidar una situación inaceptable de privilegio.

12 - Adaptación de la disposición transitoria quinta sobre Ceuta y Melilla a su realidad jurídica actual como ciudades autónomas.

13 - Modificar el artículo 2 CE: donde dice "nacionalidades y regiones" debe decir "comunidades y ciudades autónomas".

14 - Restauración del control previo de constitucionalidad para los supuestos de reforma de Estatutos de Autonomía, evitando la inseguridad jurídica que genera la aprobación de Estatutos de dudosa constitucionalidad.

15 - Supresión de las Diputaciones Provinciales y Diputaciones Forales, cuyas competencias pasarán a desempeñar Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.

16 - Fusión paulatina y voluntaria, dentro de un plazo con fecha de expiración, de los ayuntamientos menores de 5.000 habitantes, y de los contiguos entre sí o anexos a concentraciones urbanas mayores, con el fin de racionalizar la administración local y de mejorar la prestación eficiente de servicios públicos.

17 - Suprimir los órganos de la Administración General del Estado vacíos de competencias como consecuencia del proceso de descentralización, incluyendo ministerios y direcciones generales.

2.2 - Reforma del Senado

18 - Reforma del Senado para que sea una verdadera cámara de representación territorial y en ella las diversas comunidades y ciudades autónomaspuedan defender sus intereses, dejando al Congreso los generales de ámbito nacional. Tendrá una composición mixta: un número fijo de senadores por comunidad, elegidos por los Parlamentos autonómicos, y otra parte de senadores de elección directa, proporcional a la población de las Comunidades Autónomas.

2.3 - Igualdad de derechos lingüísticos

19 - En las Comunidades con dos lenguas oficiales debe asegurarse la igualdad de derechos lingüísticos en el trato con la administración, en la educación obligatoria y en todos los servicios públicos. En el artículo 14 CE que prohíbe la discriminación se incluirá, tras la palabra "raza", la palabra "lengua". Por otra parte, las lenguas no tienen derechos políticos, y por ello se suprimirá el artículo 3.3 CE: "La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección".

2.4 - Estado laico

20 - El artículo 16 C.E. sobre libertad religiosa, apartado 3, quedará redactado así: "Ninguna confesión tendrá carácter estatal". UPyD impulsará la laicidad del Estado, garantizando la libertad de conciencia y de prácticas religiosas legítimas -que no atenten contra los principios básicos de la Constitución-, así como la autofinanciación de las confesiones religiosas y la total separación de preceptos religiosos e instituciones del Estado.

2.5 - Sucesión a la corona

21 - Suprimir la discriminación por razón de sexo del artículo 57.1 CE.

22 - Eliminar del juramento del Rey la alusión a los derechos de "las comunidades autónomas" (artículo 61.1 CE), pues éstas no tienen derechos, sólo los ciudadanos.

2.6 - Reformas del Poder Judicial, Tribunal Constitucional y Fiscalía

2.6.1 - Consejo General del Poder Judicial: elección de sus 20 miembros:

23 - doce jueces y magistrados son elegidos de forma directa en listas abiertas, con voto secreto y personal de los miembros del Poder Judicial.

24 - cuatro por los propios jueces y magistrados, tres por los secretarios judiciales, tres por los fiscales y dos por los abogados.

25 - los ocho restantes se eligen: cuatro por el Congreso y cuatro por el Senado. Ninguno podrá ser ex miembro de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, ni haber estado afiliado a un partido político en la legislatura anterior o haber formado parte de sus listas electorales.

26 - El Tribunal Constitucional pasará de 12 a 15 magistrados para evitar los empates. Para mejorar su despolitización, los 3 nuevos magistrados los elegiría el Consejo General del Poder Judicial entre juristas que no hayan estado afiliados a ningún partido político en la legislatura anterior y con 20 años de experiencia profesional. Se estudiará que los dos magistrados elegidos por el Gobierno sean elegidos por los fiscales en ejercicio mediante votación directa y secreta.

27 - Para reforzar la independencia y despolitización del cargo, el Fiscal General del Estado será elegido por una mayoría de 3/5 del Parlamento de entre una terna votada, por sufragio secreto y directo, por los fiscales en ejercicio.

2.7 - Mejora de la participación ciudadana en las decisiones políticas.

28 - Reforma del artículo 92 de la Constitución que regula el referéndum consultivo al objeto de que las decisiones de especial relevancia se sometan a referéndum popular también a petición de los ciudadanos. Se necesitará presentar al menos 500.000 firmas acreditadas

29 - Reforma de la normativa constitucional que regula la iniciativa legislativa popular (art. 87-3) para que pueda ejercitarse en materias propias de Ley Orgánica y de modificación constitucional (art. 166). Se exigirá la presentación de al menos 500.000 firmas acreditadas.

2.8 - Simplificación de las normas administrativas

30 - Revisión del marco normativo vigente con objeto de eliminar normas obsoletas, confusas, redundantes o ineficaces y superfluas. Simplificación drástica de la normativa vigente para garantizar su cumplimiento, evitar la ruptura de la unidad de mercado y la restricción de la libertad de circulación en España.

3 - ECONOMIA

3.1 - Políticas de ahorro del gasto público superfluo y eliminación de duplicidades

31 - El Gobierno de España debe utilizar sus competencias constitucionales para recortar el gasto superfluo de todas las administraciones públicas y evitar duplicidades entre ellas. Sólo así se podrá garantizar la viabilidad del Estado, equilibrar las cuentas públicas y asegurar la igualdad de trato a los ciudadanos. Nuestro objetivo es reducir en 42.000 millones € (4% del PIB) el gasto público superfluo por los siguientes procedimientos:

32 - Reforma constitucional que deslinde claramente las competencias autonómicas y locales de las estatales, evite duplicidades, cierre definitivamente el modelo autonómico y devuelva al Estado las competencias de educación y sanidad (manteniendo su gestión descentralizada) para garantizar la misma calidad en toda España.

33 - Aplicar en todas las administraciones métodos presupuestarios que se inspiren en la filosofía del presupuesto base cero, en vez de en la incrementalista.

34 - Normas comunes que limiten el número máximo y tamaño de unidades administrativas en las Comunidades Autónomas, es decir, de consejerías, parlamentarios y personal de libre designación.

35 - Normas estatales que limiten los automóviles oficiales, dietas por representación y teléfonos móviles en todos los niveles de la administración.

36 - Estudiar los presupuestos, los umbrales de déficit, el endeudamiento y el grado de servicio público que ofrecen los medios audiovisuales públicos, a fin de proponer su reforma, redimensionamiento, privatización o cierre.

37 - Cierre de aeropuertos y líneas de AVE sin tráfico suficiente, adaptándolas a otros posibles usos. Programa de evaluación de todas las infraestructuras existentes y futuras con arreglo a criterios de coste-beneficio y de sostenibilidad energética y medioambiental.

38 - Supresión de los organismos administrativos autonómicos redundantes que dupliquen los del Estado, como consejos económicos y sociales, consejos consultivos, tribunales de cuentas, agencias de protección datos, agencias de tráfico, agencias meteorológicas, institutos de estadística y oficinas comerciales en el exterior.

39 - Establecer bandas salariales obligatorias por categorías para todos los funcionarios y altos cargos autonómicos o municipales, que tomen como referencia las remuneraciones de los niveles correspondientes en la Administración General del Estado cuando realicen la misma función en cualquier administración.

40 - Reducción drástica (sobre un 80%) de los 5000 entes no administrativos de distinta naturaleza jurídica (empresas públicas, fundaciones, observatorios, sociedades mercantiles...) de Comunidades Autónomas y ayuntamientos, estudiando en cada caso las posibilidades de recolocación de los trabajadores afectados.

41 - Establecer límites legales al crecimiento del gasto de todas las CCAA, de forma similar a los límites del déficit, con mecanismos de penalización en caso de incumplimiento. Los límites de gasto serán congruentes con las previsiones de ingresos y los objetivos de déficit, así como con los objetivos globales del país. Si el comportamiento presupuestario autonómico provoca incumplir compromisos europeos que lleven aparejados sanción, ésta se trasladará proporcionalmente a las Comunidades Autónomas responsables.

42 - Mecanismo de coordinación presupuestaria previa entre las Comunidades Autónomas y el Estado, equivalente al "semestre europeo" comunitario, para su supervisión por el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

43 - Restaurar la unidad del mercado interior español, mediante leyes estatales de armonización que supriman los obstáculos autonómicos y municipales, tanto administrativos como lingüísticos,  a la libre circulación de bienes, servicios, personas, empresas y capitales. La homologación nacional profesional y empresarial será válida y suficiente en todas las Comunidades Autónomas.

3.2 - Financiación Autonómica

44 - Reforma del Sistema de Financiación Autonómica en base a los siguientes principios:

45 - Marco de negociación multilateral con todas las Comunidades bajo la coordinación estatal, excluyendo la bilateral entre el Estado y cada comunidad.

46 - Abandono de las balanzas fiscales como indicadores, pues son las personas quienes pagan impuestos y no los territorios.

47 -  Garantizar los recursos necesarios para que los ciudadanos reciban en cualquier lugar de España prestaciones similares en todos los servicios públicos transferidos a las Comunidades Autónomas.

48 - Todas las Comunidades Autónomas han de recibir una financiación per cápita similar en términos de población equivalente.

49 - Sistema de financiación simple y transparente, evitando la proliferación de fondos de carácter especial.

50 - Corresponsabilidad fiscal de las Comunidades Autónomas, que asumirán con sus tributos la obtención de recursos adicionales.

51 - Limitación de la transferencia de competencias normativas fiscales, pues dificultan la gestión de la recaudación, facilitan el fraude y ponen en peligro la unidad del mercado nacional.

52 - Potenciar la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), permitiendo la participación de las Comunidades Autónomas en sus órganos rectores pero evitando su fragmentación.

53 - Supresión del Concierto Económico vasco y navarro, con la consecuente eliminación del Cupo vasco y de la Aportación navarra, para implantar un régimen común de financiación para todas las Comunidades Autónomas.

54 - Aumentar el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) para corregir de forma efectiva los desequilibrios territoriales.

55 - Supresión de las cláusulas de los nuevos Estatutos de autonomía que condicionan las inversiones del Estado en cada comunidad, que sólo deben responder a las necesidades nacionales.

3.3 - Administración Local

56 - Abordar de manera inmediata la reforma de la administración local y dotarla de un nuevo modelo de financiación que le proporcione suficientes recursos para desempeñarlas, aumentando su participación en los tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas. El nuevo modelo de financiación se atendrá a la población de hecho, y no de derecho. Delimitación clara de competencias entre los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas para evitar "competencias impropias". Medidas drásticas y urgentes para combatir la elevada morosidad que existe en el ámbito de la administración local.

3.4 - Cajas de Ahorro y Sistema Financiero

57 - Condicionar la concesión de ayudas públicas estatales, como el FROB, a la aceptación por parte de las Comunidades Autónomas y las Cajas de Ahorro de las reformas que se les requieran, incluyendo limitar las remuneraciones e indemnizaciones por despido, cese o jubilación de los directivos en las entidades financieras que reciban ayudas públicas.

58 - Eliminar el derecho de veto de las Comunidades Autónomas a las fusiones entre Cajas de Ahorros de diferentes comunidades.

59 - Ceder al Banco de España todas las funciones de regulación y supervisión de las Cajas que tienen las Comunidades Autónomas.

60 - Reformas legislativas para que los Consejos de Administración de las Cajas de ahorros, y de los bancos participados por éstas, estén integrados por Consejeros idóneos de reconocida solvencia profesional y no por personas sin otra cualificación que proceder de la actividad política.

61 -  Separar la obra social de las Cajas de la actividad bancaria.

62 - Prohibir prácticas abusivas como la concesión de préstamos en condiciones preferenciales a los directivos o a los compradores de las viviendas que pertenezcan a la propia entidad.

63 - Recuperar las ayudas públicas: si se contabilizan pérdidas al liquidarse los fondos de ayuda, las entidades financieras que los hayan utilizado tendrán que asumirlas con cargo a sus beneficios futuros.

64 - Completar el proceso de saneamiento financiero, reconociendo la verdadera situación de los balances, recapitalizando las entidades viables (con la ayuda del FEEF si fuera necesaria) y liquidando las inviables. Reforma del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para dotarlo de los medios y estructura necesarios para que pueda mediar en la concesión de créditos a las pequeñas y medianas empresas (Pymes), las más necesitadas de financiación. La reforma del ICO debe complementarse con una medida transitoria para que las entidades financieras den preferencia a la financiación de las Pymes competitivas en el mercado.

65 - Garantizar la independencia del Gobernador y los inspectores del Banco de España, así como la Comisión Nacional del Mercado de Valores y otros organismos de control, dotándoles de un estatuto similar al de los inspectores de Hacienda.

66 - Reformar las agencias de rating aumentando la competencia privada y evitando los conflictos de intereses entre sus diversas actividades, promoviendo las iniciativas europeas e internacionales necesarias para que sean eficaces. 

67 - Promover la mejora del marco de regulación y supervisión del sistema financiero europeo e internacional. Es preciso cumplir las normas internacionales de Basilea III, exigir a las entidades financieras más capital y de mejor calidad, mayor liquidez, mejores sistemas de evaluación del riesgo y unas normas contables más fiables. En el ámbito europeo debe avanzarse hacia la consolidación de un sistema integrado de supervisión financiera.

3.5 - Reforma fiscal y lucha contra el fraude

68 - Plan integral de lucha contra el fraude fiscal. La economía sumergida supone en España alrededor del 20% del PIB y está creciendo como consecuencia de la crisis, con una merma de ingresos públicos de unos 70.000 millones de euros anuales. Dicho Plan debe incluir:

69 - Incremento de los medios de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT).

70 - Campañas que conciencien a los ciudadanos contra el fraude fiscal.

71 - Reforzar la coordinación entre la AEAT y las administraciones autonómicas, con interconexión en tiempo real de los datos de las haciendas forales vascas, la hacienda navarra y la hacienda estatal, con un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal de todas las administraciones tributarias.

72 - Reforma de la figura del delito fiscal, agravando las penalizaciones, alargando los plazos de prescripción y agilizando los procedimientos.

73 - Prioridad en la inspección de los grandes focos de fraude fiscal.

74 - Lucha internacional contra los llamados "paraísos fiscales".

75 - Refuerzo del control patrimonial de las personas físicas y jurídicas para detectar incrementos de patrimonio no justificados.

76 - Incremento de la colaboración del sistema financiero para reducir la opacidad de las operaciones y el manejo abusivo del efectivo de alta denominación.

77 - Priorizar el recorte de los gastos superfluos y la lucha contra el fraude fiscal al requerimiento de nuevas aportaciones fiscales de los ciudadanos, pues reducen el consumo de las familias y la inversión de las empresas alargando la crisis económica.

78 - Reforma fiscal profunda que modifique el sistema tributario en su conjunto. El incremento de la recaudación deberá lograrse ampliando la base del sistema fiscal y simplificándolo, de forma que la mayor parte de la carga no recaiga como ahora sobre los trabajadores por cuenta ajena, y aumente la aportación de las rentas del capital. El objetivo también debe ser favorecer el crecimiento y la equidad.

79 - Eliminar los privilegios fiscales concedidos a las SICAV.

80 - Reducción y racionalización de los gastos o beneficios fiscales que disminuyen la recaudación tributaria: los gastos fiscales en el IRPF, el impuesto de sociedades y el IVA equivale anualmente en España al 4´4% del PIB. Muchos obedecen a la acción de grupos de presión, no están justificados y resultan ineficaces o distorsionadores.

81 - El Impuesto del Patrimonio ha de reformarse para convertirlo en un tributo que grave las grandes fortunas, eliminando los numerosos mecanismos que hoy permiten la elusión fiscal. Deben de fijarse unos máximos y mínimos en los rasgos básicos del impuesto para toda España.

82 - Armonización del Impuesto de Sucesiones y Donaciones cedido a las Comunidades Autónoma para evitar tratos discriminatorios y fenómenos de deslocalización, estableciendo un gravamen mínimo y un mínimo exento comunes a todas.

83 - Las rentas del capital pasarán a tributar como los rendimientos del trabajo en el IRPF.

84 - Creación de un nuevo impuesto indirecto que grave el Consumo de bienes y servicios de Lujo.

85 - Medidas destinadas a las pymes y autónomos:

85.1 - La estimación objetiva en régimen de módulos se permitirá exclusivamente en las ventas realizadas por comercios minoristas a consumidores finales.

85.2 - Devengo del IVA cuando se cobra la factura en vez de cuando se emite.

86 - Introducción internacional de un impuesto sobre las operaciones financieras (conocido por "tasa Tobin").

87 - Impulso de una política fiscal común europea que complemente la moneda única.

3.6 - Reforma laboral

88 - Reforma del mercado de trabajo en profundidad: todos los nuevos contratos serán indefinidos y los temporales suprimidos, excepto para sustitución de bajas y empleos temporales justificados. La indemnización por despido aumentará progresivamente en función de la antigüedad. El nuevo modelo laboral permitirá a los nuevos trabajadores entrar en el mercado de trabajo como indefinidos con menor indemnización hasta convertirse en indefinidos con una indemnización alta, sin saltos bruscos. Esto aumentará la protección del trabajador medio e incentivará la formación dentro de la empresa.

89 - Implantación progresiva del derecho a conservar las indemnizaciones por despido acumuladas al cambiar de empleo, facilitando así el cambio voluntario de  puesto de trabajo conservando el derecho a las indemnizaciones acumuladas.

90 - Desarrollar la contratación a tiempo parcial, haciéndola atractiva y competitiva.

91 - Reformar la negociación colectiva de modo que tenga en cuenta la situación individual de cada empresa, sobre todo en el caso de que ésta acredite atravesar dificultades severas.

92 - Promover horarios más racionales, semejantes a los del resto de Europa, que faciliten la conciliación de la vida familiar y laboral. Incentivar en las empresas la instauración de sistemas de teletrabajo.

93 - Mejorar las políticas activas de empleo basadas en la formación de parados, utilizando los recursos liberados por el cese de las bonificaciones a la contratación indefinida. Establecer sistemas de evaluación de la calidad y eficacia de los cursos de formación para desempleados.

94 - Mejorar los servicios públicos de empleo aumentando los recursos de que disponen, evitando su fragmentación territorial y promoviendo la colaboración privada.

95 - Incrementar el control de la incapacidad laboral para evitar el absentismo injustificado, potenciando la lucha contra la economía sumergida y el cumplimiento de la legislación laboral. Estudiar la devolución de los servicios de Inspección del Trabajo a la Administración General del Estado.

96 - Sindicatos y organizaciones empresariales deberán financiarse con sus propios recursos progresivamente, hasta prescindir en un plazo estipulado de los presupuestos públicos.

3.7 - Políticas sectoriales: creación de empresas, industria, construcción, servicios

97 - Eliminar los numerosos obstáculos y trámites injustificados que aún subsisten para la creación de empresas mediante la ventanilla única digital que permita realizar los trámites ante cualquier administración pública, reduciendo sustancialmente las cargas administrativas que soportan y el tiempo de constitución.

98 - Garantizar la independencia de los órganos supervisores y reguladores de los mercados.

99 - Diseñar una política industrial que no seleccione los sectores de futuro que han de cambiar el modelo productivo, sino que proporcione las condiciones favorables para que los empresarios puedan hacerlo.

100 - Aumentar los recursos del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) para potenciar la internacionalización de las empresas españolas, con especial atención a las Pymes.

101 - Incentivos fiscales a la internacionalización de las Pymes utilizando plenamente las posibilidades que otorga el Reglamento 800/2008 UE.

102 - Profundizar en la transposición de la legislación europea para aumentar la competencia en el sector de servicios.

103 - Diversificar la oferta turística hacia el turismo rural y cultural compatible con la conservación del paisaje y el medio ambiente, y la calidad de vida del vecindario de las zonas turísticas.

3.8 - Política energética

104 - Debate energético serio y riguroso que culmine con la elaboración de un Plan Energético Nacional, integrado en el contexto europeo.

105 - Máximo desarrollo de las políticas de eficiencia energética y ahorro mediante el fomento de sistemas eficientes en la industria, los edificios, el transporte y en toda la cadena energética: la producción, la transmisión y el consumo del ciudadano.

106 - Potenciar el desarrollo de las energías limpias y la transición a un modelo de economía bajo en carbono, disminuyendo la importación de combustibles fósiles.

107 - Revisión de las subvenciones a las energías renovables considerando la amortización de la instalación y salida progresiva al mercado libre. Los costes de las renovables deberán ser compartidos por todos los sectores energéticos. Supresión de las subvenciones a la producción y consumo de combustibles fósiles.

108 - Planificación y valorización de la producción energética descentralizada y de las fuentes de energía rurales de tipo agrícola y a pequeña escala (como el biogás) y promoción de las "ciudades inteligentes". Fomento de la microgeneración, con la instalación de contadores reversibles para estos equipos.

109 - Mantenimiento de la energía nuclear instalada y apertura de un debate transparente, objetivo y riguroso sobre el riesgo y coste de este tipo de energía.

110 - Establecimiento de un Mix o cesta energética de producción de energía eléctrica que permita la estabilidad del sistema de generación, transporte y suministro, y de la cobertura de las puntas de demanda, aplicando criterios medioambientales, de coste y de capacidad técnica. Todas las energías pueden integrarse en este Mix energético nacional, incluyendo las aún poco desarrolladas, como la eólica de media potencia y la geotérmica.

111 - Cumplimiento de la ley y selección, cuanto antes, del emplazamiento para un Almacén Temporal Centralizado de combustible nuclear gastado.

112 - Establecer un sistema de formación de precios de la energía claro y transparente.

113 - Cese de las subvenciones a la minería del carbón y cierre de las explotaciones no eficientes en costes, con inversiones en economía productiva en las zonas afectadas.

114 - Mejora y renovación de la red de distribución eléctrica para una integración eficiente de las energías renovables, el despliegue de las redes inteligentes e introducción de la medición digitalizada del consumo final con el fin de adaptar la generación al consumo.

115 - Incrementar las interconexiones de gas y electricidad con el resto de Europa.

116 - Apoyo mediante exención de tasas a los vehículos híbridos de bajo consumo y eléctricos. Establecer para estos últimos un plan de desarrollo de puntos de conexión rápida por toda España, liberalizando la venta de energía.

3.9 - Infraestructuras y vivienda

117 - Revisar la conveniencia de la privatización de A.E.N.A. (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) y supeditarla en todo caso a la supervisión y control efectivo por parte de la A.E.S.A. (Agencia Estatal de Seguridad Aérea) para no degradar los niveles de seguridad actuales.

118 - Formar a más Controladores Aéreos para que puedan cubrir las necesidades del Tráfico Aéreo trabajando un número de horas similar a la media europea.

119 - Plan Nacional de la Red Aeroportuaria de todos los aeropuertos existentes y en proyecto, y estudio de los aeropuertos con casi nula operativa civil y/o militar, para potenciarlos, reasignarles otros usos o desmantelarlos.

120 - Análisis obligatorio de viabilidad económico-financiera y social para cualquier inversión pública en infraestructuras, con exposición pública obligatoria de estos estudios y de los criterios seguidos para su elaboración, con período público de alegaciones.

121 - Desarrollo del Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte y promoción efectiva de la intermodalidad y el Ferrocarril, dedicando especial atención a las conexiones Ferrocarril?Puertos, al desarrollo y mejora de Centros Intermodales, y a la mejora de los servicios a lo largo de la cadena de proveedores de servicios logísticos.

122 - Desarrollo de un Plan de Infraestructuras portuarias e intermodales orientadas al mercado del Arco Mediterráneo, Norte de África, Oriente Medio e Iberoamérica. Desarrollo de la Red Transeuropea de Transportes con el proyecto ferroviario del Corredor Ferroviario Mediterráneo, y también del Corredor Ferroviario Atlántico de Mercancías. La finalidad es incrementar el transporte ferroviario y marítimo como modos complementarios al transporte por carretera, logrando así una mayor integración del mercado único europeo que impulse la actividad económica.

123 - Orientar todas las inversiones públicas en materia de vivienda hacia la vivienda de protección pública en alquiler sin opción a compra, fomentando la gestión privada de la actividad. El stock de viviendas sin vender puede emplearse para crear un parque de vivienda pública de protección oficial en alquiler. Se debe estudiar un procedimiento de opción a este tipo de viviendas y de revisión de la adjudicación a los beneficiarios en caso de incumplimiento posterior.

124 - Restablecimiento de la independencia de las empresas tasadoras de bienes inmuebles, elemento externo del control de garantías de los préstamos hipotecarios, mediante la prohibición de participaciones empresariales de bancos o Cajas de Ahorros, y mediante el establecimiento de procesos de adjudicación libres de comisiones encubiertas.

125 - Promover la rehabilitación de edificios y viviendas como forma de contribuir a la recuperación de la construcción residencial.

126 - Estudio obligatorio de la eficiencia y eficacia energética de los nuevos desarrollos urbanísticos, previendo como parte de su desarrollo la instalación de energías renovables.

127 - Revisión de la Ley de Arrendamientos Urbanos, aumentando las obligaciones y las garantías de las partes intervinientes.

128 - Adaptación de las normas autonómicas a la Ley de Suelo Estatal en lo relativo a reservas de suelo en las ciudades. Aprobación de un Plan Nacional de Desarrollo Sostenible que compatibilice y armonice los planes y estrategias de desarrollo de las Comunidades Autónomas. Aprobación de planes globales de estrategia territorial en cada una de las Comunidades Autónomas como condición previa para la aprobación del planeamiento general, sometidos a informes preceptivos de las Comunidades Autónomas colindantes y del Estado.

129 - Estimular fiscalmente la iniciativa privada para que desarrolle viviendas en régimen de alquiler, mediante la creación de nuevas oportunidades de inversión a los particulares y promoviendo las SOCIMIs (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario).

130 - Desarrollar una Ley Nacional única sobre la I.T.E. (Inspección Técnica de Edificios), que facilite su comprensión a todos los ciudadanos y a los agentes profesionales, a la que se supeditarán todas las ordenanzas municipales actualmente existentes y futuras.

3.10 - Nuevas tecnologías, comunicación y economía digital

131 - Despliegue de redes de telecomunicación con inversión privada y pública, nacional y comunitaria, para el acceso a Internet de muy alta velocidad, tanto fijo como móvil, a fin de que el 20% de los puntos de conexión disponga en el año 2015 de una velocidad de 100Mbps.

132 - Acceso universal a Internet con cobertura en el 100% del territorio nacional y una velocidad mínima de 10 Mbps antes de 2013, alcanzado 30 Mbps antes de 2020. Con las soluciones tecnológicas más eficientes en función de su coste, y con las políticas oportunas para reducir las tarifas de conexión y los precios de los servicios hasta equipararlos al entorno europeo.

133 - Las Administraciones Públicas contribuirán al despliegue y sostenibilidad de las redes de alta o muy alta velocidad en las zonas menos rentables para la inversión privada, recurriendo a medios libres de cargas tributarias como: a) compensación al sector de las Telecomunicaciones de retornos obtenidos en las subastas del espectro radioeléctrico ("dividendo digital"), y b) eliminación de la obligación impuesta a las operadoras de telecomunicaciones para la financiación de RTVE, haciéndoles partícipes del coste del despliegue de nuevas redes de manera proporcional y equilibrada.

134 - Obligatoriedad de la preinstalación de infraestructura de telecomunicación en todas las obras de trazado o mejora viaria interurbana.

135 - Impulso a la Administración Electrónica favoreciendo la interconexión entre los sistemas de las Administraciones Públicas. Concentración de infraestructuras y recursos para reducir su solapamiento, simplificar los procedimientos y optimizar las plataformas de servicios.

136 - Despolitizar la designación de los Consejeros del organismo regulador de las Telecomunicaciones (CMT), desarrollando otro que anteponga la profesionalidad, el prestigio y la capacidad de innovación en el sector, a propuesta y con la evaluación de las Reales Academias, los Centros Universitarios de mayor prestigio y los Colegios Profesionales.

137 - Plan Nacional de dinamización del mundo digital en la sociedad, que incluya a) promoción del comercio electrónico entre los empresarios y los consumidores. b) promoción de las TIC en la enseñanza. c) relaciones con la Administración. d) fomento del teletrabajo.

138 - Control continuo de la calidad del servicio de telecomunicaciones proporcionado por los operadores mediante: a) evaluación del cumplimiento de los parámetros del servicio; b) publicación de los resultados de manera transparente y accesible a todos los usuarios a través de un enlace oficial en Internet; c) reglamentación para corregir las desviaciones en los indicadores básicos de la calidad; d) habilitación de un punto de acceso ciudadano para informar y recoger peticiones relativas a la calidad de los servicios.

139 - Garantizar una información transparente, exacta, inteligible, objetiva y completa de los servicios ofertados por las empresas de Telecomunicaciones.

140 - Promover el voto electrónico en todas las convocatorias electorales una vez garantizada la seguridad y fiabilidad de los procesos de recogida y tratamiento de los datos así como la garantía del ejercicio libre, directo y secreto del sufragio.

141 - Promover el uso prioritario de software libre en las Administraciones Públicas, especialmente en todos aquellos procesos donde el uso de sistemas bajo copyright suponga un coste al ciudadano en sus tratos con la Administración y el ejercicio de derechos fundamentales.

142 - Reforzar legalmente la protección del ciudadano y de sus datos privados contra los abusos de las compañías en las políticas agresivas de captación telemática de clientes.

3.11 - Agricultura

143 - Valorar el papel de la agricultura, la ganadería y la pesca sostenibles como actividades conservadoras del medio ambiente rural, marino y pesquero, y por tanto como política estratégica del Estado. Aportar soluciones a los efectos ambientales negativos existentes derivados de las prácticas actuales (agricultura intensiva, utilización masiva de pesticidas y de abonos químico-industriales), que deben enmarcarse dentro de la estrategia Europa 2020 hacia un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.

144 - Diseñar una política hidráulica nacional que trate el agua como un recurso común de todos los españoles y facilite el regadío.

145 - Fomentar la competencia en la distribución de productos agrícolas para reducir los márgenes comerciales excesivos que provocan grandes diferencias entre los precios en origen y destino, reforzando la posición de los agricultores en la cadena alimentaria y luchando contra las prácticas abusivas de intermediación.

146 - Propiciar una reforma de la Política Agraria Común europea que defienda una agricultura acorde a los siguientes criterios en relación a los pagos directos:

147 - Posibilidad de vincular los pagos al número de trabajadores por explotación y no por hectárea, garantizando que sólo los que cultiven las tierras reciban el pago, redefiniendo el concepto de "agricultor activo".

148 - Componente ecológico obligatorio de los pagos directos vinculándolos, por ejemplo, a los pastos permanentes, cubierta vegetal o rotación de cultivos, bienes públicos medioambientales. Aplicación del principio de "quien contamina paga" contra el uso sin control de plaguicidas y para promover modos de producción compatibles con el medio ambiente

149 -  Apoyo a los pequeños agricultores mediante un mínimo de pagos directos.

150 - Eliminar las subvenciones que fomenten prácticas agrícolas o cultivos no sostenibles.

151 - Medidas de mercado de la PAC que refuercen la posición del agricultor en la cadena alimentaria para aumentar su competitividad y garantizar su propia subsistencia, eliminar su indefensión y reforzar el derecho a la seguridad alimentaria.

152 - Norma europea que controle el poder de las grandes distribuidoras y la aplicación de las normas de regulación de la competencia.

153 - Promocionar las organizaciones de autogestión en pequeñas y medianas explotaciones con el fin de que participen en el control de la oferta

154 - Concretar la noción de "stock de alimentos" con el fin de garantizar la seguridad alimentaria

155 - Precio de activación más relacionado con los mercados reales.

156 - Extender el periodo de intervención a sectores como el lácteo mientras se consigue un sistema más eficaz y eficiente (como el canadiense).

157 - Fin de las restituciones a las exportaciones, tal y como acordó la última Ronda de Doha, siempre y cuando todas las partes lo cumplan.

158 - Apoyo y reforzamiento de las zonas rurales a través de:

159 - Apoyo al papel de la agricultura como creador de actividades económicas adicionales en las zonas rurales.

160 - Medidas de ayuda a los jóvenes agricultores, con especial hincapié en la formación y desarrollo de conocimientos.

161 - Ayudas para la utilización de los servicios de asesoramiento y formación.

162 - Facilitar los intercambios de buenas prácticas entre agricultores.

163 - Desarrollo de un sector agrícola eficiente que, además de generar productos de calidad, ofrezca bienes públicos medioambientales.

164 - Desarrollo de un sector eficiente y competitivo a través de las ayudas a la innovación y modernización de las explotaciones, con una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, mejoras en la calidad del suelo y reducción del uso de recursos escasos como el agua.

165 - Promoción y fomento, tanto a nivel nacional como europeo, de la Producción Integrada como método de producción sostenible y racional en el uso de insumos.

4 - EDUCACION, DEPORTE E INVESTIGACION

4.1 - Educación obligatoria y Formación Profesional

166 - Pacto de Estado en educación que dote de estabilidad al sistema y que parta del reconocimiento de los profesores como los verdaderos expertos en materia educativa.

167 - Atribución el Estado de las competencias en educación, sin perjuicio de que la gestión siga siendo desempeñada por las CCAA. En los territorios con dos lenguas cooficiales, reconocimiento por ley del derecho a la escolarización en la lengua oficial de elección, y currículum que asegure el aprendizaje adecuado de ambas, con impulso del trilingüismo (y del bilingüismo con el inglés en el conjunto de España). Movilidad del profesorado en toda España en igualdad de condiciones y oportunidades.

168 - Impulso de la Dimensión Europea de la Educación estrechamente conectada con la formación en los valores, actitudes y competencias ligados a la ciudadanía europea.

169 - Incremento de la inversión en educación e investigación hasta alcanzar la media de los países europeos más avanzados, garantizado mediante una Ley de Financiación de la Enseñanza.

170 - Reforma educativa orientada a combatir la altas tasas de fracaso y abandono escolares y a mejorar los niveles de formación de los niños y jóvenes españoles. Las líneas maestras del modelo que propugnamos son:

171 - Enseñanza infantil voluntaria y enseñanzas primaria y secundaria obligatorias hasta los 16 años.

172 - Atención continua y preferente a la enseñanza primaria, base del sistema educativo, que deberá revisarse con profundidad y rigor.

173 - Etapa secundaria con dos itinerarios básicos: bachillerato sólido y riguroso, más largo y unificado que el actual y comenzado a una edad más temprana, y Formación Profesional de calidad, que permita la obtención del Graduado en ESO y acceder a estudios superiores, con acceso desde los 14 años.

174 - Currículum más realista, con reducción del número de asignaturas y una planificación del aprendizaje basada en el trabajo global del alumno y no solo en las horas lectivas.

175 - Promoción de la cultura del esfuerzo. Establecimiento de criterios claros para la promoción de curso. Potenciación de la diversificación y el refuerzo, con programas específicos de apoyo, como alternativas a la repetición de curso.

176 - Evaluación continuada del sistema por medio de pruebas externas basadas en contenidos y competencias mínimos claramente detallados. Prioridad de los objetivos de instrucción. Proyecto curricular fijado por las autoridades educativas, salvo en centros con características especiales.

177 - Reconocimiento del alumno como el sujeto del derecho a la educación, cuya formación integral como ciudadano autónomo debe ser objetivo último del sistema educativo. Currículum que inculque las virtudes democráticas, sea respetuoso con todos los sistemas de creencias compatibles con la democracia y excluya el adoctrinamiento ideológico, identitario o religioso.

178 - Desarrollo y mejora de la red de centros públicos a fin de que la prestación del servicio público deje de depender de conciertos con entidades privadas. Control administrativo riguroso de los criterios de admisión y el régimen disciplinario de los centros sostenidos con fondos públicos, que deberán ser los mismos en los públicos y los concertados, y gratuidad real en todos ellos. Escolarización de los niños y jóvenes residentes en zonas marginadas o procedentes de familias en situación de exclusión social en centros con nivel académico normal y con refuerzos necesarios, evitando su concentración en centros-gueto.

179 - Profesionalización de la gestión de los centros, basada en los principios de exigencia del cumplimiento de objetivos, iniciativa, competencia y transparencia de resultados. Atribución al Claustro de Profesores de algunas competencias actualmente atribuidas a los Consejos Escolares. Reducción radical de las obligaciones burocráticas del profesorado, dotando a los centros de personal administrativo suficiente.

180 - Atribución de autoridad pública a los responsables de los centros y al profesorado para garantizar un clima de trabajo y respeto, y erradicar el acoso escolar, prestando especial protección a los menores que por su origen étnico, lengua materna, orientación sexual o cualquier otra condición estén más expuestos a padecerlo.

181 - Revisión del currículo educativo para la etapa 0-3 años que garantice la unidad de criterio y consideración integral de la etapa evolutiva y psicológica de 0-6 años.

182 - Inclusión del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo en los mismos centros y grupos, preferentemente, que el resto del alumnado, priorizando la detección e intervención tempranas. Dotación a los centros de los apoyos profesionales necesarios.

183 - Compromiso educativo por la igualdad entre hombres y mujeres. Coeducación en los centros sostenidos con fondos públicos. Currículum que favorezca la igualdad de la mujer y el uso de un lenguaje contrario a la discriminación.

184 - Potenciación del aprendizaje de lenguas extranjeras, especialmente el inglés, a través de la enseñanza bilingüe (o trilingüe en territorios con dos lenguas cooficiales). Al final del Bachillerato los alumnos deberán alcanzar el nivel requerido para continuar sus estudios en otro idioma.

185 - Dotar al sistema educativo de la flexibilidad y los medios para que puedan atenderse las necesidades singulares de los inmigrantes, previniendo actitudes xenófobas o racistas.

186 - La formación, selección y promoción del profesorado deberá basarse en la excelencia académica y la capacidad pedagógica. La formación y los sistemas de acceso a la profesión docente deben ser más exigentes. Supresión de los nuevos másteres de formación del profesorado, que serán sustituidos por una formación docente, similar al sistema MIR, consistente en el ejercicio remunerado de la enseñanza durante un periodo de uno o dos años bajo la supervisión de profesores con experiencia y competencia acreditadas. Supresión de concursos restringidos o cuasi restringidos. La contratación de interinos y eventuales debe ser un recurso excepcional y no una forma común de ingreso en la profesión.

187 - Revisión y refuerzo de la figura del inspector, que debe supervisar la evaluación de la práctica docente y ayudar al funcionamiento de los centros y a la extensión de las mejores prácticas educativas.

188 - Revisión del modelo de Formación Profesional hacia un modelo dual de corresponsabilidad empresarial en la formación y aprendizaje.

189 - Optimización de la red pública de Formación Profesional mediante la fusión de centros y la creación de centros de referencia para cada familia profesional con los medios humanos, técnicos y financieros necesarios.

190 - Mayor autonomía de los centros de Formación Profesional para adaptar las titulaciones a la demanda de las empresas de su entorno, potenciando las relaciones entre empresas y centros.

191 - Flexibilizar el acceso a los ciclos formativos integrando los distintos sistemas de Formación Profesional, posibilitando la convalidación de módulos para incentivar la permanencia del alumno en el sistema educativo y haciendo posible la realización de una verdadera "carrera profesional". Reorganizar los estudios de grado superior para potenciar su continuidad con los estudios universitarios.

192 - Fomentar la movilidad de los estudiantes de Formación Profesional con un sistema de becas y préstamos.

4.2 - Universidades e investigación

193 - Apuesta decidida por la integración de las universidades españolas en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Oposición a los intentos de imponer en la enseñanza superior reformas fracasadas en secundaria.

194 - Mayor integración del sistema universitario español para favorecer la movilidad de los estudiantes, introduciendo un catálogo nacional de titulaciones con directrices específicas para cada una.

195 - Movilidad del profesorado, superando la endogamia. Reforma del sistema de selección de profesorado y restitución a los funcionarios universitarios del derecho al traslado.

196 - Evaluación de la calidad de la enseñanza basada preferentemente en sus resultados, incentivando la realización por los titulados de pruebas homologadas externas.

197 - Sistema de préstamos, becas y ayudas a la movilidad que garantice que toda persona tenga la oportunidad de estudiar con dedicación y aprovechamiento, a tiempo completo o parcial. Tasas fijadas para el postgrado similares a las del grado. Reducción del fracaso estudiantil mediante un acceso más riguroso y limitando el tiempo máximo de permanencia en las universidades presenciales.

198 - Estudio de la supresión o fusión de centros manifiestamente infrautilizados, y de la fusión de universidades públicas para obtener centros mejor dotados, más competitivos y mejor integrados en el ámbito nacional e internacional.

199 - Fomento de la investigación desvinculando las plantillas de los departamentos universitarios de las necesidades docentes. Potenciación de programas como el Ramón y Cajal, y estabilización del personal investigador contratado. Incentivar la colaboración entre las universidades y las empresas, sin dejar por ello de impulsar la investigación básica.

200 - Devolución al Estado de las competencias relacionadas con la investigación, desarrollo, innovación y transferencia tecnológica, para que España tenga un modelo común integrable en modelos europeos y evitar la fragmentación de las políticas en materia de I+D+i.

201 - Alcanzar un Pacto de Estado con un compromiso estable de inversión mínima en I+D+i del 2% del PIB para toda la legislatura, acorde con nuestro desarrollo económico e independiente de la coyuntura, para promover un cambio en el modelo productivo y permitir a los investigadores una carrera profesional estable y atractiva. Creación de Agencias únicas de Financiación y Evaluación independientes.

202 - Eliminar cualquier tipo de barreras o méritos relacionados con el conocimiento de lenguas cooficiales en las convocatorias, concursos u ofertas de empleo para acceder a puestos de investigación en las distintas Comunidades Autónomas y organismos de investigación, excepto en áreas y puestos que requieran el uso o investigación de la lengua cooficial.

203 - Modificar la composición y funciones del Consejo de Política Científica y Tecnológica, incorporando a las agencias de financiación, evaluación y seguimiento, agentes de ejecución, OPIs y la comunidad científica, así como a los agentes sociales involucrados en todo el proceso de transferencia tecnológica e innovación.

204 - Reforma y auditoria del CSIC encaminada a la firma de su contrato de gestión, la transparencia total en sus procedimientos, con mayor participación de los investigadores en sus decisiones, y profesionalización e independencia en su gestión.

205 - Desarrollo de un contrato único laboral de investigación que mejore las condiciones y derechos de los jóvenes investigadores, promocionando a los mejores a una carrera profesional estable y al tejido productivo en tareas de investigación.

206 - Promover la movilidad de los investigadores del sistema público de investigación, implantando un sistema único y nacional de acceso a las plazas de investigadores en OPIs y Universidades, con la incompatibilidad para acceder, dentro de un plazo temporal dado, a plazas en las instituciones donde se ha realizado el doctorado. Promover políticas de transferencia de investigadores entre los sistemas públicos de investigación y la industria privada, eliminando trabas administrativas, fiscales y académicas. Creación de la carrera de tecnólogo para fomentar una mayor actividad conjunta público-privada

207 - Redefinir los ejes prioritarios de la Estrategia Estatal de Innovación para modernizar el tejido industrial-empresarial, mejorar la eficiencia interna del sistema de I+D+i mediante la gestión por proyectos, y fomentar la creación de empresas privadas o mixtas con un alto contenido de I+D+i. Favorecer la creación de clusters de investigación con participación de centros públicos de investigación, universidades y empresas.

208 - Dar apoyo económico a las patentes que sean concedidas bien por la Oficina Española de Patentes y Marcas o por la Oficina de Patentes Europea (European Patent Office) para su mantenimiento y ampliación.

4.3 - Deporte

209 - Coordinación y colaboración del Estado con las Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, Universidades y otras instituciones tanto públicas como privadas, para el desarrollo de instalaciones deportivas y la promoción de la actividad física y deporte.

210 - Promoción de la actividad física habitual por su importante papel en la salud de todos los colectivos sociales, con especial esfuerzo en: a) campañas de promoción de la actividad física de las Personas Mayores; b) acceso de las personas discapacitadas al deporte; c) programas más eficientes contra la obesidad infantil. Para mejorar la seguridad de los deportistas se facilitará la realización de reconocimientos médicos con su correspondiente seguimiento en los Centros de Salud.

211 - Promoción de los centros deportivos en coordinación con Ayuntamientos y otras administraciones, haciendo de ellos Centros Sociales de referencia donde tanto jóvenes como adultos y mayores se puedan reunir para disfrutar del deporte.

212 - Colaboración con los Ayuntamientos para la construcción y mejora de las instalaciones deportivas de los centros escolares, de modo que puedan convertirse en Centros Sociales Deportivos durante los horarios no lectivos.

213 - Promoción y apoyo del asociacionismo deportivo en los Centros escolares mediante programas de promoción deportiva, con la creación de escuelas y clubes deportivos. Promoción de programas de formación social, impulsores del Juego Limpio para profesores y técnicos deportivos, dirigidos a erradicar la violencia y la xenofobia en el deporte, resaltando la importancia de los valores deportivos. Promoción de programas especiales para niños en riesgo de exclusión social.

214 - Fomentar la igualdad de oportunidades en el mundo del deporte con medidas que permitan una mayor participación de la mujer, mejorando la conciliación de la práctica deportiva y la vida familiar.

215 - Deporte de élite: mantenimiento del Plan ADO y revisión de los Centros de Alto Rendimiento y Especializados para los deportistas de alta competición para que mejoren en eficacia y eficiencia. Facilitar a los deportistas de élite su acceso a carreras o enseñanzas propias del deporte. Colaboración con las Comunidades Autónomas en los programas de detección de talentos para su desarrollo en infraestructuras adecuadas.

 216 - Solución definitiva a las Titulaciones Deportivas y a su validez profesional. Ley para el Deporte Profesional que aborde las vertientes profesional, fiscal, mercantil y de Seguridad Social.

217 - Regulación legal de las apuestas deportivas que incremente el porcentaje de los ingresos dedicados a promoción de deporte base.

 218 - Reforzar la tutela y control de las Administraciones sobre la organización y gastos de las Federaciones Deportivas, racionalizando sus cargos directivos y sus dietas y retribuciones. Su actividad y cuenta de resultados deben ser auditadas por el Tribunal de Cuentas y organismos competentes

219 - Ley concursal propia para las Sociedades Anónimas Deportivas. No se saneará con fondos públicos ninguna S. A. Deportiva ni club deportivo profesional, fijando un techo de déficit y un control más eficaz del funcionamiento de estas entidades

220 - Programa de mejora de las instalaciones deportivas con energías limpias y renovables, reciclaje de materiales empleados. Construcción de nuevas instalaciones con utilización de tecnologías que cuiden el Medio Ambiente y el desarrollo Sostenible. Empleo de criterios de sostenibilidad medioambiental en las instalaciones deportivas, especialmente en las de nueva construcción y en la organización de grandes eventos.

221 - Apoyo y promoción de la Carta Verde del Deporte Español y de la Estrategia Nacional sobre Deporte y Sostenibilidad, así como de la Agenda 21 del deporte español, mediante una estrecha colaboración entre CSD, COE, FEMP, CC.AA y Gobierno.

5 - POLITICAS SOCIALES

5.1 - Apoyo a los desempleados

222 - Mejorar el sistema de cobertura para aquellos trabajadores que agoten sus prestaciones y subsidios de desempleo, suprimiendo el requisito de ser mayor de 45 años para acceder a la Renta Activa de Inserción estatal, que proporciona cobertura durante once meses frente a la actual ayuda de 400 euros durante seis meses (que se suprimirá).

223 - Homogeneizar las rentas mínimas de inserción de las Comunidades Autónomas, que hoy resultan muy discriminatorias por sus diferentes requisitos y cuantías. Proponemos la suma de esfuerzos de la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas con rentas de inserción en dos fases: una primera estatal y una segunda autonómica. El Estado coordinará a las Comunidades para que los requisitos de admisión, duración y cuantía sean similares en toda España.

224 - Refuerzo del control de prestaciones y subsidios por desempleo para evitar el fraude en su cobro.

5.2 - Protección del derecho a la vivienda

225 - Apoyo activo al incremento de la oferta de créditos hipotecarios con dación en pago de la vivienda para amortización del crédito.

226 - Modificar la legislación concursal con la finalidad de introducir restricciones al principio de la responsabilidad patrimonial universal en los procedimientos de insolvencia de la persona física, siguiendo el modelo fresh start, existente en EEUU y también en algunos países europeos. En este sistema, una vez ejecutado todo el patrimonio embargable del deudor, el pasivo restante queda exonerado por decisión judicial sin consentimiento del acreedor, lo que, sin perjuicio de establecer las cautelas necesarias para evitar conductas fraudulentas, permite al deudor iniciar una nueva actividad socialmente productiva.

227 - Regular los tipos de interés de demora en los préstamos hipotecarios, de manera que tengan un límite máximo. Modificación de la fiscalidad que penaliza la dación en pago para saldar la deuda hipotecaria.

228 - Extremar la vigilancia del Banco de España sobre las prácticas abusivas de bancos y cajas en los préstamos hipotecarios.

5.3 - Reforma de las pensiones

229 - Regular de forma flexible la edad de jubilación, incentivando adecuadamente la prolongación voluntaria de la vida laboral. Introducción progresiva del total de la vida laboral para el cálculo de la pensión, permitiendo a todos los trabajadores que hayan superado el periodo de cotización necesario para el 100% de su pensión utilizar la suma de todas las cotizaciones de su vida laboral para el cálculo de la base reguladora.

230 - Penalizar fiscalmente las jubilaciones anticipadas en las empresas con beneficios, de manera que no se lucren conlas arcas públicas. Procurar que las jubilaciones anticipadas de los trabajadores con largas carreras laborales tengan un efecto neutro para el sistema de Seguridad Social.

231 - Culminar la separación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social, de forma que se clarifique y visualice correctamente la situación financiera y patrimonial de la Seguridad Social, de manera que todas las prestaciones no contributivas sean financiadas mediante impuestos.

233 - Terminar con cualquier privilegio en las pensiones de los parlamentarios, tanto del Congreso y Senado como de los parlamentos autonómicos.

5.4 - Atención a colectivos vulnerables

234 - Modificación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia para situarla dentro de las competencias del Estado en materia de Seguridad Social, a fin de asegurar una igualdad y equidad mínimas y la existencia de un único Sistema. Los Servicios Sociales y de Atención a la Dependencia serán competencia sobre todo de los Ayuntamientos, puerta de entrada y fundamento del sistema protector.

235 -  Ley Nacional de Garantía de Derechos y Servicios Sociales que garantice el acceso a las prestaciones básicas a todos los ciudadanos y establezca una cobertura mínima, un sistema de información y gestión común para el conjunto del Estado, con una financiación estable, y que atribuya la competencia de la gestión a las Entidades Locales.

236 - Mejorar el sistema de Acogimiento Familiar de Menores armonizando la normativa de las CCAA en la materia en pro del interés superior del menor, con un sistema único de información de acogimientos/adopciones para todo el territorio nacional, con el fin de evitar la pérdida del vínculo familiar entre hermanos en procesos de acogimiento o adopción en distintas CCAA.

237 - Aprobación de una Ley Nacional de Rentas Mínimas de Inserción para convertir el actual agregado de Programas y Leyes Autonómicas de Rentas Mínimas (con diferente denominación, cuantía y criterios de acceso) en un Sistema coordinado y homologable en cuanto a las condiciones básicas (duración, cuantía, carácter subsidiario, perfil de los beneficiarios, etc.) en todo el territorio español.

238 - La Jurisdicción de lo Social será la competente en la determinación del derecho a las prestaciones y en la revisión del procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia.

239 - Reconocimiento de la figura del Asistente Personal con un perfil profesional y académico, y creación de Oficinas de Vida Independiente con financiación pública, gestionadas por el colectivo de personas con discapacidad.

240 - Garantía del derecho de participación plena en los procesos electorales y la Administración de Justicia para las personas con discapacidad.

241 - Plan Estratégico de atención a personas con Trastorno del Espectro Autista y sus familias, y Plan Nacional de Atención a las Enfermedades Neurodegenerativas (Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple, ELA, etc.) que aborde la necesaria intervención en el área sanitaria, social y de investigación.

242 - Plan de contratación pública que incluya el requisito de que las empresas licitantes o beneficiarias de la adjudicación de contratos públicos y concesión de subvenciones acrediten el cumplimiento de la obligación de reserva de empleo para trabajadores con discapacidad, y establezca la obligación para todas las Administraciones de reservar un porcentaje mínimo de contratación.

243 - Fomentar la atención familiar de los mayores redefiniendo el concepto de "familiar a cargo" y el régimen de deducciones fiscales y ayudas en general, con la creación de plazas residenciales públicas de gestión directa y ampliación de la cobertura de centros de día, atención domiciliaria y teleasistencia.

5.5 - Inmigración

244 - La política de inmigración debe ser competencia de la Unión Europea para instaurar un sistema legislativo europeo unificado. Proponemos transferir a la UE la gestión de las políticas de ciudadanía e inmigración mediante un Servicio Europeo de Inmigración que implemente las políticas de integración y visados comunes. Entretanto, es fundamental sincronizar las diferentes legislaciones nacionales, asegurando la cooperación entre Estados miembros.

245 - Luchar contra las mafias de la inmigración ilegal, reforzando la cooperación entre las instituciones europeas dedicadas a la lucha contra el crimen organizado, tales como EUROPOL o INTERPOL, reduciendo la descoordinación entre los Estados miembros. Reforzar los medios humanos y materiales destinados a la lucha contra las organizaciones de trata de seres humanos, y endurecer las penas por dichos delitos.

246 - Mejorar la integración social de los inmigrantes y sus familias con la creación de un Servicio Nacional de Integración de los Inmigrantes que gestione, en cooperación con las administraciones autonómicas y locales, la oficina de atención al inmigrante, la realización de cursos de cultura y lengua española gratuitos, la formación complementaria para los menores en el sistema escolar o la reagrupación familiar.

247 - Revisión de la Ley de Extranjería para mejorar el trato a los inmigrantes extracomunitarios en materia de permisos de residencia y trabajo, estableciendo la igualdad de derechos de los extranjeros con los españoles, condicionada a la reciprocidad en los respectivos países. Reconocimiento del derecho a la residencia a los cónyuges e hijos de los extranjeros fallecidos en accidentes de trabajo.

248 - Acabar con el carácter penitenciario ilegal de los Centros de Internamiento, desarrollando todas las medidas de control posibles para hacer cumplir lo dictado en la Ley de Extranjería, promoviendo el acceso a los Centros de asociaciones especializadas en atención a los inmigrantes, cumpliendo los límites relativos al número de internados en dichos centros, y regulando el acceso a las familias y la comunicación de los internados con el exterior.

5.6 - Políticas de igualdad y lucha contra la discriminación

249 - Desarrollo de las políticas para la consecución efectiva de la Igualdad de Oportunidades y de Trato a nivel nacional, esencialmente de la igualdad efectiva de mujeres y hombres y particularmente de las oportunidades en educación, acceso al empleo y derechos civiles.

250 - Nueva Ley contra la Violencia de Género o Intrafamiliar, Doméstica o Sexista, en sustitución de la actual Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que atenta contra el principio de igualdad al basarse en la asimetría penal y la desigualdad de trato en el ámbito judicial, dando lugar a una aplicación desmedida e injusta para miles de hombres. Una ley que, además de hacer frente la violencia de género, proteja a todos los miembros del entorno familiar.

251 - Ley Nacional de Custodia Compartida de los hijos menores por ambos progenitores, opción preferente en separaciones y divorcios de modo que la custodia exclusiva sea excepcional, armonizando la regulación legal de la misma en toda España para garantizar la igualdad de derechos de todos los ciudadanos. La Ley de Custodia Compartida desarrollará:

252 -el principio del interés superior del menor a continuar su vida cotidiana y su educación con ambos progenitores y con sus respectivas familias.

253 - las previsiones de la Carta Europea de los Derechos del Niño según la cual todo niño tiene derecho a gozar de sus padres, que tienen responsabilidad conjunta en su desarrollo y educación, y en caso de separación de hecho, legal, divorcio o nulidad, tiene derecho a mantener contacto directo y permanente con ambos, y la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que obliga a los Estados a respetar el derecho del menor a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo por interés superior del menor.

254 -la responsabilidad compartida de ambos progenitores o coparentalidad, con la búsqueda de acuerdos en beneficio del menor y optando por la mediación frente al conflicto para desjudicializar al máximo los procesos de separación y divorcio.

255 - Fomentar la corresponsabilidad en las tareas de atención familiar de mujeres y hombres mediante el desarrollo de los servicios sociales, en especial de las escuelas infantiles y la atención a la dependencia, y en las empresas de horarios laborales y servicios que faciliten la conciliación. Impulsar la ampliación de los permisos parentales tendiendo a equiparar los de maternidad y paternidad para favorecer la igualdad de oportunidades laborales de hombres y mujeres, y el derecho de ambos progenitores a participar por igual en la crianza de los hijos.

256 - Apoyo al desarrollo de las políticas favorables a la igualdad de trato a personas homosexuales. En la petición de adopción de menores por parejas homosexuales, impulso de normas que garanticen la imparcialidad primando siempre el interés del menor. Igualdad en la asistencia integral a las personas con trastornos de identidad de género (transexualidad) en la sanidad pública de toda España.

257 - En política internacional, exigencia activa del respeto del principio de no discriminación por la orientación sexual a los países que segregan, encarcelan y ejecutan a personas por su orientación sexual o identidad de género, que deben considerarse graves vulneraciones de los Derechos Humanos.

5.7 - Seguridad ciudadana

258 - Progresar en la equiparación y convergencia salarial de las Fuerzas de Seguridad del Estado -Guardia Civil y Policía Nacional- con las policías autonómicas y locales. Cumplimiento de la Ley de Riesgos Laborales.

259 - Limitación drástica del sistema de Libre Designación para ocupación de puestos de trabajo en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en beneficio del sistema de Concurso interno, con el fin de garantizar la imparcialidad y neutralidad del trabajo policial, ajustado a la legislación vigente sin interferencias partidistas, especialmente en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.

260 - Incremento de las plantillas y medios de la Policía Judicial, y de las unidades de policía económica, blanqueo de dinero, narcotráfico, tráfico de personas, delitos informáticos y delitos similares vinculados a los cambios sociales y tecnológicos.

261 - Desarrollo de un modelo policial integrado que coordine, bajo supervisión del Estado, las tareas y misiones de las Fuerzas de Seguridad del Estado con las policías autonómicas y locales, avanzando en la integración operativa de todos los cuerpos de seguridad y de la carrera policial en los diferentes cuerpos de seguridad.

262 - Desburocratización de las plantillas policiales, encomendando a funcionarios especializados provenientes de otros cuerpos de la administración, o a empleados públicos, las tareas propiamente administrativas.

263 - Cumplimiento íntegro de las penas de los terroristas presos. Para su reinserción en los términos previstos por la ley deberán romper con su banda, solicitar perdón a sus víctimas reparando en lo posible el daño causado, y colaborar con la justicia en el esclarecimiento de los hechos en los que estuvieron implicados.

264 - Restitución del Pacto de Estado por las Libertades y contra el Terrorismo, y de la integridad de la Ley de Partidos para impedir la presencia en las instituciones de organizaciones herederas de Batasuna comprometidas con la consecución política de los fines terroristas.

6 - SANIDAD

6.1 - Restauración del Sistema Nacional de Salud

265 - Devolución al Estado de las competencias de Sanidad con el fin de reinstaurar un sistema sanitario común para todo el territorio nacional, basado en los principios de equidad, calidad, eficiencia y participación ciudadana. Proponemos un gran Pacto por la Sanidad, similar al Pacto de Toledo sobre la Seguridad Social, que aleje la sanidad de la disputa política y permita una reforma profunda de nuestro sistema sanitario con los siguientes objetivos:

266 - Recuperar la cohesión y equidad del Sistema Nacional de Salud.

267 - Mejorar la situación financiera y el uso racional de los recursos para asegurar la sostenibilidad de un sistema público, universal y solidario.

268 - Fomentar la participación ciudadana y de los profesionales sanitarios en la gestión del SNS.

269 - Establecer un cambio en la planificación sanitaria, potenciando la Atención Primaria y la atención a pacientes crónicos.

270 - Establecer una política de transparencia en la gestión de la Sanidad.

271 - Implantación de una Tarjeta Sanitaria única para todo el territorio nacional que permita el pleno acceso al SNS en cualquier lugar, en igualdad de condiciones, con independencia de quien financie la prestación.

272 - Creación de Unidades de Referencia Nacional para determinadas patologías o técnicas muy específicas, financiadas por el Estado.

273 - Medidas para asegurar la sostenibilidad del SNS en la crisis económica:

274 - Crear una Comisión Nacional de Supervisión del SNS constituida por un reducido número de personas independientes que haga un análisis de la situación y proponga un Plan de Reforma a las Cortes. Este organismo podría tener funciones permanentes para vigilar el cumplimiento de las propuestas y asegurar la calidad asistencial y el resto de principios rectores. Es imprescindible la participación de las sociedades científicas y de las asociaciones de pacientes en su elección, de la forma que determinen las Cortes.

275 - Potenciación de los Consejos de Salud para promover la participación de los ciudadanos en la gestión de los centros sanitarios, fomentando la presencia de Asociaciones de Pacientes, Organizaciones de Consumidores y de las sociedades científicas locales.

6.2 - Racionalización de la inversión y el gasto sanitario

276 - Racionalizar el gasto de personal con las siguientes medidas:

277 - Modificar el sistema retributivo para reconocer el desempeño profesional de forma adecuada, premiando el esfuerzo de los trabajadores.

278 - Elaborar un proyecto de carrera profesional, común para todo el territorio nacional que valore realmente el esfuerzo de los profesionales.

279 - Hacer un estudio nacional de previsión, revisado periódicamente, de las necesidades futuras del SNS para establecer un Plan Nacional de Recursos Humanos con criterios realistas de planificación de las necesidades de profesionales sanitarios.

280 - Racionalizar el gasto farmacéutico combatiendo la hiperprescripción y el elevado consumo de medicamentos, especialmente entre el colectivo de pensionistas (20% de la población que consume el 70% del gasto), debido al escaso tiempo que los médicos de Atención Primaria tienen para atender a sus pacientes, lo que resta tiempo para información y educación sanitaria.

281 - Aumentar de forma progresiva el tiempo real de consulta disminuyendo las labores burocráticas. Desarrollo de la receta electrónica y la historia clínica informatizada para facilitar una mejor relación médico-paciente.

282 - Impulsar medidas de educación sanitaria de la población, fomentando la participación en estas actividades de las diferentes profesiones sanitarias (facultativos, enfermeros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, psicólogos, etc.)

283 - Establecer fármacos de referencia para determinadas patologías, siendo excluidas de la financiación pública los equivalentes terapéuticos más caros salvo excepciones clínicas justificadas. Debe establecerse la equivalencia terapéutica para la financiación de fármacos en patologías muy prevalentes, con el consenso de las sociedades científicas.

284 - Revisión de la aportación de los pensionistas en la prestación farmacéutica, igualándola con la de los trabajadores en activo, excluyendo aquellos con ingresos más bajos, y con un coste muy reducido para determinadas patologías crónicas.

285 - Protocolos nacionales para uso de fármacos de uso hospitalario de elevado coste, tanto para garantizar la equidad en la atención a los pacientes como un adecuado control del gasto.

286 - Mejorar la financiación y la actividad de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, dependiente del Ministerio de Sanidad, para una correcta identificación y análisis de las técnicas disponibles y valorar su inclusión en la cartera de servicios del SNS. Esta agencia integrará las diferentes agencias de las CCAA, evitando duplicidades e ineficacias.

287 -    Desarrollo de una Estrategia Nacional para las patologías de elevado coste económico y social, con participación multidisciplinar, basadas en Guías de Práctica Clínica y avaladas por las Sociedades Científicas, a implantar en todo el territorio nacional.

288 - Evitar la aplicación de copago indiscriminado en Sanidad porque es ineficaz e injusto salvo para situaciones concretas. Las excepciones se aplicarán sólo después de un análisis profundo y tras aplicar otras medidas de reducción de costes e incremento de la eficiencia en la gestión, y en cualquier caso teniendo siempre en cuenta las diferencias de nivel de renta y salud de los usuarios de la Sanidad.

6.3 - Planificación sanitaria potenciando la Asistencia Primaria y la atención a crónicos

289 - Desarrollar las Áreas sanitarias como eje vertebrador de la atención sanitaria, organizada en servicios de Atención Especializada (AE), Atención Primaria (AP), Socio-Sanitaria (SS), Salud-Pública (SP) y otros sectores relacionados con la salud medio ambiental y el desarrollo social.

290 - Fomentar la Atención Primaria dotándola de medios profesionales y materiales, mejorando su capacidad de resolución permitiendo el acceso de los facultativos de AP a las herramientas adecuadas, evaluándose posteriormente el uso adecuado y el coste de estas medidas.

291 - Acelerar la implantación de la especialidad de Enfermería Comunitaria en el ámbito de la Atención Primaria de Salud, permitiendo su desarrollo profesional y dotándolos de competencias exclusivas a nivel legal, para que se favorezca así la atención a los enfermos crónicos y el desarrollo de actividades de promoción y prevención.

6.4 - Una política sanitaria más transparente.

292 - Centralizar las oposiciones al SNS con un examen nacional y un baremo de méritos uniforme, y con un calendario periódico de pruebas que evite la situación de interinidad de los profesionales y la excesiva rotación en las plazas.

293 - Garantizar la publicidad semestral de los principales indicadores sanitarios. Todos los hospitales públicos y privados tendrán la obligación de informar semestralmente por escrito de a) - Actividad asistencial médica y quirúrgica, incluyendo la frecuencia de aparición de complicaciones y efectos adversos en los procedimientos terapéuticos más frecuentes, así como de las posibles secuelas resultantes tras la resolución de los mismos; b) - Actividad investigadora; c) - Actividad docente, tanto de pregrado como de postgrado, y las actividades de promoción de la salud y educación sanitaria que realice entre la población de la su área. El Ministerio de Sanidad, previa consulta no vinculante al Consejo Interterritorial y a las Comisiones de Especialidad, establecerá los datos concretos que deban aparecer en los informes semestrales y garantizar su publicidad y accesibilidad en la red.

6.5 - Formación y profesionalización del personal sanitario

294 - Desarrollo definitivo de la troncalidad de las especialidades médicas sin que disminuya la formación específica. Debe valorase la posibilidad de incrementar el tiempo de formación.

295 - Desarrollar las áreas de capacitación específica o subespecialidades, estableciendo el acceso desde diferentes especialidades y los criterios para la obtención de titulación en estas áreas.

296 - El Estado será el responsable único de la acreditación de la formación sanitaria, valorándose la creación de una Agencia Española de Formación Sanitaria, dependiente del Ministerio de Sanidad y con participación de las Comunidad Autónomas

297 - Profesionalizar los cargos de gestión del SNS mediante sistemas de acreditación profesional objetivos y mecanismos de selección que garanticen la adjudicación de plazas siguiendo criterios de mérito y capacidad.

298 - Vigilancia oficial del intrusismo profesional y de la publicidad e información sobre la salud. Prohibición de la comercialización como medicamentos de productos sin eficacia terapéutica demostrada.

7 - JUSTICIA

299 - Recuperación por el Estado de la competencia exclusiva en materia de Justicia a fin de facilitar la homogeneidad de la estructura, coordinación y conexión entre todos los juzgados y tribunales españoles, y reducir el enorme gasto que ha producido la transferencia a las Comunidades Autónomas, once en la actualidad, de la gestión de parte de los medios materiales y humanos de la administración al servicio de la Justicia.

300 - Realizar un análisis riguroso de la situación y necesidades de la Administración de Justicia para determinar las reformas estructurales necesarias, la revisión de los sistemas retributivos y de inspección, así como la inversión precisa a fin de aproximarnos a la media europea tanto en presupuesto como en el número de jueces por habitantes y conseguir reducir los dilatados plazos de resolución de asuntos.

301 -Supresión de los juzgados especializados en violencia de género como tales, devolviendo al ámbito de la jurisdicción civil y penal estos asuntos y aprovechando la existencia de dichos juzgados y los medios personales y materiales con que cuentan para reforzar las necesidades de la planta judicial.

302 - Reforzar los medios para la efectiva ejecución de resoluciones judiciales a fin de lograr la satisfacción del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Para ello es necesario optimizar los recursos existentes de averiguación patrimonial y establecer mecanismos de supervisión de los trámites efectuados por el personal responsable de la ejecución.

303 - Modificación del Código Penal para poder inhabilitar, o suspender automáticamente, a los cargos públicos y representantes democráticamente elegidos que incumplan deliberadamente las resoluciones judiciales firmes o que, mediante cualquier publicación o declaración pública, se opongan a la observancia de las Leyes y resoluciones judiciales o inciten a su incumplimiento.

304 - Derogar la normativa procesal que, bajo términos como "agilización" o "modernización", suponga una restricción al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva al suprimir o reducir la posibilidad de recurrir en apelación o casación, con la consiguiente inseguridad jurídica derivada de disparidad de criterios, incluso en la misma provincia, y el consiguiente incremento de la litigiosidad.

305 - Medidas para  reducir la litigiosidad:

306 - Promover el uso de un lenguaje más claro y sencillo en el ámbito judicial en su relación con los ciudadanos, de modo que los procedimientos judiciales sean fácilmente comprensibles sin necesidad de asesoría profesional, y facilitar mecanismos de información sobre el desarrollo de los procedimientos.

307 - Acabar con la proliferación normativa injustificada y con las reformas efímeras de leyes que precisan estabilidad para potenciar la seguridad jurídica y consolidar criterios jurisprudenciales. En definitiva: "pocas leyes, claras y que se cumplan".

308 - Fomentar el derecho preventivo o asesoramiento previo a la asunción de derechos y obligaciones, particularmente por parte de los consumidores, reforzando el papel asesor del notario en aquellos negocios jurídicos que requieran su intervención.

309 - Fomentar los pactos reguladores de las consecuencias de las rupturas de pareja a fin de reducir la conflictividad y los problemas derivados de la coexistencia de diferentes sistemas de derecho civil en nuestro país, que en muchos casos exceden claramente las facultades constitucionales de las Comunidades Autónomas.

310 - Promulgar una Ley de Mediación introduciendo los incentivos necesarios para fomentar su uso, siempre voluntario, adaptado a los distintos ámbitos: familiar, civil, mercantil y penal.

311 - Modificar la Ley de Arbitraje para limitar el control judicial de la cláusula arbitral a las nulidades patentes, con una tasa específica para el caso de que se pretenda acudir a la jurisdicción ordinaria.

312 - Promulgar una Ley de Jurisdicción Voluntaria que atribuya competencias no inherentes a la función jurisdiccional a Notarios y Registradores.

313 - Modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil para fortalecer los títulos ejecutivos como medio de aligerar los procedimientos y evitar la fase declarativa en muchos supuestos no justificados, extendiendo el carácter ejecutivo de la escritura pública en la línea seguida por los países de nuestro entorno.

314 - Incrementar las multas en casos de actuaciones judiciales realizadas con mala fe procesal o ánimo dilatorio, o que impliquen una indebida utilización de recursos de la Administración de Justicia.

315 - Penalización del negacionismo de cualquier genocidio o crimen terrorista, tal y como ocurre en nuestro país con aquellos partidos políticos o asociaciones afines a la banda terrorista ETA que continuamente utilizan expresiones como presos "políticos" o violencia "política" para referirse a los miembros o a la actividad de la citada banda terrorista, como si sus crímenes no hubieran existido.

316 - Estudiar la inclusión en el Código Penal de un nuevo delito de administración desleal de autoridades y cargos públicos que, en el ejercicio de sus funciones públicas, causen, por acción u omisión, al Estado o a los ciudadanos que representan un perjuicio económicamente evaluable, bien por la infracción de las normas que regulan el ejercicio de su actividad, bien por la adopción de decisiones susceptibles de haberse evitado con la diligencia mínima exigible a su cargo, materializadas en actos, gastos o inversiones manifiestamente innecesarios o desproporcionados o motivados por espurias razones ajenas a la rentabilidad económica, al servicio público o el bienestar de los ciudadanos.

317 - Derogación de la LO 12/2011 que modifica la LOPJ para que los jueces, fiscales y secretarios judiciales con cargos públicos puedan retornar en el futuro a su carrera sin perder antigüedad y con el privilegio de tener preferencia a la hora de elegir destino.

8 - TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

8.1 - Transparencia y lucha contra la corrupción. Derecho a la información

318 - Ley de Principios y Medidas contra la Corrupción y por la Transparencia en la Gestión Pública que prevenga la corrupción en las administraciones públicas y en cualquier persona física o jurídica que tengan cualquier relación de interés privado con éstas, e impulse prácticas de transparencia y acceso a la información en todas ellas para mejorar la calidad de las instituciones y favorecer la participación y el control de los ciudadanos sobre la vida política y las actuaciones de las administraciones públicas.

319 - Desarrollar el derecho fundamental de acceso a la información, siguiendo el Convenio para el Acceso a los Documentos Oficiales del Consejo de Europa, de cualquier persona para solicitar y obtener, de forma sencilla, rápida y gratuita, toda la información en poder de entidades públicas, y también de las privadas que se beneficien de ayudas o fondos públicos o presten servicios públicos, sin más límites que otros derechos fundamentales e intereses legítimos que puedan prevalecer claramente sobre el derecho fundamental a la información.

320 - Publicidad obligatoria de los presupuestos, la ejecución presupuestaria, los salarios de los funcionarios y de los gestores públicos, los gastos corrientes, los proyectos y su seguimiento, las subvenciones, la contabilidad de las empresas públicas y demás aspectos relacionados con la gestión de los recursos públicos de las administraciones públicas de forma fácil de entender y tratar y con alta periodicidad a través de internet. También serán públicas las cuentas de los partidos políticos, sindicatos, patronales y asociaciones profesionales o de interés público que reciban ayuda pública.

321 - Creación de una plataforma de "datos abiertos" (open data) que ponga a disposición de ciudadanos y empresas toda la información en poder de la administración que no esté clasificada, mediante una plataforma sencilla y funcional.

322 - Los imputados por delitos contra las Administraciones Públicas no podrán ser candidatos en procesos electorales. Se aprobará la suspensión cautelar de empleo o cargo público de la persona contra la que existan en la causa motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito. También podrán ser suspendidos provisionalmente por decisión judicial los cargos públicos ya electos.

323 - Medidas penales contra administradores, directivos o empleados de una empresa mercantil o de una sociedad, asociación, fundación u organización privada con participación pública, o que desempeñe funciones públicas, implicados en actos de corrupción.

324 - Todos los responsables de órganos, entes y empresas públicas deberán rendir cuentas con carácter anual, públicamente y ante la correspondiente comisión del Parlamento, sobre los principales gastos incurridos, contratos que han superado su coste sobre el inicialmente previsto, deudas y facturas pendientes, etc.

325 - Nueva Ley de exigencia de responsabilidad civil, y penal para los casos más graves, de aquellos responsables públicos que, tras la finalización de su mandato, se constate hayan ocultado deudas o impagos del órgano o administración de la que fueran responsables.

326 - Modificación del Código Penal para eliminar la expresa exclusión de los partidos políticos y sindicatos del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas, a fin de que tanto partidos políticos como sindicatos puedan ser penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre y por cuenta de los mismos o en su provecho por sus miembros y cargos.

327 - Medidas contra la corrupción en la contratación administrativa, limitando la posibilidad de adjudicar contratos directamente a favor de un contratista, la cuantía de los contratos menores y la posibilidad de subdividir contratos, exigiendo la publicidad de la contratación administrativa.  Prohibición de contratar al personal de alta dirección, asesores, representantes legales, apoderados o mandatarios de empresas que tengan conflictos de intereses con las administraciones públicas. Modificación de la ley de contratos del sector público para garantizar la libre concurrencia.

328 - Reforzamiento de las Incompatibilidades modificando las leyes que las regulan para hacerlas más estrictas, previniendo la posibilidad de que el cargo público pueda dar preferencia a sus intereses privados sobre los públicos que representa, e impidiendo beneficiarse de más de una retribución pública total o parcial, con limitación de los mandatos a un máximo de dos legislaturas.

329 - Incompatibilidad del cargo de alcalde y concejal con la condición de diputado, senador o parlamentario autonómico y parlamentario europeo. Establecer en cualquier caso la incompatibilidad de percibir más de un sueldo por ocupar puestos de carácter político.

330 - Despolitización del Tribunal de Cuentas, eligiendo sus miembros sin injerencias partidistas. Sus Consejeros serán designados como los miembros de los órganos jurisdiccionales y no por las Cortes Generales. No podrán haber ejercido ningún cargo electo o haber sido miembros de los gobiernos del Estado, Comunidad Autónoma o Local o altos cargos de cualquiera de ellos en los quince años anteriores a su nombramiento.

331 - Control en exclusiva por el Tribunal de Cuentas de la financiación de los partidos políticos, sindicatos y patronales, que deberán presentar estados financieros consolidados de toda su organización territorial e institucional, incluyendo fundaciones y sociedades participadas. Esta información deberá publicarse íntegramente en la página del partido en Internet para que sea fácilmente accesible para cualquier persona.

332 - Prohibición de campañas de publicidad institucional de promoción de las Administraciones, y cualquiera que trate de vincularlas al partido o partidos gobernantes y a sus cargos electos, representantes o candidatos. Obligación de realizar un informe anual de todos los anuncios y campañas institucionales realizadas en el año anterior, señalándose su finalidad, importe y adjudicatarios de los contratos celebrados.

8.2 - Administraciones públicas

333 -    El Gobierno del Estado tendrá poderes efectivos de coordinación de las CCAA similares a los que la Unión Europea tiene frente a sus Estados miembros.

334 - Supresión de todas las duplicidades entre Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, eliminando todos los Comités Económicos Sociales, Agencias de Protección de Datos y Órganos de defensa de la competencia regionales. Reducción drástica del número de entes dependientes de las administraciones -agencias, observatorios, empresas, etc.-, dejando los imprescindibles con evaluación y control público de sus presupuestos y deudas.

335 - Simplificación de las Administraciones estableciendo módulos comunes de su tamaño y organización, siguiendo criterios objetivos de población, políticas públicas, experiencia comparada y mejora de la eficiencia.

336 - Modificación de la Ley de Bases de Régimen Local para fijar taxativamente los servicios mínimos que deben prestar los municipios, y Ley de financiación de entidades locales que garantice la suficiencia financiera para el ejercicio de sus competencias de forma transparente y clara.

337 - Despolitización de la Administración Pública para que sea profesional, estable, simplificada, evaluable y eficiente: a) - Se determinará por Ley el número, estructura y denominación de los Ministerios del Gobierno Estado; b) - Los ministros, secretarios de estado, secretarios generales y directivos públicos de los principales órganos o agencias, deberán pasar una evaluación previa antes de su nombramiento ante el Congreso de los diputados.

338 - Desarrollo de la administración electrónica, simplificando las trabas burocráticas que penalizan a ciudadanos y empresas: un portal de internet único y común a todas las administraciones permitirá realizar todas las gestiones para la creación de una empresa, tramitación de una solicitud, etc.

339 - Evaluación periódica obligatoria de todas las políticas públicas, para las que se fijarán previamente objetivos con indicadores claros. Las que no cumplan los objetivos serán modificadas o suprimidas. La evaluación será una información públicamente accesible, sistematizada y generada de forma regular.

340 - Armonizar la legislación local para que la estructura y funcionamiento de los ayuntamientos sea más homogénea y menos dependiente de las decisiones de cada alcalde y pleno de ayuntamiento. La gestión de las agencias, entes, empresas y fundaciones de los ayuntamientos será estrictamente profesional. Los concejales del municipio no formarán parte de sus órganos.

341 - Profesionalización y despolitización del empleo público con el fin de evitar el abuso de la libre designación para cubrir puestos de cargos directivos y técnicos, limitando por Ley el número máximo de personal eventual, profesionalizando el puesto de directivo público. No podrá usarse el sistema de libre designación para proveer ningún puesto de naturaleza técnica. Los funcionarios de las corporaciones locales tendrán habilitación estatal.

342 - Establecer una escala salarial con umbrales máximos y mínimos común para todos los cargos electos de las corporaciones locales, así como para el personal de confianza de libre designación asociado al cargo, en función de su población y otros indicadores objetivos. Eliminar las dietas por asistencia a comisiones propias de la representación pública que se ostenta.

343 - Supresión de los privilegios de los políticos: las remuneraciones de los expresidentes serán incompatibles con cualquier otro salario público o privado. Se suprimirán las demás pensiones para ex altos cargos políticos.

9 - MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL TERRITORIO

344 - Las competencias de medio ambiente y gestión del territorio serán exclusivas del Estado, que podrá delegar la gestión a CCAA y Ayuntamientos cuando lo aconseje el interés general, evitando en todo caso las políticas regionales y locales negativas para la conservación del medio ambiente y el paisaje, como la urbanización excesiva, infraestructuras superfluas o el fraccionamiento de la gestión de áreas naturales protegidas entre diferentes Administraciones. Para una protección más eficaz del medio ambiente, es esencial incrementar la penalización y prevención de los delitos ecológicos.

345 - Retorno al Estado de todas las competencias constitucionales sobre gestión del agua en una Administración Hidráulica única y descentralizada, con Organismos de Cuenca dependientes de ella, delimitadas por demarcaciones hidrográficas y con respeto absoluto del principio de unidad de cuenca, y retorno al Estado del Dominio Público Marítimo Terrestre transferido a las Comunidades Autónomas.

346 - Elaboración de un nuevo Plan Hidrológico que garantice la protección uniforme de las aguas y su mejor aprovechamiento, con decisiones racionales sobre trasvases, desaladoras y otras obras hidráulicas necesarias, preservando la cobertura de las necesidades a largo plazo. Uniformización de los criterios de gestión de la Planificación Hidrológica, de la Gestión del Dominio Público Hidráulico y del establecimiento y explotación de Infraestructuras hidráulicas, y de los criterios y normas de aplicación a cánones y tarifas, como elementos de unidad de mercado e igualdad entre todos los españoles.

347 - Penalizar mediante un sistema tarifario o certificaciones de balances hídricos los consumos desproporcionados y no básicos de agua.

348 - Implantar redes separadas de agua potable y de riego, asegurando usos alternativos a las aguas depuradas antes de su vertido al medio.

349 - Reforma de la Ley de Costas para blindar el carácter demanial del Dominio Público Marítimo Terrestre y garantizar la seguridad jurídica de los afectados.

350 - Ley de Bases del Suelo Litoral que establezca condiciones comunes para el urbanismo en la franja litoral y unifique los criterios a seguir en los informes vinculantes del Estado relativos a los procesos urbanizadores que afecten al litoral.

351 - Implementar mayores políticas de protección, conservación y restauración de los hábitats de vida silvestre, desarrollo sostenible de los bosques, el suelo y el paisaje, y aumentar la presión contra los delitos ecológicos incluyendo una lucha activa contra los incendios forestales. Incentivar la reforestación con especies autóctonas y adaptar la jardinería urbana al clima y disponibilidad de agua.

352 - Eliminar las subvenciones que fomentan prácticas agrícolas o cultivos no sostenibles.

353 - Control medioambiental en la aplicación de biocidas, tanto en las prácticas agrícolas y forestales como en el medioambiente urbano.

354 - Consensuar una Política Nacional única contra el Maltrato Animal.

355 - Implementar políticas de adaptación e incrementar la resiliencia frente al Cambio Climático Global.

356 - Eliminar los incentivos al uso de tecnologías con altas emisiones de partículas, e implementar políticas energéticas que conduzcan a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en cumplimiento de los objetivos fijados internacionalmente, y reducir la factura económica que España debe asumir por sus emisiones de CO2.

357 - Cumplimiento de los niveles de calidad del aire impuestos por la legislación europea con identificación y estricto control de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera. Unificación de los criterios de control, inspección y sanción de las distintas administraciones. Revisión de la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia 2007, 2012 y 2020.

358 - Elaboración de un mapa nacional de riesgos ambientales sobre la salud de la población.

359 - Mejorar el medio ambiente urbano reduciendo el tráfico privado en el centro de las ciudades, potenciando el transporte público y rehabilitando los barrios consolidados como alternativa al crecimiento disperso de las ciudades.

360 - Establecer un Plan Nacional Contra el Ruido que incluya disminuir sus fuentes, obligar al establecimiento de redes de medición y al cumplimiento de la normativa europea sobre estas materias.

361 - Aplicar políticas efectivas 3R en residuos: reducir, reciclar y reutilizar. Incentivar el sector del reciclado, favoreciendo su crecimiento cuantitativo y cualitativo con un tratamiento fiscal adecuado.

362 - Universalizar el tratamiento de aguas residuales e incrementar la metanización de los residuos orgánicos. Impulso de la valorización de lodos de las estaciones depuradoras de aguas residuales mediante su aplicación agrícola controlada como forma de combatir la erosión del suelo, mejorando los criterios de seguridad y control en las aplicaciones.

10 - CULTURA

10.1 - Propiedad intelectual

363 - Nueva Ley de Propiedad Intelectual adaptada a la era digital que defienda la cultura y su difusión como bien social, y que devuelva el control de sus derechos tanto a los creadores como a los usuarios, dejando de criminalizar el aprovechamiento de nuevas tecnologías y volviendo a priorizar los derechos fundamentales.

364 - Dominio Público: legitimarlo como espacio para la creación amateur o como opción gratuita de promoción a la creación profesional, priorizando el registro de obras descatalogadas. Potenciará el acceso a los fondos digitales del procomún (como los de RTVE), con empleo prioritario de licencias copyleft y software libre en la eAdmon.

365 - Derogación de la llamada "Ley Sinde" y de los monopolios de las Sociedades de Gestión Colectiva de derechos de autor. Incentivar y flexibilizar el mercado de patentes y licencias, evitando la concentración industrial excesiva de los derechos en manos de oligopolios y grandes corporaciones.

366 - Se abrirán nuevas opciones a la gestión del derecho privado de copia (copyright). La compensación por copia privada se hará mediante fiscalidad especial y no mediante canon o cualquier otra tasa gestionada por particulares.

367 - Creación de dos plataformas de creación: a) - Plataforma de pago para la creación profesional de aquellas obras bajo licencias copyright o copyleft sobre las que se paga por uso, tarifa plana o cualquier otro acuerdo entre agentes; b) - Plataforma de contenidos gratuitos para licencias copyleft para las obras cuyos derechos de autor se hayan extinguido y pasado al procomún, y para obras de autores que deseen incluirlas en el dominio público por cualquier razón.

368 - Reorganizar las sociedades de gestión de derechos en: a) - Sociedades de gestión colectiva sin ánimo de lucro, financiadas por cuotas de sus socios; b) - Sociedades de gestión colectiva o individual con ánimo de lucro, proveedoras de servicios de gestión, auditoría y promoción; c) - Red de entes dependientes del Ministerio de Cultura, con funciones de gestión y conservación y divulgación de los fondos de Dominio Público, preferentemente digitalizados.

10.2 - Medios de comunicación

369 - La Ley General Comunicación Audiovisual debe garantizar la viabilidad de RTVE y la racionalización de los medios públicos de comunicación autonómicos y locales, valorando el servicio público que prestan o deben prestar y permitiendo su privatización o cierre por razones económicas de modo acorde con políticas de transparencia, y garantizando la libertad de concurrencia en el mercado audiovisual, impidiendo la concentración de medios en oligopolios de facto.

370 - Desarrollo de un Consejo Nacional de Medios Audiovisuales (CENA) que supervise el cumplimiento de la Ley General de Comunicación Audiovisual y prevenga las restricciones ilícitas a la competencia garantizando una competencia leal, y vele por el cumplimiento de códigos de buenas prácticas y autorregulación que fomenten los contenidos audiovisuales de calidad.

371 - Profesionalización de los Consejos de Administración de los medios públicos audiovisuales, impidiendo la presencia de representantes de partidos políticos y sindicatos para garantizar la independencia de la información y la profesionalización de la gestión.

372 - Fomento de la producción propia de RTVE, y garantía de que los eventos de gran demanda social, como acontecimientos deportivos y similares, no se emitan en exclusiva en medios de pago, en especial aquellos que cuentan con subvenciones o apoyo institucional público.

373 - Impulso de la producción y difusión de programas televisivos europeos.

374 - Protección de los consumidores de la publicidad engañosa, el patrocinio encubierto y regulación de la televenta para erradicar prácticas comerciales desleales.

375 - Establecer un modelo de inversión con retorno para la administración en las producciones audiovisuales y cinematografía, erradicando las prácticas viciadas y corruptas que han convertido la obtención de ayudas públicas en el verdadero objetivo de algunas producciones, con la eliminación de las subvenciones a fondo perdido.

376 - Digitalización y puesta a disposición de los ciudadanos de todo el fondo bibliográfico (archivos y bibliotecas), fonográfico y audiovisual del Estado a través de Internet y en modalidad de pago por consumo, streaming, o a través de las redes P2

377 - Defensa de la Neutralidad de la Red, garantizando el derecho de los usuarios de Internet a intercambiar, recibir u ofrecer cualquier flujo de información lícito a través de Internet sin que pueda ser discriminado arbitrariamente por los prestadores de acceso, servicios y contenidos de Internet, reconociendo la legalidad del uso particular de aplicaciones P2P para el intercambio de archivos. Se garantizará que instituciones e industria informen con transparencia sobre los derechos de los usuarios y las características de los servicios.

378 - Garantía efectiva de la protección de los datos personales en Internet, reforzando los esfuerzos destinados a combatir los delitos tecnológicos, especialmente en materia de protección a la infancia y la juventud.

10.3 - Política cultural

           

379 - Eliminar la duplicidad de las subvenciones y ayudas a las industrias culturales ahora concedidas por diversos ministerios para el mismo fin, evitando las duplicidades de procedimientos y el difícil control de la gestión y las cuentas. Tramitar y obtener la financiación necesaria a través del Instituto de Crédito Oficial ICO, creando una línea específica.

380 - Integrar el Instituto Cervantes en el Ministerio de Cultura dada la naturaleza de sus funciones, que deben de estar integradas en el conjunto de las actividades culturales de Estado.

381 - Liquidar la Alianza de las Civilizaciones, integrando sus funciones en instituciones culturales ya existentes, eliminando la duplicidad y la redundancia, así como las contrataciones arbitrarias y el aumento del gasto.

382 - Los fondos del 1% del presupuesto de obras públicas dedicado a inversiones culturales deben ser administrados por el Ministerio de Cultura, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos con criterios de racionalidad y transparencia, dedicándolos a restauración de BICs y compra de obras de arte de autores vivos.

383 - El IVA de los libros electrónicos tendrá el mismo tipo superreducido (4%) que se aplica a los libros en soporte físico, bajo el criterio de neutralidad en la competencia.

11 - POLITICA INTERNACIONAL, COOPERACION Y DEFENSA

11.1 - Europa, relaciones internacionales y política exterior

384 - Pacto de Estado que evite las modificaciones de política exterior cuando cambien los gobiernos, que deberá asumir la defensa de los valores democráticos y de los Derechos Humanos, el cumplimiento de las Resoluciones de la ONU y la defensa de los ciudadanos, de los intereses nacionales y el desarrollo de la diplomacia multilateral, como principios rectores de las relaciones internacionales de España.

385 - El Gobierno debe ser el responsable de la política internacional, con estricto cumplimiento de la Constitución en cuanto al ámbito de actuación del Jefe del Estado y del Gobierno de la nación.

386 - Reforzar la unidad de la acción española en Europa, reformando la Comisión Mixta Congreso-Senado para la UE.

387 - Reforma institucional y regeneración democrática de la UE:

388 - refuerzo del Parlamento Europeo como poder legislativo y representación de la soberanía de los ciudadanos de la UE, con la elección y control del Presidente del Consejo Europeo.

389 - mayores medios para el Poder Judicial Europeo para favorecer su independencia.

390 - listas desbloqueadas para la elección de los Miembros del Parlamento Europeo.

391 - Política fiscal europea común, con la integración progresiva de los sistemas fiscales de los Estados miembros y creación de un Tesoro de la UE capaz de intervenir eficazmente en la política monetaria y las crisis de financiación.

392 - Política Europea de I+D+I que sustituya paulatinamente a los programas nacionales de los Estados miembros.

393 - Política Exterior Europea común que unifique la representación de los países de la UE en los organismos internacionales, con una única interlocución internacional.

394 - Una política migratoria común, con el restablecimiento de la normativa del Espacio Schengen, cancelando las excepciones de algunos Estados miembros, y con una Carta Europea de los derechos de los inmigrantes comunitarios.

395 - Reparto más equitativo entre los países miembros de los costes de control de inmigración en las puertas de entrada a la UE, y desarrollo de una red de centros de acogida de inmigrantes irregulares en todas las regiones europeas.

396 - Incremento de los tratados de la UE con terceros países en materia de inmigración, contemplando aspectos tales como la regulación de flujos migratorios, la cooperación para el desarrollo, acuerdos comerciales, transferencia tecnológica, control y retorno de nacionales.

397 - Introducción de un sistema de "Green Card" que permita a los ciudadanos de terceros países disponer de un permiso conjunto de residencia y trabajo en la UE.

398 - Protección de la integridad territorial de la UE.

399 - Establecimiento de un acuerdo vinculante de todos los miembros de la UE para la defensa recíproca de sus fronteras exteriores y su integridad territorial.

400 - Establecimiento de la obligación de todos los miembros de la UE a la protección y al respeto de sus fronteras interiores y a la integridad territorial de los Estados Miembros, incluyendo el reconocimiento de no alteración de las fronteras en procesos de secesión o independencia unilateral.

401 - Expulsión inmediata de la UE de cualquier territorio que se segregue o independice unilateralmente de cualquier Estado Miembro.

402 - Asunción de un papel activo en la solución del conflicto del Sahara Occidental. Apoyo al pueblo saharaui en el ejercicio del derecho a la autodeterminación, reclamando a Marruecos el cumplimiento íntegro de las Resoluciones de la ONU en la materia, e impulsando en la UE el respeto de los derechos saharauis. Defensa de la ampliación del mandato de la MINURSO a la protección activa de los DDHH en el Sahara Occidental.

403 - Oriente Medio: a) Defensa del derecho del pueblo palestino a un Estado propio viable, en paz y sobre la base de las fronteras anteriores a 1967; b) Defensa del derecho del Estado de Israel a la existencia en paz y a su seguridad dentro de las fronteras reconocidas internacionalmente.

404 - Ayuda a la evolución de Guinea Ecuatorial a un régimen verdaderamente libre y representativo, y control eficaz de la cooperación al desarrollo con ese país, evitando potenciar la corrupción tanto en la cooperación pública como en los contratos privados.

405 - Exigencia del respeto de los Derechos Humanos a todos los Gobiernos, sin excepciones, como fundamento de las relaciones internacionales de España con terceros países.

406 - Apoyo activo a la oposición democrática que lucha en Cuba por instaurar un régimen democrático, tanto en las instituciones y foros internacionales como ante la Administración cubana.

11.2 - Cooperación al desarrollo

407 - Coordinación y complementariedad entre la política de cooperación al desarrollo de la Administración General del Estado con las agencias autonómicas de cooperación internacional y de los ayuntamientos. El Plan Director diseñado por la AECID será el instrumento que rija la cooperación española, y por tanto la cooperación descentralizada no podrá contravenir sus normas. Así mismo el Plan Director deberá cumplir las condiciones de complementariedad con la política de cooperación de la Unión Europea.

408 - Concesión de ayudas públicas a las ONGD de forma transparente, fijando públicamente el baremo meritocrático y publicando las puntuaciones de cada proyecto y programa presentado.

409 - Evaluación y seguimiento de las intervenciones de cooperación al desarrollo, incorporando sus resultados a las intervenciones futuras.

410 - Fomentar la participación de la sociedad civil y del sector privado en la lucha contra la pobreza, incrementando las desgravaciones fiscales por donaciones a fines sociales, y desgravando a las empresas que aporten cooperación técnica.

411 - Acuerdo internacional que permita a los países empobrecidos tener espacios políticos para diseñar sus planes de desarrollo con más flexibilidad, asegurando en la negociación un trato especial y diferenciado a los países en desarrollo, donde se aseguren mayores periodos para la aplicación de los compromisos.

412 - Seguimiento escrupuloso de la aplicación de la Cláusula Democrática de la Unión Europea en la cooperación al desarrollo, sin mermar la cooperación con esos países a través de ONG y sociedad civil no involucrada con el régimen dictatorial, pero supeditando sin excepciones la cooperación bilateral con gobiernos al respeto de éstos a los Derechos Humanos.

11.3 - Defensa

413 - Establecer un gasto en Defensa racional, recuperando los niveles de inversión perdidos durante las pasadas legislaturas para conseguir:

414 - Homologación de las retribuciones de los profesionales de las Fuerzas Armadas con los de técnicos comparables de la Función Pública del Estado. Retribución justa de los servicios extraordinarios y de los prestados en misiones de seguridad ciudadana y antiterrorista. Aplicación equitativa, racional y no arbitraria del Complemento de Dedicación Especial (CDE). Homologación de la situación administrativa del personal de las FAS que pasa a servicios especiales para ser funcionarios de la OTAN.

415 - Mejora de la calidad de vida de los miembros de las Fuerzas Armadas y sus familias, mediante un diseño adecuado de la jornada laboral, los permisos, licencias, vivienda, centros de enseñanza, destinos por consorte, situaciones de desplazamiento por maniobra y a misiones internacionales, así como en los núcleos de vida dentro de las bases o acuartelamientos, donde la actividad militar no debe interferir la vida personal fuera de servicio.

416 - Dotación adecuada de equipos y medios materiales para que las Fuerzas Armadas puedan desempeñar adecuadamente, en buenas condiciones de seguridad, las misiones que se les encomiendan cumpliendo los estándares exigidos por la OTAN. De igual modo se hace necesario revisar y adaptar, en su caso, los programas de armamento aprobados.

417 - La conversión de los puestos de soldados y marineros profesionales en ocupaciones atractivas y laboralmente dignas, orientada a una carrera profesional militar completa, integrada y definitiva.

418 - Reactivar los programas de armamento y material suspendidos, y completar su desarrollo conforme a las demandas reales de los Estados Mayores de nuestras Fuerzas Armadas, dando especial apoyo a la emergente industria española del sector.

419 - Mejora de las capacidades de control y respuesta ante posibles amenazas y riesgos definidos en la Estrategia Española de Seguridad -EES- sobre todo las relativas al ciberespacio.

420 - Equiparación con otros países avanzados del entorno de la figura del reservista voluntario -RRVV- en las FAS, con una normativa clara de activaciones anuales, planes de formación, ascensos y acceso a puestos operativos.

421 - Revisión y modificación de la Ley de la Carrera Militar para ajustarla a la realidad de nuestros Ejércitos, estableciendo un régimen transitorio para corregir los efectos de la integración de escalas, ascensos, etc., así como el reconocimiento, establecimiento y articulación detallada de tres carreras profesionales -Tropa y Marinería, Suboficiales, Oficiales- en un marco de igualdad y de promoción interna por méritos y capacidad, donde un soldado pueda alcanzar el grado de General.

422 - Ley orgánica del régimen disciplinario de las FAS que equipare con equidad y justicia, dentro de las propias especificidades del personal militar, a estos profesionales con cualquier otro de la administración del Estado, homologando el Código Penal Militar con el Código Penal en aquellos artículos y procedimientos que puedan implicar discriminación injustificada o menoscabo de los derechos constitucionales.

423 - Integración de la Justicia militar en el Poder Judicial, tanto de los jueces y magistrados como de sus tribunales. Asesoría jurídica independiente para los miembros de las Fuerzas Armadas, principalmente para las clases de tropa.

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