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Manifiesto

Por qué un nuevo partido

Partimos de un supuesto revolucionario: que los ciudadanos no nacen siendo ya de izquierdas o de de derechas ni con el carnet de ningún partido en los pañales. Vamos aún más lejos,a riesgo de escandalizar a los timoratos: consideramos a los ciudadanos capaces de pensar por sí mismos y de elegir en consecuencia, de acuerdo con las ofertas de los partidos y su experiencia de la situación histórica que vivimos. Por tanto no creemos que nadie esté obligado a votar siempre lo mismo o a resignarse a las opciones políticas vigentes, cuando ya le han decepcionado anteriormente.

Ser considerados de izquierdas o derechas no nos parece el centro del problema, aunque nos apiadamos cordialmente de quien carece de mejores argumentos para descalificar al adversario. En realidad, ni la izquierda ni la derecha son ideas platónicas, invulnerables al paso del tiempo y a los cambios sociales. Cuando hablamos de izquierda o derecha no estamos refiriéndonos a la Guerra Civil, ni a la Segunda Guerra Mundial, ni a la Revolución Rusa o Francesa... sino a los muy concretos partidos que se ponen esa etiqueta en el día de hoy. Y resulta evidente que ha habido notables transformaciones: por ejemplo, ayer la izquierda y la derecha parecían representar clases o niveles económicos, pero hoy abundan los multimillonarios estruendosamente izquierdistas (sobre todo en medios de comunicación o artísticos) y asalariados modestos que son belicosamente derechistas. Nosotros no tenemos reparo en declarar que si ser de izquierdas ahora es apoyar en España las exigencias nacionalistas o separatistas, la asimetría regional o el diálogo político con los terroristas, y en política exterior tener como referentes a Fidel Castro o Chávez... entonces somos de derechas. Y que si pertenecer a la derecha exige considerar la homosexualidad una enfermedad (y el matrimonio entre personas del mismo sexo una indecente aberración), un delito el aborto o la experimentación genética con fines curativos, y tener a los padres por exclusivos responsables de la formación ética de sus hijos aún en cuestiones cívicas, además de estar obligados a apoyar la invasión de Irak, o a considerar inalterable la distribución de la renta y resignarse ante la pobreza de millones de hombre y mujeres... pues entonces no habrá más remedio que ser de izquierdas.

Para evitar este falso dilema, nosotros preferimos hablar de progresismo en vez de izquierda o derecha. Ser progresista es luchar contra las tiranías que pisotean la democracia formal, así como contra la miseria y la ignorancia que imposibilitan la democracia material. Y ni los actuales partidos de izquierda ni los de derechas tienen el monopolio del progresismo, aunque ambas tradiciones políticas han contribuido a él. A nosotros nos gustaría ser capaces de aprovechar los elementos positivos de unos y de otros, pero sin tener que cargar con sus prejuicios y resabios reaccionarios, que existen en los dos campos. No denunciamos que los partidos actuales lo hagan todo mal, sólo señalamos que ninguno lo hace tan bien como para que debamos renunciar a buscar alguna alternativa mejor. Ser progresista, además, significa creer que la actividad política puede y debe mejorar las condiciones de nuestra vida como colectividad: a algunos no les interesa la política más que como medio para defenderse del Estado, pero nosotros queremos lograr por medio de la política un Estado que nos defienda mejor a todos. Los ciudadanos no podemos excluirnos de la vida política, ni refugiarnos cuando no nos gustan las leyes o las decisiones gubernamentales en la abstención o en la renuncia a exigir el respeto a nuestros derechos y libertades. Porque, queramos o no, sí que es en nuestro nombre como se legisla o se gobierna: luego no hay más remedio que implicarse para que nuestras ideas tengan voz y estén lo mejor representadas que sea posible. Por eso emprendemos esta aventura y recabamos el apoyo de nuestros conciudadanos.

Para qué este nuevo partido

La base de la ciudadanía democrática es la igualdad en libertad: iguales leyes para todos y todos iguales ante las leyes. Este objetivo exige, como es lógico, la cohesión institucional y simbólica del Estado encargado de definir y garantizar los derechos concretos de los ciudadanos. Pues bien, creemos que esa igualdad está hoy amenazada en España, fundamentalmente por culpa de los excesos de un modelo territorial sometido a constante desbordamiento por las pretensiones nacionalistas.

Tales exigencias en perpetuo crescendo han contagiado en gran medida al resto de los grupos políticos dentro de cada Comunidad Autónoma. El separatismo –al menos retórico- es contagioso y los no nacionalistas se apresuran a mostrarse aparentemente tan identitarios como los demás, por miedo a perder los votos de una mayoría que no entiende ya la defensa de lo suyo más que como un desafío a lo de todos. En consecuencia, las atribuciones del Estado se desdibujan y cuando trata de imponer su autoridad parece que atropella los santos derechos regionales. En las escuelas se subrayan todas las diferencias como fundamentales y eternas, mientras se muestra lo común que nos une como algo impuesto y transitorio. Lo propio es siempre víctima de lo común, lo que no pertenece a nuestra demarcación no existe o es una amenaza. La bienintencionada descentralización autonómica se ha convertido en licencia para fabricar algo así como virtuales miniestados regidos por burocracias arrogantes, quisquillosas...e inamovibles.

Esta peligrosa deriva se muestra especialmente dañina en lo tocante al uso y aprendizaje de la lengua española. Un Estado de Derecho necesita una lengua común, cuyo empleo no sólo es elección personal sino ante todo instrumento político para la realización dialéctica de la propia democracia. Todas las lenguas de nuestra nación son respetables y dignas de fomento, pero la castellana es además imprescindible como vehículo de entendimiento general y debate de las cuestiones que atañen a toda la comunidad. La enseñanza pública tiene que considerarla así y no como una más entre otras, cuando no como un molesto accesorio que sólo se llega a ofrecer a los estudiantes tras muchos y difíciles requerimientos. Por supuesto, los que más padecen del arrinconamiento docente del castellano son los económicamente menos favorecidos y los inmigrantes, es decir los que necesitan la lengua para integrarse laboral y socialmente en el marco estatal más amplio posible y no tienen recursos para acudir a escuelas privadas en las que recibirán docencia en la lengua que mejor les convenga.

Nosotros estamos, naturalmente, por la España plural de los ciudadanos iguales y distintos, pero no por la España asimétrica de los territorios enfrentados, radicalmente contraria al principio democrático de igualdad. No queremos un Estado de Derecho uniforme ni mucho menos uniformado pero sí desde luego unitario y descentralizado. El fetichismo de la diferencia a ultranza nos parece una insigne majadería política, de la que viven unos cuantos iluminados y numerosos mangantes de la política local. Creemos que en España se está reeditando el viejo caciquismo, es decir, que dueños cuasi-feudales de cada región hacen y deshacen en su territorio halagando el narcisismo localista y comprando luego la benevolencia gubernamental a base de apoyos hábilmente negociados en el parlamento estatal. Por ello uno de nuestros objetivos es conseguir un peso suficiente en el Parlamento español como para poder contribuir a formar alternativas de gobierno libres de hipotecas nacionalistas.

Pero la igualdad de los ciudadanos tiene también otras amenazas. Un Estado democrático tiene que ser laico, es decir, neutral ante todas las creencias religiosas respetuosas con los Derechos Humanos y con nuestro sistema jurídico, y también ante la creencia de los que no creen en religión alguna. El laicismo no es una postura antirreligiosa ni irreligiosa (hay laicistas muy creyentes) sino opuesta solamente a la manipulación teocrática de las instituciones públicas. El Estado laico reconoce la fe religiosa como un derecho de cada cual –sometido únicamente a las leyes civiles pero no como un deber de nadie y mucho menos de los poderes públicos en tanto legislan, educan o financian diversas actividades culturales. La manifestación pública de las religiones es perfectamente lícita pero debe efectuarse siempre a título privado, no como obligación colectiva o institucional. Por tanto es evidente que en la escuela pública no deberían darse cursos de ninguna religión, lo mismo que tampoco deberían ofrecerse lecciones de ateísmo. Nosotros, en pos de la igualdad de todos los creyentes y no creyentes, quisiéramos alcanzar un Estado realmente laico, en el que ninguna religión perdiera sus derechos pero desapareciesen los privilegios actuales de ciertas confesiones, que en ocasiones convierten el interés general en rehén de creencias particulares. De la misma manera, quisiéramos un Estado también laico en materia identitaria, donde las instituciones no presionen ilícitamente a los ciudadanos para que se integren contra su voluntad en determinado modelo de identidad, supuestamente cultural o lingüística pero normalmente nacionalista.

Por supuesto, la desigualdad entre los ciudadanos tiene también a veces causas económicas. Nosotros creemos que toda riqueza es social y se debe en último término a la sociedad, aunque provenga de la iniciativa individual que lícitamente se beneficia de ella. La mejor forma de redistribuir la riqueza socialmente acumulada son unos efectivos y accesibles servicios públicos para atender cuestiones básicas: educación, sanidad, comunicaciones, transporte, asistencia social a niños, minusválidos y ancianos, pensiones, etc... Unos servicios que han de tener calidad y deben gestionarse con eficiencia, evitando derroches en los recursos, mediante la concurrencia de los sectores público y privado, adoptándose las fórmulas que mejor respondan a los objetivos de atención a todos los ciudadanos y que, en todo caso, estarán sujetas a la supervisión del Estado. Los ciudadanos deben tener las mismas oportunidades de acceso a esos servicios y un mismo tratamiento en ellos, con independencia del lugar en el que residan, para lo que hay que asegurar una equitativa financiación pública, eliminándose los privilegios que hoy día otorgan los sistemas de Concierto en el País Vasco y Navarra, y los que se pretenden imponer a través de las reformas de los Estatutos de Autonomía. Y, por otra parte, la redistribución de la riqueza requiere que el sistema fiscal mejore su control sobre todas las fuentes de renta y no penalice, como ocurre actualmente, a los trabajadores asalariados mientras privilegia a los perceptores de rentas del capital. El refuerzo de los servicios públicos y la seguridad social –no permitiendo que se deterioren por dejadez intencionada para fomentar luego su privatización- ha de ser una de las prioridades de nuestro partido.

En resumen: un nuevo partido para garantizar la unidad institucional y la coordinación tanto legal como fiscal del Estado de Derecho, así como su rigurosa laicidad y optimización de servicios públicos, a fin de posibilitar la real igualdad de los ciudadanos en el ejercicio de sus libertades democráticas.

Primeras propuestas

Avanzamos algunas de nuestras propuestas principales:
  1. Reforma de la Constitución, centrada en tres ámbitos principales:
    1. cierre del modelo territorial mediante la atribución al Estado de un conjunto de competencias fundamentales (por ejemplo educación y fiscalidad, además de las que tiene actualmente) que no deben ser delegadas. Igualdad básica de competencias para todas las Comunidades Autónomas. Desaparición de la referencia a los "derechos históricos" y de la disposición transitoria cuarta relativa a la eventual fusión de la CAV y la Comunidad foral de Navarra.
    2. mejora y refuerzo de los derechos y obligaciones individuales, que deben ser estrictamente iguales para todos los ciudadanos del país, sin someterlos a discriminaciones territoriales, ideológicas ni religiosas, así como a políticas de supuesta "normalización lingüística" o a precedencia de los nativos sobre los inmigrantes de otras partes de España.
    3. mejora de la división de poderes, en especial reforzando la autonomía del poder judicial respecto al ejecutivo (revisión del papel del Fiscal General, por ejemplo) y el legislativo, consolidando la unidad del sistema judicial en todo el país y evitando su despiece en sistemas autonómicos independientes. También deben buscarse fórmulas que garanticen la independencia y profesionalidad del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas y de los Órganos Reguladores de carácter económico, eliminando su dependencia del poder ejecutivo.
  2. Para hacer efectiva la laicidad del Estado, revisión de los actuales acuerdos concordatarios con la Santa Sede y con las demás confesiones religiosas.
  3. Reforma de la Ley Electoral, que deberá corregir la desproporcionada representación de los grandes partidos revisando el sistema de circunscripciones electorales y acabar con la excesiva preponderancia de los partidos nacionalistas, a los que se concede en la práctica un poder de arbitraje que da origen a la extensión de lo que hemos llamado "nacionalismo obligatorio", así como de sus imitaciones regionalistas.
  4. Promover cuantas medidas políticas aumenten y refuercen la calidad de la educación pública laica y de la investigación científica y se opongan a la difusión del fanatismo y de la ignorancia, incluyendo la introducción de asignaturas concebidas para enseñar los principios éticos y políticos comunes a todos los españoles con independencia de su lengua materna, lugar de residencia o creencias religiosas e ideológicas. En este sentido, reclamaremos el escrupuloso cumplimiento del derecho a la escolarización en la lengua materna, atacado y negado en varias comunidades autónomas, y nos opondremos a toda medida de discriminación política y social basada en supuestos lingüísticos considerados normalizadores por el nacionalismo, defendiendo en cambio la normalidad de la prevalencia de la lengua común sobre la particular, que si bien debe ser reconocida, protegida legalmente y empleada por la Administración para garantizar el bilingüismo donde éste exista realmente, de ningún modo debe imponerse a los ciudadanos como requisito indispensable para ejercer cualquier empleo público o tener un negocio privado.
  5. Medidas de regeneración democrática que vinculen más estrechamente a los representantes políticos con sus representados –examinando la posibilidad de introducir un sistema electoral con listas abiertas, la elección directa de los cargos personales principales como presidencias de gobiernos (nacional y autonómicos) o alcaldías, la limitación de mandatos-, e introduzcan incompatibilidades más rigurosas entre el ejercicio de cargos públicos y negocios privados. También propondremos medidas que prevengan pactos poselectorales que desvirtúen o tergiversen el resultado electoral, que hagan más transparente la financiación de los partidos políticos y mejoren su autonomía de los grandes poderes económicos.
  6. Medidas para combatir el terrorismo que pongan el énfasis en la derrota de ETA y de las demás organizaciones terroristas, combatiendo sus acciones violentas, persiguiendo su financiación e impidiendo su justificación política e ideológica. En sus peores manifestaciones, el terrorismo debe ser considerado un crimen contra la humanidad, de manera que los delitos terroristas sean imprescriptibles y sujetos a jurisdicción universal. En ningún caso debe ser considerado como una forma aceptable o justificable de la acción política, y debe ser proscrito en todas las sociedades.
  7. Medidas económicas y sociales que, respetando la estabilidad macroeconómica, promuevan el desarrollo y la competitividad de la economía española, corrigiendo las desigualdades regionales. El Estado ha de mejorar la educación, formación y seguridad de los trabajadores, propiciar por medio de las infraestructuras la integración del mercado interior, favorecer la investigación y la innovación en las empresas, y garantizar la libertad económica el ejercicio de la competencia.
  8. Política internacional sensible a las transformaciones consecuencia de los procesos de globalización e integración mundial, incluyendo el intercambio de grandes poblaciones de distinta tradición cultural a través de la inmigración económica y política, con vistas a lograr que estos grandes cambios, en lugar de favorecer la intolerancia cultural, el fundamentalismo religioso y la tiranía política, impulsen el progreso de la humanidad y el libre desarrollo de la civilización y de los principios democráticos universales en todo el mundo. Que, por otra parte, corrija el apoyo prestado a regímenes autoritarios o populistas tanto en Latinoamérica como en el norte de África, dando una respuesta justa y equitativa a la deuda moral que los españoles tenemos contraída con el pueblo saharaui. Que, afirmando la soberanía nacional en los foros internacionales, promueva también la profundización de la integración europea, fortaleciendo a la Unión Europea en los terrenos político y de defensa para que los europeos podamos encontrar el lugar que nos corresponde en el concierto internacional. Con respecto a Europa, queremos afirmar nuestra confianza en la consecución de una Unión profundamente democrática, que progrese en la abolición de las fronteras interiores, favorezca la libertad de circulación y residencia de los ciudadanos europeos y persiga la convergencia fiscal, jurídica y educativa de los Estados europeos.
  9. Medidas racionales en política medioambiental que hagan compatibles el desarrollo económico y tecnológico con la protección del medio ambiente y especialmente de la biodiversidad, potenciando el ahorro energético, la investigación del cambio climático y las posibles medidas correctoras, la mejora de la legislación protectora de espacios naturales, y la mejora progresiva de la calidad ecológica de las ciudades y del conjunto del territorio, oponiéndonos a la destrucción del litoral y de áreas naturales sensibles por una urbanización abusiva o usos inadecuados.

Conclusión

Ninguno de los grandes partidos nacionales actuales -menos aun los nacionalistas- defiende propuestas equivalentes a las nuestras. Su firmeza contra el nacionalismo obligatorio resulta discutible, pues ninguno ha dejado de hacer concesiones que atacan la igualdad de la ciudadanía española en materia lingüística, educativa, fiscal o de servicios públicos. Tampoco ninguno propone la reforma de la Constitución que, lógicamente, necesita adaptarse a las nuevas condiciones políticas del país y a un mundo en permanente cambio. Ni propugnan una reforma de la legislación electoral que quizá perjudicase sus expectativas, a pesar de que mejoraría la democracia al conseguir una representación más proporcionada de las corrientes sociales existentes, combatiendo el auge de la abstención y de la aversión a la política. Ninguno insiste en profundizar el laicismo del Estado para hacer frente al auge del fundamentalismo religioso, a las intromisiones exageradas del clero en la enseñanza pública y a la multiplicación de políticas identitarias que pretenden dictar los sentimientos de pertenencia y comunidad. Ninguno, finalmente, está interesado en proponer reformas que revitalicen la democracia mermando el poder de los aparatos de los partidos en beneficio de una deliberación pública y abierta, más allá de la alienación sectaria y del dogmatismo carente de ideas.

Estas son, en cambio, las propuestas que hace nuestro partido. Sólo aspira a existir mientras sea necesario para resolver los problemas que nos preocupan. Nos obliga a nacer el inmovilismo conformista de los partidos ya existentes, y estamos convencidos de que las reformas que proponemos son indispensables para hacer frente con éxito a la disgregación del Estado, para conseguir la derrota del terrorismo sin pagar precio político alguno, y sobre todo para aumentar la libertad e igualdad de todos nosotros. Creemos que estas ideas y objetivos políticos no son, en sí mismas, ni de izquierdas ni de derechas, sino que pueden ser compartidas por cuantos quieren el progreso de nuestro país, España, y una democracia más libre e igualitaria que lo haga posible.

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