Madrid, 3 de enero de 2012—El responsable del área internacional de Unión Progreso y Democracia, Fernando Maura, ha pedido a la Autoridad Portuaria tinerfeña «sensatez y proporcionalidad» ante el proceso sancionador que dicho organismo ha iniciado contra unos activistas prosaharuis, según el cual cada uno de los 18 manifestantes podría llegar a ser multado con 60.000 euros por protestar contra la descarga de arena procedente del Sahara.
«La capacidad de manifestarse pacíficamente es un derecho que nuestra Constitución recoge y garantiza para todos los españoles, no podemos permitir que los beneficios comerciales de Marruecos alteren o influyan descaradamente en el ejercicio de ese derecho», dijo Maura.
«En esa dársena del puerto de Santa Cruz se estaba descargando el botín de un verdadero acto de “tráfico de arena”, perpetrado bajo el sol del Sahara ocupado, con el permiso tácito, entre otros países, de España. Asistimos al doble ultraje contra el Pueblo Saharaui, puesto que Marruecos no solo ocupa el territorio del Sahara Occidental, sino que también lo vende por toneladas para hacer playas en otros países, como España o Madeira. Apliquemos las medidas previstas en la legalidad internacional para que esto no se repita».
En su declaración, Maura insistió en que el nuevo ejecutivo español deberá adoptar pronto una postura «contundente y sin ambigüedades» con respecto a la explotación ilegal que Marruecos hace de los recursos naturales del Sahara Occidental, «ocupado a la fuerza desde hace más de 35 años».
Finalmente, el dirigente de UPyD reclamó al nuevo Ministro de Exteriores español, García Margallo, que «no tarde en poner todos los medios diplomáticos y políticos a su alcance para recuperar el prestigio y la posición que España ha perdido con respecto a Marruecos, como consecuencia de la actitud pusilánime y temerosa de gobiernos anteriores».
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