El PP rechaza la iniciativa de UPyD para dar ayudas a parados menores de 45 sin prestaciones
19 de Junio de 2012
Que el modelo del Estado autonómico no garantiza la igualdad entre españoles es ya casi un lugar común. Por eso conviene recordar con frecuencia en qué se traduce esa desigualdad que hace que los ciudadanos que viven en una comunidad autónoma tengan menos derechos que los que viven en otra. La crisis económica ha llevado a más personas a situaciones de exclusión social o lindantes con ella. Cuando se agotan las prestaciones por desempleo, algunos ciudadanos pueden recibir la Renta Activa de Inserción, y cuando ésta se agota pasan a percibir la Renta Mínima de Inserción. Pero esta última ayuda depende de las CCAA, y como siempre ocurre en España, esto significa grandes discriminaciones.
Álvaro Anchuelo, diputado de Unión Progreso y Democracia, ha explicado en el Congreso - con datos de 2009, últimos disponibles - que en el País Vasco (con una tasa de paro del 13%) perciben la Renta Mínima de Inserción muchas más personas que en Extremadura o Andalucía (con tasas de desempleo superiores al 30%). Además, la cuantía de la ayuda es muy superior en la primera (640 euros al mes) que en las últimas (395 y 383 euros al mes respectivamente). También hay diferencias en la duración. En resumen, los parados de larga duración en España reciben una protección muy diferente según el lugar donde vivan.
Anchuelo ha defendido en la Comisión de Empleo y Seguridad Social una Proposición No de Ley que insta al Gobierno a extender la Renta Activa de Inserción a los desempleados menores de 45 años, convirtiéndola en un programa permanente que protegiera a los ciudadanos con más dificultades para encontrar empleo independientemente de su edad. Además, ha pedido que la Renta Mínima de Inserción (el último “salvavidas” para las personas que ya no cobran ningún otro tipo de ayuda) sea homogénea en todas las CCAA. “La protección es menor donde el problema de paro es mayor”, ha denunciado Anchuelo, quien se ha referido al informe Foessa de Cáritas, que por su propia cuenta ha llegado a conclusiones parecidas a las de UPyD. Dicho informe dice en la página 27 de su resumen:
El Estado de Bienestar en general, y también en el caso español, tiende a contenerse y retirarse en favor de otros agentes territoriales (regiones, autonomías) e institucionales (mercado y Tercer Sector), así como a impulsar una creciente externalización de la gestión que, en conjunto, producen problemas de fragmentación y déficit de coordinación en las políticas sociales que afectan a la igualdad en el ejercicio de los derechos sociales.
Este párrafo es un ejemplo muy acabado de cómo un mal diseño institucional tiene efectos muy negativos sobre las vidas de las personas, y en especial de los más desfavorecidos. Desgraciadamente, el PP no ha querido poner solución a este problema y ha impedido que la propuesta salga adelante.
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