Esta moción es formalmente consecuencia de la interpelación urgente que tratamos el pasado miércoles. Pero realmente es consecuencia de una situación insostenible en términos democráticos. En cuarenta y dos ayuntamientos del País Vasco y Navarra gobierna un partido político que los tribunales de Justicia españoles acaban de dictaminar que forma parte del entramado terrorista de ETA.

Se trata pues de corregir una situación que nunca debió producirse. Se trata de instaurar la legalidad en una parte de España en la que los ciudadanos están gobernados por un partido político que forma parte de una banda que tiene como estrategia aniquilar la sociedad plural y democrática.

Se trata de que el Gobierno tome la iniciativa y decida aplicar el artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local iniciando así el procedimiento para disolver los cuarenta y dos ayuntamientos que están gobernados por ANV. Se trata de que se cumpla la voluntad del Legislador que al aprobar la Ley Orgánica 1/2003, de 10 de marzo, para la garantía de la democracia en los Ayuntamientos y la seguridad de los Concejales nos envió un mandato clarísimo:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Hacer efectiva la voluntad política expresada por quienes tienen plena confianza en que el sistema democrático garantiza la adecuada convivencia de nuestra sociedad, y con ello el derecho que la Constitución otorga a todos los ciudadanos, obliga a modificar determinadas normas de nuestro ordenamiento jurídico de manera que se permita hacer realidad la decisión de aislar a los terroristas, garantizando una mayor eficacia en el uso de los recursos de los que puede disponer nuestro sistema político.

No tengo ningún interés en hablar del pasado, en atribuir responsabilidades políticas a quienes permitieron que se produjera y se mantenga esta anomalía democrática. Si acaso lo haré para argumentar frente a quienes parecen empeñados en confundir los términos del debate. Ha dicho el Ministro de Justicia que: “No se puede ilegalizar de forma generalizada los ayuntamientos gobernados por ANV”

No pedimos la ilegalización; eso ya lo ha hecho la Sala 61 del Supremo. Lo que pedimos es que se aplique el artículo 61 de la ley de Bases de Régimen Local de forma generalizada, como no podía ser de otra manera. Lo absurdo (lo contrario a la sistemática de la Ley) fue la aplicación selectiva y calculada de la ley de Partidos que se hizo para permitir que determinadas candidaturas de ANV fueran suspendidas por el Supremo y para posibilitar que en determinados municipios vascos y navarros pudieran presentarse a las elecciones.

Pedimos que se actúe sin dilación, con diligencia, De la misma manera que no entendemos por qué ha tardado el Gobierno 82 días en pedir la ejecución de la sentencia de la sala 61 del Supremo que dictaba la ilegalización de ANV y el PCTV no entendemos por que el Gobierno no se apresura a devolver la legalidad democrática a esos municipios en los que ANV/ETA sigue campando a sus anchas.

El Presidente del Gobierno se ha sumado a este clamor ciudadano con una sorprendente declaración: “El bisturí tiene que extirpar las células cancerígenas del terrorismo pero con cuidado de no rozar el corazón del pluralismo”.

¿Qué significan esas palabras? ¿Es que cree el Presidente del Gobierno el pluralismo tiene algo que ver con el terrorismo? Yo no pido que se disuelvan los ayuntamientos gobernados por ANV porque no me gusten sus ideas políticas. Pido que se disuelvan esos ayuntamientos porque están gobernados por un partido político que según la Sala 61 del Supremo forma parte de ETA.

Después, ya en Bruselas, declaró: “Las cosas hay que hacerlas bien…” garantizando que las iniciativas que se adopten no tengan “ningún reparo jurídico” “El Gobierno hará las cosas bien y a su tiempo”.


¿Qué significa “a su tiempo”? ¿Cuándo “la jugada lo aconseje”? ¿Por qué se empeña el Presidente del Gobierno en sustituir a los jueces? Suena a repetido: antes del 27 de mayo del 2007 el Gobierno nos dijo que no se podían impugnar todas las candidaturas; nos dijeron que sería un despropósito pedir la ilegalización general de ANV, que estaba condenado al fracaso. Después, con la misma legislación en vigor, resulta que sí se podía. ¿Por qué no dejan actuar a los tribunales?

Las cosas hay que hacerlas bien; sí. Pero, sobre todo, hay que hacerlas. Y, sobre todo, no hay que atar de manos a los tribunales que necesitan de la iniciativa del Gobierno para poder actuar en esta materia. No habría mayor irresponsabilidad que eludir la propia y no dejar actuar a quienes pueden hacerlo, en este caso, los tribunales de justicia.


Señorías, dice nuestra Constitución en el Artículo 67.2 que:” “Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo”

Quiero apelar a todos y cada uno de ustedes en su condición de diputados electos, representantes de la soberanía nacional y no ligados a nadie por ningún mandato imperativo, por ninguna disciplina que vaya más allá que su propia conciencia política. Piensen ustedes que lo que hoy se solicita es muy sencillo: que el Gobierno ponga en marcha todos los instrumentos del estado de Derecho para desalojar a ANV, partido miembro de la organización terrorista ETA, de los ayuntamientos en los que gobierna. Piensen ustedes que lo único que hoy se sustancia es pedir al Gobierno que no haga de juez, que deje actuar a los tribunales de justicia, que se coloque al frente de un clamor popular que nos pide que hagamos todo lo que esté en nuestras manos para que la infamia no continúe.

Asumamos cada cual nuestra responsabilidad. Mi tarea ha sido traer a las Cortes esta iniciativa parlamentaria; la suya puede ser apoyarla. Al Gobierno le tocará después actuar. Que nadie nos pueda decir nunca, en un futuro, que cuando tuvimos la oportunidad no hicimos todo lo que estaba en nuestras manos.