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Redacción upyd.es

El Gobierno acepta actuar contra la corrupción tras la propuesta de UPyD

2 de Noviembre de 2012


Esta tarde ha tenido lugar en el Congreso de los Diputados un debate de los que no abundan, pero que deberían ser la norma en cualquier parlamento democrático. Un debate leal, ponderado, rico y riguroso en el que Rosa Díez, portavoz de Unión Progreso y Democracia, ha interpelado al Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón en la búsqueda de una solución común a la lacra de la corrupción. No todo ha sido coincidencia, como es natural en cualquier ámbito de la vida y más en el complejo mundo político y jurídico. Pero las diferencias se han expuesto con educación y voluntad de acuerdo. Con pasión, pero sin ánimo de descalificar. Es una muestra perfecta de la utilidad que tienen las instituciones políticas cuando se ponen a disposición de los ciudadanos y no de los intereses particulares. Una muestra, en definitiva, del valor de la democracia.

Las discrepancias que el Ministro ha expuesto se centraban sobre todo en que pudieran quedar excluidos de las listas electorales y ser expulsados de sus cargos públicos, aquellas personas que resultaran imputadas en un proceso judicial. En su lugar, Gallardón ha propuesto que la exclusión se aplique cuando un juez decida abrir juicio oral como forma de evitar que acusaciones maliciosas puedan servir para privar de derechos a personas inocentes. Rosa Díez ha agradecido el tono y el contenido de la respuesta del Ministro y ha aceptado trabajar con el Gobierno en esta línea. El Ministro, además, ha aceptado retirar a partidos políticos y sindicatos los privilegios que actualmente tienen en materia de responsabilidad penal, tal y como pedía UPyD.

Podemos estar ante un primer paso para superar la desafección de los ciudadanos por la política, y en cualquier caso, estamos ante una demostración del sentido de las instituciones democráticas, de cómo las preocupaciones de la sociedad se trasladan al Parlamento, se analizan, se comparten, se debaten y se les busca una solución consensuada.

Interpelación urgente al Gobierno sobre las medidas necesarias para perseguir la corrupción política, eliminando imputados de las listas electorales, evitando que puedan permanecer en sus cargos en el caso de ser formalmente acusados y derogando los privilegios de los partidos políticos en el Código Penal.
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