En España alcanzamos la increíble cifra de ¡10.000! aforados, lo cual contrasta abiertamente con otros países de nuestro entorno como Portugal e Italia, en los que no existe más aforado que el Presidente de la República, Francia, en el cual existen 10 aforados (el Presidente de la República, el Primer Ministro y sus Ministros) y otros, como Alemania o Reino Unido, en lo que no hay un solo aforado en la actualidad.

Como en todo caso en el que hay unas víctimas de unos hechos delictivos, hay unos concretos delincuentes, sobre los que ha de recaer la responsabilidad de lo sucedido: todos aquellos que diseñaron, implementaron y comercializaron las participaciones preferentes, conscientes de que se trataba de un producto tóxico. Pero también hay unos cooperadores necesarios, que autorizaron y encubrieron la trama delictiva: la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España. Todo ello, como puede imaginarse, con el conocimiento del anterior Gobierno y en el seno de su política económica.

No nos cansaremos de repetirlo: para tener una democracia de calidad es imprescindible contar con una justicia independiente, pues sin la misma será imposible combatir de forma efectiva la corrupción.

Es mucho lo que lo que está en peligro y es urgente adoptar medidas contundentes y decisivas. Ya ha pasado la hora de las declaraciones de principios o de los acuerdos partidistas, debiendo acometerse profundas reformas legales que sirvan para combatir eficazmente esta lacra, que pone en cuestión el propio Estado de Derecho y lastra seriamente nuestra economía.

De un tiempo a esta parte venimos observando que los distintos Gobiernos, de uno u otro color, hacen una utilización espuria de la prerrogativa del indulto, que en algunos casos no se concede por razones de justicia, equidad o utilidad pública, sino por inconfesables motivos que nada tienen que ver con su verdadera finalidad, tales como compensar determinados favores o beneficiar a cargos públicos o empresarios vinculados con el poder, lo que transmite una imagen de absoluta arbitrariedad.

Ante las evidentes disfunciones que presenta el funcionamiento de la justicia en nuestro país, resulta imprescindible residenciar en el Ministerio de Justicia, en cuanto administración común a todos los españoles, la competencia para el diseño, creación, organización de los servicios y establecimiento de las dotaciones básicas tanto de las Unidades Procesales de Apoyo Directo (UPAD) como a los Servicios Comunes Procesales, dando una estructura coherente y armonizada a la Oficina Judicial.

Ha pasado ya el momento de hacer declaraciones, de impulsar estudios o comisiones o de ampararse en propuestas fallidas o absolutamente residuales (como, por ejemplo, la propuesta por el Gobierno del "código de buenas prácticas" bancarias) y de dar soluciones reales y globales a un problema que amenaza con derrumbar el estado de bienestar y crear una enorme conflictividad social.

Este delito es un instrumento esencial para la represión de unas conductas que, lejos de carecer de "suficiente entidad", suponen un auténtico desafío para el orden constitucional y una transgresión del orden jurídico constituido, por afectar, subvirtiéndolo, al Estado, encarnación organizada de la soberanía nacional en sus poderes e instituciones y, por lo tanto, un ataque directo contra la Democracia, que con tanto esfuerzo hemos construido los españoles.

Un vez más el Gobierno, bajo el pretexto de la crisis, recorta sin paliativos un servicio público esencial, en este caso la Justicia. Y lo vuelve a hacer con carácter previo a otras medidas necesarias y eternamente pospuestas...

Moción, consecuencia de interpelación, sobre la promulgación de una Ley estatal sobre la custodia compartida de los menores en los procedimientos de separación y divorcio que, atendiendo al interés superior de los hijos y a la igualdad de los progenitores, fomente la conciliación y la corresponsabilidad parental.

La querella se interpone contra todo el consejo de administración por la presunta comisión de los delitos de estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas anuales, administración fraudulente o desleal y maquinación para alterar el precio de las cosas.

Sin ánimo de exageración alguna puede decirse que las televisiones públicas autonómicas son hoy en día, y con carácter general, insostenibles desde un punto de vista financiero y uno de los factores que están incidiendo en el preocupante deterioro de las cuentas de las Comunidades Autónomas

El presupuesto de Justicia dice tener unos objetivos para los que no tiene medios

Proposición no de Ley relativa a las modificaciones legales necesarias para el establecimiento a nivel nacional de la custodia compartida de los menores como modelo preferente en los procedimientos de separación y divorcio.

En el actual contexto sería imprescindible proceder a la elaboración de un Plan Nacional para acabar con las duplicidades y el despilfarro y realizar un análisis en profundidad del mapa competencial de los distintos entes territoriales, a fin de evitar que sean las instancias europeas las que finalmente nos las acaben imponiendo para impedir la definitiva quiebra del Estado.

"Tenemos que combatir el discurso legitimatorio de la historia de ETA"

Unión Progreso y Democracia (UPyD) ha registrado una proposición no de ley (PNL) en el Congreso que pide al Gobierno que recupere por ley las denominaciones oficiales en castellano de provincias, ciudades, municipios y accidentes geográficos

UPyD pide al Congreso de los Diputados que inste al Gobierno a elaborar una ley nacional que proteja los topónimos oficiales en castellano frente a su eliminación en algunas CCAA

Moción presentada, que se debatirá el martes 21 de febrero, en la que se enumeran todas las pruebas que acreditan la instrumentalización de Bildu y Amaiur por ETA/Batasuna

El objeto de la presente litis consiste en la impugnación de los acuerdos adoptados por la Comisión Coordinadora del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra (en adelante "Comisión Coordinadora") el pasado 7 de mayo de 2012,

Proposición de Ley Orgánica de modificación de las leyes orgánicas 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial en relación a las normas forales fiscales vascas.