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Redacción web

Los españoles piden una solución justa para la crisis

20 de Julio de 2012

Cientos de miles de españoles se echaron ayer a las calles para protestar contra los recortes del Gobierno. Tenían diferentes procedencias, niveles económicos, profesiones, preferencias políticas, pero estaban unidos por el malestar y el rechazo a una política que carga todo el peso de los ajustes sobre la ciudadanía mientras salva los entramados en los que se esconden los principales responsables de la situación del país. El hecho de que en la cabecera de las manifestaciones se dejaran ver precisamente algunos de estos responsables e ilustres miembros del establishment no debe engañar a nadie. Los ciudadanos saben que los sindicatos tienen una gran responsabilidad en el insoportable paro español, que el PSOE no tiene nada creíble que proponer ni que decir sobre la crisis y que IU juega a dos bandas, abandonando cuando le interesa su responsabilidad y renunciando a votar contra los recortes para levantar una pancarta. Los españoles podrán discrepar sobre algunas soluciones concretas, pero ya saben dónde está el problema.

Unión Progreso y Democracia entiende que su papel está en las instituciones para las que ha sido elegido. Es allí donde no ha cesado de plantear sus iniciativas, que le han costado descalificaciones de todos los demás grupos al dirigirse al corazón de los problemas: el modelo territorial del Estado, la politización de la Justicia, la apropiación de las instituciones por parte del bipartidismo y del nacionalismo... En España han fallado todos los controles porque a algunos no les convenía que funcionaran, y cuando UPyD exige responsabilidades pretenden escamotearlas, obligando al partido a acudir a la justicia como en el caso de Bankia. Es una aplastante mayoría la que entiende que este es el problema, y entre ellos están no sólo los que ayer ejercieron su derecho de manifestación, sino muchos de los que libremente decidieron no hacerlo. Para todos ellos trabaja UPyD cada día desde donde debe hacerlo, sin perjuicio de que sus cargos y afiliados, como ciudadanos de pleno derecho, puedan participar a título individual en cualquier acto público.