La separación de poderes es una de las bases fundamentales de la democracia moderna. Significa que cualquier persona tiene la garantía de que los jueces a los que puede acudir en demanda de justicia, o que un día puedan juzgarle, no trabajan para el gobierno ni son delegados de los partidos políticos. También que las leyes que aprueban los parlamentos serán aplicadas con rectitud por los tribunales y hechas cumplir por el gobierno. Pues bien, este principio elemental, sin el cual no podemos hablar de verdadero Estado de Derecho, corre serio peligro en España debido a las intromisiones de los principales partidos políticos en el poder judicial, y a causa de la constante manipulación de la fiscalía del Estado para que sirva a los intereses políticos del partido del gobierno de turno. El resultado ha sido una verdadera degeneración del sistema constitucional.


En España, las leyes aprobadas por el Parlamento se convierten con pasmosa facilidad en textos tan elásticos que no obligan a nada a las instituciones, se trate de la Ley de Partidos o de la llamada Ley de Banderas, mientras normas de rango muy inferior se aplican con inflexible dureza a los ciudadanos particulares. La igualdad ante la ley es un principio de vigencia muy discutible en nuestro país, empeorado por una nube de normativas autonómicas que demasiado a menudo convierten la Constitución en papel mojado: por ejemplo, el derecho de los niños a recibir educación en su lengua materna, absolutamente ignorado por las leyes educativas en algunos territorios de hegemonía nacionalista, como es el caso de Cataluña. En el País Vasco, los ciudadanos asistimos perplejos al constante desprecio y desprestigio de los tribunales de justicia por un gobierno que pone mayor empeño en reclamar impunidad y atacar a los jueces que en detener a los terroristas. En los últimos años hemos asistido, entre atónitos e indignados, a constantes intromisiones del gobierno y de los partidos políticos en el trabajo de los tribunales que deberían garantizar la imparcialidad de la justicia y la igualdad ante la ley, principios sin los cuales no hay democracia. En relación con el dictamen de posible inconstitucionalidad del Estatuto de Cataluña, los recientes intentos de obligar al Tribunal Constitucional a alinearse con las tesis del PSOE o del PP, recurriendo a la recusación de los jueces que se consideran más o menos alejados o cercanos a las posiciones de cada cual, no sólo daña al Tribunal Constitucional paralizando su trabajo, sino que contribuye a deteriorar el funcionamiento de todas las instituciones democráticas y a debilitar la pobre confianza de la ciudadanía en la administración de justicia y en la propia vigencia efectiva de la Constitución.


Unión Progreso y Democracia (UPyD) es un partido político nuevo que nace con la intención de modificar este estado de cosas, considerando que pone en peligro el sistema democrático en España. Nos preocupan especialmente los ataques contra la autonomía del poder judicial y los intentos de convertir a los jueces en delegados de esos viejos e insaciables partidos políticos que aspiran a controlarlo todo sin el menor escrúpulo por los daños al bien común del país que causen en el intento.

Hoy, seis de diciembre de 2007, Día de la Constitución, Unión Progreso y Democracia (UpyD) ha convocado esta concentración ante la sede del Tribunal Constitucional para apoyar la autonomía de la justicia, pedir la mejora constitucional de la separación de poderes y protestar contra las intromisiones de cualquier partido político en la administración de justicia. No son reclamaciones de derecha o de izquierda, sino principios generales que compartimos todos los partidarios del progreso y de mejorar la democracia.


Pensamos que estos objetivos requieren una reforma de la Constitución que logre reforzar la autonomía de jueces y tribunales, así como conseguir la independencia de la fiscalía, eliminando la intervención de los partidos políticos en la elección de los miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial, y restaurando las previsiones originales de la Constitución que encomendaban a los jueces la elección de sus representante. UPyD no pretende nombrar a jueces y fiscales que representen sus intereses o ideas. Sólo queremos impulsar las reformas constitucionales necesarias para desterrar esos vicios, y restaurar los principios pervertidos por malos desarrollos legislativos, como el que alteró la elección del Consejo General del Poder Judicial dando a los partidos representados en las Cortes la potestad de nombrar a los magistrados. Un propósito que, según pensamos, impulsará mejor un partido nuevo como el nuestro, sin hipotecas ni compromisos que le aten al pasado.

Queremos reafirmar aquí y ahora nuestra confianza en conseguir una mejor separación de poderes, y en la independencia de jueces, fiscales y tribunales de justicia. La una y la otra pueden ser mejorados mediante reformas constitucionales. Hoy en día, la defensa de la Constitución de 1978 exige reformarla en algunos capítulos importantes para conseguir la permanencia de su espíritu. De lo contrario, de proseguir las intromisiones y manipulaciones de los poderes establecidos en uno de los pilares esenciales de la democracia, nos arriesgamos a que la hermosa palabra democracia se convierta, en nuestra casa común, en un sonido sin ningún significado verdadero.