El PP ha pactado con CiU y UPyD en el Congreso añadir al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2012 las enmiendas presentadas por ambos grupos reclamando incluir los programas de actuación en materia de inserción laboral de personas discapacitadas entre las actividades prioritarias de mecenazgo.

Como ya lo hizo en su Resolución del 12 de mayo de 2011 sobre "Liberar el potencial de las industrias culturales y creativas", el Parlamento Europeo se ha vuelto a pronunciar esta mañana de manera casi unánime a favor de un Tratado internacional de carácter vinculante en materia de de derechos de autor sobre los libros y las obras impresas destinados a las personas ciegas y con discapacidades visuales.

La Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados ha sido premiada por el Foro Justicia y Discapacidad, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el apartado institución.

El Grupo de Discapacidad de Unión,Progreso y Democracia (UPyD) considera "inadmisible" la decisión de la Generalitat de Cataluña de suspender dos meses los pagos a residencias de mayores y centros de discapacitados concertados de la Comunidad.

El sábado 10 de septiembre, de 18:00 a 20:00, en la Plaza de Jacinto Benavente, en Madrid, tendrá lugar la V Marcha por la Visibilidad de las Personas con Diversidad Funcional.

Representantes con discapacidad de los principales grupos políticos han coincidido en señalar la importancia del papel de su cargo público como agente de cambio social, durante un encuentro organizado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en Madrid con motivo de las próximas elecciones autonómicas y locales.

UPyD ha pedido en el Congreso de los Diputados que se adapten las pruebas orales para que los tartamudos puedan presentarse a las pruebas de acceso a la función pública en igualdad de condiciones.

La diputada de UPyD y portavoz del Grupo Mixto en la Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad, Rosa Díez, se reunió el pasado 1 de abril con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y sus organizaciones para conocer las demandas y peticiones del sector social de la discapacidad.

gt.discapacidad@upyd.es

Los profesionales de los servicios sociales públicos se lamentan con frecuencia de que este pilar del Estado de bienestar es la cenicienta entre los cuatro existentes -con las pensiones, la educación y la sanidad-.

Hace 22 días que familiares y trabajadores de un centro de discapacitados psíquicos de Madrid mantenemos un encierro porque han echado a los chicos con la excusa de que el edificio estaba mal.

El envejecimiento de la población y la entrada de la Ley de Dependencia han puesto de manifiesto la necesidad de contar con un sistema sociosanitario bien engrasado. Ya hace algunos años que se habla de ello, pero no hay ni una primera piedra que inaugurar.

Las sentencias de los tribunales por causas relativas a la Ley de Dependencia van cayendo como un goteo, hoy Valencia, mañana Cataluña. Otras están atascadas en los juzgados, a la espera de una firma, una decisión.

Los dependientes moderados que solicitaron sus ayudas hace más de seis meses deberían haber empezado a recibirlas el 1 de enero. No ha sido así, ni lo será inmediatamente.

El Ministerio de Sanidad y Política Social ha recortado el presupuesto destinado a los Ayuntamientos para que cubran las emergencias sociales, mucho más saturadas ahora por culpa de la crisis.

En 2025 habrá en España casi 2,5 millones de personas entre los 80 y los 90 años, la edad en que suelen ingresar en las residencias geriátricas. No habrá plazas para ellos.