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Nota de Prensa

Rosa Diez insta al Gobierno a controlar el destino final de las armas que exportamos

8 de junio de 2010
  • La diputada de Unión Progreso y Democracia, UPyD, insistió en que diversas organizaciones nos han denunciado por seguir vendiendo material, en contra del art. 8 la Ley 53/2007 de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, a países en conflicto como Sri Lanka, Malasia, Pakistán, Colombia, Marruecos, Venezuela, Singapur o Indonesia. ?Debemos fijarnos no tanto en el cuanto, sino en cómo y a quién exportamos las armas?. 

 

  • A su juicio, debemos garantizar la transparencia de las exportaciones de armas de España a terceros países con medidas como un mayor control parlamentario traducido, por ejemplo, en la aprobación previa de las licencias por parte del Congreso de los Diputados como ocurre en Suecia. ?Las actas de las reuniones donde se toman las decisiones para autorizar o no las exportaciones a un determinado país, ahora secretas, en aplicación ?entendemos erróneamente- de la Ley de Secretos Oficiales?.

 

 

 

 

Martes 8 de junio.- Rosa Díez, diputada de Unión Progreso y Democracia, UPyD, destacó la necesidad de contar con las estadísticas sobre la exportación de armas con antelación suficiente para su análisis y acometer, así, con rigor el correspondiente control parlamentario. Dicho esto, la diputada afirmó que la venta de armas es un importante elemento del engranaje de nuestro tejido empresarial ?que aporta notables beneficios a la actividad privada industrial del país?. No obstante, añadió, somos conscientes del aumento -en más de un 22%- del comercio mundial de armas -referido a los últimos cinco años-, lo que nos obliga a exigir el máximo control y celo en la regulación, nacional e internacional, de las referidas producciones, así como su destino final. ?Debemos fijarnos no tanto en el cuanto, sino en cómo y a quién exportamos las armas?. 

 

Así, según el último informe del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo -SEPRI 2009- España es el  sexto país en el  ranking de exportadores, por delante incluso de China, y diversas organizaciones nos han denunciado por seguir vendiendo material, en contra del art. 8 la Ley 53/2007 de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, a países en conflicto, como puede ser Sri Lanka, Malasia, Pakistán, Colombia, Singapur, Indonesia, entre otros.

 

En el caso de Ghana, Diez aseguró que hemos vendido al país subsahariano armas de caza, deportivas, municiones y material policial por valor de 15 millones de euros desde 2004, a los que hay que sumar 3,5 millones del ejercicio 2009 y los 2,3 millones en vehículos todo terreno para transporte de tropas. La diputada llamó la atención sobre las dudas que existen en cuanto a la redistribución de ese material en países del entorno en conflicto, toda vez que, incluso, el Gobierno ha reconocido que parte de esa munición se reexporta a Nigeria, Níger, Togo o Costa de Marfil. ?Son diversas las organizaciones internacionales que han llamado la atención sobre el aumento descontrolado de armas ligeras en ese país?, afirmó.

 

Diez hizo mención especial a  Marruecos y a Venezuela. ?Hay  que recordar que en el art. 8 de la Ley 53/2007, que se refiere a la denegación de las solicitudes de autorización y suspensión y revocación de las autorizaciones, se dice literalmente que las solicitudes de autorización serán denegadas y las autorizaciones, a las que se refiere el artículo 4, suspendidas o revocadas, en los siguientes supuestos:

 

a) Cuando existan indicios racionales de que el material de defensa, el otro material o los productos y tecnologías de doble uso puedan ser empleados en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o regional, puedan exacerbar tensiones o conflictos latentes, puedan ser utilizados de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos, tengan como destino países con evidencia de desvíos de materiales transferidos o puedan vulnerar los compromisos internacionales contraídos por España (?.)

 

Sin embargo, afirmó, nosotros seguimos exportamos al país vecino que ha sido denunciado por Amnistía Internacional por violación de los derechos humanos así como de la restricción de los derechos de asociación o libertad de expresión y a pesar del conflicto abierto con los saharauis que tan directamente nos afecta.

 

En cuanto a Venezuela, no hemos de olvidar que es uno de los primeros países en el ranking mundial en compra de armas y que lidera esa posición en una zona de elevada tensión, donde el incremento en gasto militar ha superado el 150% y la pugna competitiva resulta más que evidente. ?Este país, por ejemplo, ha contratado con España 945 millones de euros para la construcción de patrulleros de litoral y oceánicos. Pero la duda surge en cuanto al uso del material antidisturbios exportado y que asciende a 841.692 euros por parte la Junta Interministerial de Material de Defensa y Doble Uso y su posible uso contra los derechos humanos?.

 

?Nos inquieta también la venta de material a empresas privadas que, supuestamente, tendrán también un uso y fin privado. Se precisa más información en cuanto a su dedicación, utilización o sobre la legalidad de que una empresa privada maneje materiales de defensa, de categoría 1,2,3, e incluso 4 como bombas, torpedos, granadas, botes de humos, cohetes, minas, misiles, cargas de profundidad, cargas de demolición, ?productos pirotécnicos?, cartuchos y simuladores, granadas fumígenas, bombas incendiarias, toberas de cohetes de misiles y puntas de ojiva de vehículos de reentradas?.

 

A su juicio aunque se ha avanzado mucho en la publicación y transparencia de las exportaciones de armas de España a terceros países, necesitamos mejorar en algunos aspectos como adoptar criterios de contabilidad que eviten la excesiva diferencia entre los datos facilitados por el Gobierno y los proporcionados por el propio sector. Para ello, instó al Gobierno a facilitar información exhaustiva sobre las exportaciones autorizadas y realizadas, mejorar significativamente la aplicación de los criterios de autorización, examinar caso a caso y denegar las autorizaciones de transferencias de armas y material de doble uso mientras no existan garantías suficientes e indicios razonables de que el material no contribuirá a la comisión de violaciones de Derechos Humanos o del Derecho Internacional Humanitario.

 

Sería, además, recomendable un mayor control parlamentario, traducido en la posibilidad de la aprobación previa de las licencias por parte del Congreso de los Diputados, como ocurre en Suecia. ?Las actas de las reuniones donde se toman las decisiones para autorizar o no las exportaciones a un determinado país, ahora son secretas, en aplicación ?entendemos erróneamente- de la Ley de Secretos Oficiales?.

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