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Redacción web

¿Actuará el Gobierno para sacar a ETA de las instituciones o volverá a fingir impotencia?

22 de Junio de 2012
El Gobierno, a través del Ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, manifestó el miércoles su discrepancia sobre el fallo del Tribunal Constitucional que legaliza a la formación proetarra Sortu. También ha manifestado la voluntad del Ejecutivo de vigilar a la coalición para evitar que se produzca un fraude de ley. Son unas declaraciones vacías e hipócritas. Vacías porque en realidad no dicen nada. La discrepancia con la sentencia no conduce al Gobierno a ninguna conclusión. Podrían, por ejemplo, proponer un cambio en la Ley de Partidos, como propuso Rosa Díez,  portavoz y diputada de Unión Progreso y Democracia. Vacías también porque vigilar el cumplimiento de las leyes es, precisamente, la tarea principal de cualquier gobierno. E hipócritas porque cuando este último partido propuso una moción para que el Gobierno instara la ilegalización de Bildu y Amaiur (a la luz del comportamiento de estos dos partidos en las instituciones en las que estaban presentes), el PP arremetió contra Díez y su partido con una brutalidad que jamás han empleado contra nadie más.




A la vista de que el Gobierno no estaba cumpliendo con su obligación de vigilar que Bildu y Amaiur cumplieran con la legalidad, UPyD presentó una moción que recogía indicios que permitirían actuar contra ambas formaciones. La campaña que entonces emprendió el Partido Popular, personalizada en la figura de Díez, descendió a niveles abyectos. Poco después, el Gobierno ponía en marcha un plan de reinserción para terroristas que trató de vender como una fórmula para desunir a ETA, cuando en realidad constituye un trato preferente. Y hace apenas unos días se supo que dos jefes etarras se reunieron en Oslo con el prófugo Josu Ternera sin que el Gobierno pidiera su detención, a pesar de que todo apunta a que lo sabía.

En realidad, la estrategia que siguen el Gobierno y el PP en las cuestiones relacionadas con ETA es la misma que sigue con la crisis y las medidas que toma o deja de tomar: fingir impotencia. En respuesta a la moción de UPyD, el PP dijo que no se podía hacer nada para ilegalizar Bildu y Amaiur. Ahora dice que discrepa del TC, pero no propone nada. Los recortes y las subidas de impuestos son cosas que no tienen más remedio que hacer. Si hay algo más peligroso que un gobierno que cree poderlo todo es un gobierno que dice que no puede hacer nada. En el fondo, se trata de una forma sutil de autoritarismo: “la realidad nos impone lo que debemos hacer”. Por supuesto, la realidad es la que el Gobierno diga, y cualquier discrepancia (“dígalo conmigo: res-ca-te”) sólo merece desprecio o descalificación. Así, es natural que el presidente evite el control parlamentario en lo posible y suprima el Debate sobre el Estado de la Nación.
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