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Argumentos a favor de la sanidad pública

11 de diciembre de 2012
SanidadEl sectarismo es el combustible que ha alimentado a la maquinaria bipartidista de nuestro sistema político. Los análisis, estudios, argumentos y razones nunca han sido tan útiles al PP y al PSOE (no digamos ya a los nacionalistas) como los prejuicios. El debate sobre la sanidad está yendo por estos mismos derroteros: ciertos gobiernos autonómicos de derechas hablan de la gestión privada de hospitales y centros de salud como si fuera la panacea, mientras que en esas mismas CCAA el PSOE y la izquierda radical recurren a los consabidos tópicos y descalificaciones, algunos de tono guerracivilista. El resultado es una sociedad polarizada y un diálogo imposible.

La colaboración público-privada ha existido siempre, en la sanidad y en muchos otros ámbitos de lo público. La cuestión no puede despacharse ni con un "ordeno y mando" ni con un "a las barricadas". Los médicos, enfermeros y demás personal sanitario que se están manifestando contra la privatización de la gestión de la sanidad pública en Madrid están jugando un papel interesante al intentar presentar argumentos sólidos, y no limitarse a las consignas. Contra sus razones, el gobierno madrileño no es capaz de presentar un sólo estudio que justifique la medida, a pesar de la insistencia de Unión Progreso y Democracia.

La defensa de la privatización se apoya en el tópico según el cual una empresa privada gestionará el servicio de forma más eficaz que los poderes públicos, ya que en ello le irá su beneficio. Merece la pena detenerse a analizar este tópico.

Por un lado, no todas las empresas privadas son eficientes. Teóricamente, en un mercado abierto, las que no lo son quebrarán, y las que sí lo son prosperarán. Pero, ¿es la sanidad un mercado abierto a la libre competencia? En realidad, de lo que estamos hablando es de servicios públicos gestionados por la iniciativa privada. El éxito económico dependerá, como sucede demasiadas veces en España, mucho más de las relaciones de la empresa con los gobernantes que de su eficacia. Si el gobierno quisiera llevar este argumento hasta el final, debería proponer el desmantelamiento total de la sanidad pública, un paso que, afortunadamente, no han dado.

En segundo lugar, el tópico presupone que la sanidad pública está mal gestionada. Lo cierto es que el sistema de salud español no es más ineficiente que otros de nuestro entorno. Hay pruebas de que se puede gestionar mejor, que existe despilfarro y en ciertos casos opacidad, pero el gobierno madrileño no puede eludir su responsabilidad en este asunto. Precisamente, su reforma privatizadora es, antes que nada, el reconocimiento de su fracaso. Bajo la gestión de Esperanza Aguirre se abrieron muchos hospitales públicos de gestión pública. Ahora se dice que son ineficaces y se pretende un cambio de modelo sin hacer la más mínima autocrítica. Los propios médicos que se manifiestan denuncian las deficiencias en la gestión pública, pero afirman que la solución no es la privatización, sino trabajar mejor.

En tercer lugar, la sanidad no es un servicio cualquiera. Es bien sabido que, incluso los ciudadanos que pagan seguros privados, cuando tienen una enfermedad grave acuden a la pública. Esto se debe, por una parte, a que allí están los mejores profesionales y los mejores equipos. Y por otra, a que si la enfermedad requiere un tratamiento costoso, el paciente puede estar seguro de que no se lo escamotearán. ¿Cómo estar completamente seguro de que esto no va a suceder si, efectivamente, el hospital en cuestión se está jugando su beneficio? ¿Qué ocurrirá con los pacientes que no sean rentables?

En cuarto lugar, la colaboración público-privada exige transparencia, algo a lo que estamos poco habituados en España, y de la que el gobierno madrileño no está dando muestra alguna. ¿Cómo se va a garantizar que los hospitales estén suficientemente dotados? ¿Cómo se va a asegurar que el servicio tenga la calidad exigible? ¿Qué controles van a existir? Parece que el PP de Madrid cree que a los madrileños debe bastarles con su palabra. La transparencia, además, es esencial para que los ciudadanos estén seguros de que no se aprovecha la reforma para dar negocio a 'amigantes'. La suspicacia, en este caso, está más que justificada en Madrid y en todas las CCAA. Son demasiados los casos que podrían servir de ejemplo.

En quinto lugar, ya hay precedentes de gestión privatizada de la sanidad pública, como el de Reino Unido, que demuestran que en modo alguno está garantizada una mayor eficacia, y que el resultado puede ser que el contribuyente termine pagando aún más que antes.

Finalmente, la reforma en la gestión podría agrandar las diferencias en el servicio sanitario que reciben los españoles según el lugar en el que vivan. Algo que UPyD viene denunciando desde su fundación, y el motivo por el que pide la devolución de esta competencia al Estado.

La sanidad es un servicio público esencial. Todos los ciudadanos vamos al médico con más o menos frecuencia, y la mayoría necesitaremos, antes o después, asistencia hospitalaria. Sin una sanidad pública de calidad, universal y gratuita no existirá en España auténtica igualdad. En un tiempo en el que la brecha entre los ciudadanos que tienen algo y los que no tienen nada amenaza con hacerse insalvable, no podemos permitirnos arriesgar algo tan valioso para la cohesión social y para la misma democracia.

Tengo una pregunta para UPyD: Sanidad en la Comunidad de Madrid

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