upyd logo
A+  |  a-  |  Restaurar
Síguenos: Facebook  |  Twitter  |  G+  |  Tuenti
Inicio > ¿Qué defendemos? > Resoluciones políticas del 2° Congreso UPyD (2013) > Resoluciones políticas Primer Congreso > Reforma de la Constitución, de la Ley Electoral y de las Instituciones
Contenido principal
Compartir en Twitter | Compartir en Facebook | Compartir en Google+ | Compartir en Tuenti | Compartir en Meneame | | | Afíliate

Reforma de la Constitución, de la Ley Electoral y de las Instituciones

PARTE II

LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN, DE LA LEY ELECTORAL Y DE LAS INSTITUCIONES

I - Introducción

74. - La presente ponencia aborda la posición del partido sobre tres puntos muy definitorios y característicos de la propia razón de ser de UPyD: 1. La reforma de la Constitución de 1978; 2. La reforma del sistema electoral; y 3. La reforma de algunas de las Instituciones del Estado más relevantes; todo ello enfocado al mejor desarrollo de la vida democrática de los ciudadanos españoles. Estos tres objetivos ya constaban en nuestro Manifiesto fundacional, cuya primera propuesta versa precisamente sobre la reforma de la Constitución, incluyéndose en su letra c) las reformas de algunas de las principales Instituciones del Estado, especialmente las que deben garantizar la separación de poderes como el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Fiscal General del Estado o la nueva concepción, moderna y eficaz, que precisa nuestra Administración de Justicia, pilar esencial de cualquier Estado social y democrático de Derecho, tal y como se define España en el artículo 1.1 CE. Por lo demás, la reforma de la Ley Electoral constituye la propuesta número 3.

75. - Estos tres objetivos también aparecen lógicamente reflejados en los propios Estatutos del Partido en su artículo 3. En el fin específico número 1 se apunta expresamente la renovación de las instituciones democráticas y la mejora del sistema electoral, en el 2 aparece la propuesta de reforma de la Constitución y en el 3 nuevamente la reforma de la Ley Electoral. Lo mismo podemos decir de nuestro Programa Electoral de marzo de 2008, donde estos tres puntos configuraban el primer apartado del programa electoral.

76. - En sus dos años de vida, el partido ha ido trabajando y mejorando el desarrollo de estos tres objetivos, con el enriquecimiento del debate en sus diferentes órganos (Consejo de Dirección y Consejo Político), la dinámica de la propia actividad parlamentaria (Proposiciones de Ley y No de Ley, básicamente) y el asesoramiento directo o indirecto de otras personas o instituciones (propuestas de profesionales, de profesores universitarios o Informes del propio Consejo de Estado, especialmente tanto el de febrero de 2006 para la Reforma de la Constitución que el Presidente del Gobierno propuso en su sesión de investidura de abril de 2004, como el de febrero de 2009 sobre Reforma del Sistema Electoral que el Presidente del Gobierno propuso en su sesión de investidura de abril de 2008).

77. - Busca por tanto la presente ponencia tratar de compendiar, armonizar y sintetizar todo el trabajo y material desarrollado en estos dos años en relación con estos tres puntos, para que sea debatido y mejorado en el primer Congreso de Unión Progreso y Democracia, agradeciendo lógicamente el trabajo anónimo y generoso realizado por muchos. Lógicamente, tratándose de un Congreso político y no de un trabajo parlamentario, se dibujan las líneas básicas y maestras de las materias a analizar.

78. – Lo que subsigue de la presente ponencia se divide en cuatro grandes bloques estrechamente interrelacionados: II.1. Reforma de la Constitución; II.2. Reforma del sistema electoral; II. 3. Reforma de algunas Instituciones básicas del Estado, que a su vez abarca los siguientes puntos: II.3.1. Reforma de Administración de Justicia: II.3.2. Consejo General del Poder Judicial; II.3.3. Reforma del Tribunal Constitucional; II.3.4. Reforma de la elección del Fiscal General del Estado; II.3.5. Reforma de las Cortes Generales; y, por último, II.4. Modelo constitucional de Estado descentralizado.

II.1. Reforma de la Constitución

79. - UPyD defiende la Constitución española de 1978, sus valores y principios básicos. En su 30 aniversario hicimos una defensa cerrada de la misma, denunciando los 12 principales ataques al texto constitucional, que se presentó en Bilbao el 6 de diciembre de 2008. Sin embargo, y precisamente para desarrollar lo mejor de nuestro texto constitucional, pensamos que algunos artículos se deben mejorar, o incluso suprimir, después de más de tres décadas de experiencia democrática.

80. - En nuestros dos últimos siglos de convulsa historia constitucional, sólo la Constitución de 1978 ha logrado proporcionarnos tres décadas de paz, progreso y convivencia democrática entre todos los españoles –con la excepción del País Vasco, debida principalmente a la presión del terrorismo y de la violencia política y a su explotación ventajista por los gobiernos nacionalistas–. En nuestro entorno democrático europeo se vive con normalidad la necesaria actualización del texto constitucional para que no quede obsoleto y para corregir las disfuncionalidades aparecidas. En España tan sólo queda un problema institucional y estructural relevante que no hemos logrado solventar en las dos últimas centurias: el regionalismo de antaño, hoy denominado nacionalismo.

81. - Pretendemos pues mejorar la actual Constitución, manteniendo sus principios y valores esenciales, que tan apropiados han resultado para la democracia española. Algunas materias de reforma constitucional, como el Tribunal Constitucional, el Fiscal General del Estado, el sistema electoral o la organización territorial del Estado, por su propia relevancia, se tratarán en esta ponencia más adelante como apartados específicos.

82. - Propuestas de reforma constitucional:

82.1.- Reformar la Constitución para cerrar la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas y los entes locales, de manera que el Estado asuma una serie de competencias exclusivas e intransferibles en materias claves para el interés general de todos los españoles y de su derecho a la igualdad, a la cohesión social y a la libertad. Es muy oportuno recordar en este sentido que el Informe del Consejo de Estado de febrero de 2006 sobre reforma de la CE recuerda (pp. 141-144) lo siguiente: a) el principio dispositivo que mantiene la constante apertura del sistema de distribución de competencias puede dañar el principio de igualdad y del interés general, b) es dudosa la operatividad del sistema que la reforma estatutaria aporta, c) ha de estudiarse la necesidad de cerrar el sistema y la inclusión en la Constitución de unas verdaderas competencias exclusivas del Estado.

82.2. - Modificar el artículo 150.2 CE excluyendo de las materias consideradas como transferibles o delegables, en principio y como mínimo, las siguientes: representación internacional, defensa, justicia, educación, sanidad, medio ambiente, protección civil, recursos naturales, urbanismo y gestión del territorio; sin desechar el estudio de otras materias como impuestos, seguridad social y función pública. Este párrafo se interpretará y completará a la luz de lo establecido en el apartado II.4. que figura más adelante. Además, se establecerá una mayoría más cualificada para la aprobación de las reformas de los Estatutos de Autonomía, igual a dos tercios de cada cámara.

82.3. - Suprimir la disposición transitoria cuarta que afecta a Navarra, dado que su transitoriedad venció cuando ésta se constituyo como comunidad autónoma, tal y como se desprende con claridad de la propia redacción constitucional. Es interesante en este sentido lo que apunta el Informe del Consejo de Estado de febrero de 2006 sobre la reforma de la Constitución: "Aun sin entrar en consideraciones acerca de la posibilidad de aplicar este procedimiento cuando ya Navarra ha dejado de ser provincia foral para transformarse en Comunidad, parece evidente que, una vez consagrada en la Constitución la existencia de todas las Comunidades Autónomas [...] sólo cabe la derogación expresa" (p. 184).

82.4. - Suprimir la disposición adicional primera que consagra los derechos históricos de los territorios forales, por ser contrarios al valor superior de la igualdad que rige la Constitución y por consolidar una situación inaceptable de privilegio de unos españoles sobre otros, además de por pretender la existencia de derechos históricos anteriores a la Constitución, lo que es insostenible.

82.5. - Estudiar una reforma del Senado, en la que casi todo el mundo está de acuerdo, para que sea una verdadera cámara de representación territorial y en ella las diversas comunidades y ciudades autónomas puedan defender sus intereses, dejando que en el Congreso se debatan los intereses generales de ámbito nacional; un Senado mixto (mezcla de número fijo por comunidad y provincias que la integren, y por población) de elección directa, en que se elijan en un colegio electoral único autonómico los senadores fijos y se elijan por los parlamentos autonómicos los senadores correspondientes a la población.

82.6. - Estudiar la adaptación de la disposición transitoria quinta sobre Ceuta y Melilla a su realidad jurídica actual como ciudades autónomas.

82.7. - Modificar el artículo 2 CE: donde dice "nacionalidades y regiones" debe decir "comunidades y ciudades autónomas".

82.8. - Suprimir el artículo 3.3 CE, que dice lo siguiente: "La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección". En el artículo 14 CE se incluirá, después de la palabra "raza", la palabra "lengua".

82.9. - Suprimir la segunda oración del artículo 16 (libertad religiosa) apartado 3 CE, quedando redactado de la siguiente forma: "Ninguna confesión tendrá carácter estatal". UPyD desarrollará políticas dirigidas a la laicización práctica del Estado.

82.10. - Replantear con rigor el papel a desempeñar por la provincia dentro del entramado territorial, suprimiendo su naturaleza de entidad local con personalidad y autonomía (modificación por tanto del artículo 141.1 CE). Se estudiará el papel de las Diputaciones Provinciales, cuya necesidad real es bastante cuestionable (en este caso afectaría al artículo 141.2 CE).

82.11. - Estudiar la modificación del artículo 140 CE suprimiendo en su penúltima frase "por los concejales", para favorecer así la elección directa de los alcaldes.

82.12. – En relación con la Corona, suprimir la discriminación por razón de sexo del artículo 57.1 CE, quitando por tanto el siguiente texto: "el varón a la mujer, y en el mismo sexo,". Y en relación con el artículo 61.1 CE sobre el juramento del Rey, se suprime "y de las comunidades autónomas", pues éstas no tienen derechos, sólo los tienen los ciudadanos.

II.2. Reforma del sistema electoral

83. - La reforma del sistema electoral es materia esencial del programa político de UPyD básicamente por dos cuestiones: 1. Por lo injusto de su planteamiento y desarrollo, contrario al propio espíritu de la Constitución sobre proporcionalidad y porque no aprovecha las pautas permitidas por la propia Constitución para su mejora; 2. Por el ataque directo que supone al régimen democrático en la igualdad de oportunidades, tanto de los candidatos como del valor del voto de los ciudadanos. Tomamos por base y mejoramos en el texto actual la Proposición de Ley que sobre la reforma del sistema electoral presentamos en el Congreso de los Diputados en abril de 2008.

84. - La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG) vino a consolidar un sistema electoral cuyos parámetros principales se fijaron en la todavía predemocrática Ley para la Reforma Política de 4 de enero de 1977. Los mismos fueron desarrollados en el Real Decreto-Ley 20/1977, de 18 de marzo, que reguló las primeras elecciones democráticas tras la dictadura franquista, y en 1978 pasaron a formar parte de la Constitución española.

85. - No cabe duda de que el sistema electoral español, diseñado en plena transición política, cumplió con las necesidades del momento, en particular con la cautela de que las fuerzas políticas que la protagonizaran no fueran demasiadas. Pero ya han pasado más de tres décadas desde la primeras elecciones democráticas, de 15 de junio de 1977, y el sistema electoral ha mostrado después de estos treinta años algunas disfuncionalidades que es preciso corregir para una vida democrática más representativa, justa e igualitaria.

86. - El resultado práctico de la LOREG está produciendo claros ejemplos de desigualdades e injusticias en el valor del voto en las distintas circunscripciones de España, resultando que unas quedan sobrerrepresentadas y otras subrepresentadas. Resulta así que el voto emitido para lograr un escaño en una circunscripción determinada no tiene el mismo valor que el emitido en otra. Hay que tener presente que el constituyente de 1978 dio una importancia capital a la LOREG; tanto es así que es la única Ley Orgánica que aparece individualizada en el artículo 81.1 CE, y ello por ser la ley que distribuye el poder político en España, esto es, transforma los votos en escaños.

87. - Uno de los principios básicos de nuestro sistema político es la soberanía popular que regula el artículo 1.2 de nuestro Texto constitucional: "La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado". El sistema electoral ha de ser respetuoso con este principio esencial en democracia y no puede distorsionar la voluntad libremente manifestada por el pueblo en las urnas. En esta materia, la democracia española no puede ni debe permitir que se produzcan resultados nada igualitarios e injustos. Por ello, esta demanda de modificación y mejora democrática de nuestra ley electoral se hace prioritaria e improrrogable de cara a futuras consultas electorales. No deja de resultar curioso, por lo demás, que el Informe que el Presidente del Gobierno solicitó al Consejo de Estado sobre la reforma del sistema electoral, publicado en febrero de 2009, dé la razón prácticamente a la totalidad de nuestras propuestas, respetando el límite de la no reforma de la Constitución.

88. – Propuesta de reforma de la LOREG:

88.1. - Aumentar el número de diputados de 350 a 400.

88.2. - El número mínimo inicial de diputados por provincia pasa de 2 a 1.

88.3. - La fórmula electoral D'Hondt se sustituye por alguna más proporcional, más acorde con lo contemplado en el artículo 68.3 CE.

88.4. - Se buscará una fórmula mixta de circunscripción entre la comunidad autónoma y la circunscripción única, desapareciendo la provincia como circunscripción electoral (exigiéndose la reforma del artículo 68.2 CE).

88.5. – Se estudiará la posibilidad de que aquellas personas que puedan acreditar suficientemente su cambio de residencia por motivos de terrorismo puedan votar en su municipio de origen.

88.6.- UPyD no descarta apoyar o sumarse a otras iniciativas de reforma electoral que estime adecuadas para mejorar el mismo, especialmente las que procedan de ámbitos científicos o académicos como, por ejemplo, la de la Universidad de Granada.

II.3. Reforma de algunas instituciones básicas del Estado

89. - La independencia y buen funcionamiento de la Administración de Justicia supone un elemento básico y esencial de nuestro programa político. Afecta tanto a los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos como a la propia consolidación del Estado social y democrático de Derecho.

90. - Vamos a exponer una visión global de las iniciativas que UPyD propone para el mejor funcionamiento de nuestra Administración de Justicia, regulada en el Título VI CE, para luego abordar la reforma en concreto de determinadas Instituciones como el Consejo General del Poder Judicial o el Fiscal General del Estado, también incluidas en el Título VI CE. Concluiremos viendo las reformas que afectan al Tribunal Constitucional (Título IX CE) y a las Cortes Generales (Título III CE).

II.3.1. Iniciativas para una mejor Administración de Justicia

91. - La Justicia, como la educación o la sanidad, no es una institución más, sino uno de los pilares esenciales de nuestro Estado social y democrático de Derecho, tal y como apunta el artículo 1.1 de nuestra Constitución española. Nos jugamos mucho en que la Justicia funcione o no funcione, pues además de ser una de las columnas vitales de cualquier Estado de Derecho, es un derecho fundamental del ciudadano (artículo 24 CE). Estamos pues ante una materia de interés de Estado y así lo entiende UPyD. Los representantes democráticamente elegidos tienen la obligación de emplear su tiempo y energías en dar eficaz respuesta a la situación de la Justicia; y no a dedicar casi todos sus esfuerzos en la batalla por el control del órgano de gobierno del poder judicial (Consejo General del Poder Judicial), mientras el ciudadano padece una Justicia lenta, sin medios y con falta de especialización.

92. - Propuestas mínimas para el buen funcionamiento de la Administración de Justicia:

92.1. - Recursos materiales adecuados y modernos, especialmente la imprescindible informatización de las Oficinas Judiciales.

Resulta imprescindible un adecuado y moderno mecanismo de gestión documental informatizado, que tome como modelo a la Agencia Tributaria y al Ministerio de Hacienda.

De haber existido éste, casos terribles por todos conocidos se habrían podido evitar muy probablemente. Por lo demás, hay que evitar el absurdo (fruto de la falta de coordinación y de unidad de decisión y gestión) de que los 17 sistemas de gestión documental automatizados de las respectivas comunidades autónomas sean incompatibles entre ellos. No parece de recibo que los sistemas informáticos de Fiscalía y Judicatura sean incompatibles entre sí. Se requiere por tanto la creación de una base de datos y de un único sistema informático para todo el territorio nacional, a los que tengan acceso Juzgados, Fiscalías, Policía e Instituciones Penitenciarias, y en los que figuren, permanentemente actualizados, la situación personal de cada uno de los encausados facilitando, además, la comunicación electrónica entre los órganos indicados. Debe revisarse también la situación de las sedes materiales de los juzgados, con enormes diferencias entre unos y otros (megasedes con más atención a la estética que a la funcionalidad frente a sedes tercermundistas). Igualmente se implementará la accesibilidad a diferentes bases de datos de institutos especializados útiles para la mejor Administración de Justicia (como por ejemplo la base Asclepios de medicina legal ya operativa).

92.2. - Medidas personales.

Se dice habitualmente que faltan jueces, ya que los actuales tienen un promedio de sentencias por unidad judicial que sobrepasa con mucho la media europea. Sin embargo, antes de aumentar el número de jueces o jueces sustitutos, o funcionarios de apoyo de forma desordenada o dispersa, habría que establecer un sistema objetivo y sólido de indicadores para medir las cargas judiciales (por ejemplo, depurando los pleitos de "modelo") y similares. El aumento de plazas judiciales de manera más o menos improvisada, o en base a peticiones no suficientemente fundadas en datos e indicadores objetivos, no ha mejorado la situación.

92.3. - En la compleja sociedad moderna, un requisito ineludible para poder afrontar con garantías la necesidad de una correcta administración de la Justicia es la especialización de los jueces, mejorando y agilizando las interrelaciones con Institutos especializados necesarios en la Administración de Justicia; combinada con otro requisito: la actualización de la organización de la Administración de Justicia en base a su especialidad. Hay que especializar a los jueces, pero también a los juzgados. Igualmente hay que tratar de paliar la interinidad en la Administración de Justicia para garantizar una profesionalidad más contrastada.

92.4. - Por lo demás, respecto a la formación del juez no se puede olvidar su imprescindible actualización, que necesariamente tendría que ser continuada y obligatoria, para que la formación judicial no quede obsoleta después de superar la oposición. Conviene regular con claridad el personal interino (que representa en la actualidad más del 40%) y su posterior acceso, en su caso, a la función pública, con la finalidad de reducir en lo posible la situación de interinidad en la Administración de Justicia, garantizando su acceso por mérito y capacidad. También deberá regularse la figura del juez sustituto y las respectivas fórmulas de acceso.

92.5. - Medidas procesales.

Hay que pensar en modificar las Leyes de procedimiento para adecuarlas a una organización judicial más racional y propia de las necesidades actuales de la Justicia. El Proyecto de Ley del Gobierno sobre la Nueva Oficina Judicial de diciembre de 2008 parece ir en esa dirección, pero debe concretarse adecuadamente. Un punto a reflexionar es la excesiva judicialización de muchos contenciosos para, explotando el retraso de la Justicia, conseguir en última instancia que mueran en el procedimiento y eludir las consecuencias que pudieran derivarse. El uso indebido al acceso a los tribunales debe tener repercusiones económicas y jurídicas al que lo realiza, pues la Justicia cuesta mucho dinero a los contribuyentes. En la dirección del procedimiento y en los señalamientos debe asegurarse un adecuado equilibrio entre la independencia judicial al juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, y la mayor eficacia posible del servicio público. Por último, a fin de conseguir la tutela judicial efectiva (artículo 24 CE) del ciudadano ante las Administraciones Públicas, se debe homologar con la posición jurídica del demandante en el pleito civil la del demandante en el pleito contencioso-administrativo, modificando la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para posibilitar la personación directa, sin abogado o procurador, cuando la cuantía no supere las similares del pleito civil.

92.6. - Medidas organizativas y de coordinación.

Se debe reflexionar muy seriamente, y más en estos momentos de crisis, sobre la ineficacia y el enorme gasto que la descentralización de la Administración de Justicia ha producido. Hay que evitar una descentralización irracional e ineficaz. Tiene que existir una vía única de entrada de asuntos y una adecuada gestión de los archivos. En muchas cuestiones la unidad es simplemente una necesidad de puro sentido común. La descentralización orgánica, funcional y competencial está generando una situación de descoordinación realmente preocupante entre Ministerio de Justicia, CGPJ y Consejerías de Justicia de las comunidades autónomas. La Justicia está transferida a más de la mitad de las comunidades autónomas. Estamos sin duda ante una de las cuestiones claves en lo que se refiere al Poder Judicial en España, donde hace falta una reflexión valiente, rigurosa y, sobre todo, pensando principalmente en el mejor servicio público a los ciudadanos, más que en el mayor poder competencial de cada una de las 17 comunidades autónomas que en este caso no redunda en absoluto, sino todo lo contrario, en un mejor servicio al ciudadano.

92.7. - Medidas sociales. No hay que desdeñar las medidas de educación y sensibilización. No se trata de un tema menor: hay muchas cuestiones que llegan a los tribunales, muchas más de las que pensamos (juicios de faltas en un porcentaje alto, temas de familia, comunidades de vecinos, etc.) que una mejor educación podrían haber evitado –en el apartado previo dedicado a las medidas procesales ya hemos apuntado algo similar–. Hay que tener en cuenta que ha aumentado la población pero, aún más, la litigiosidad. Este tema es importantísimo: por cada 1.000 habitantes, la litigiosidad es la siguiente: Estados Unidos, 300 asuntos judiciales; España, 185; Francia, 120; Italia, 100; Alemania, 75; Reino Unido, 50. Tenemos un porcentaje casi cuatro veces mayor que Reino Unido, más del doble que Alemania; y aquí empiezan los problemas. Además, la tendencia aumenta a un ritmo del 3% anual: hubo 8.343.687 casos en 2007 (75% de ellos de índole penal), lo cual significa que hubo unos 300.000 casos más que en 2006. En este ámbito, la asignatura "Educación para la Ciudadanía" tendría una función muy útil y provechosa que desarrollar.

92.8. – Hay medios alternativos de resolución de conflictos que podrían descargar a los tribunales y agilizar su funcionamiento sin merma alguna de las garantías jurídicas de las partes. Deben estudiarse mecanismos de mediación y arbitraje que filtren las cuestiones litigiosas antes de llegar a los tribunales. El papel de los antiguos "hombres de paz" pueden asumirlo hoy los comités de valoración o la llamada mediación técnica. La Justicia preventiva es clave, por lo que sí tiene sentido una educación ciudadana dirigida a enseñar que no se puede ni debe acudirse al juzgado para cualquier cosa. También hay que reforzar y estudiar la "jurisdicción voluntaria".

92.9.- Reformar la legislación penal española, previo referéndum consultivo, para imponer la cadena perpetua revisable para delitos de extrema gravedad, sin que pueda acordarse la extinción de la pena o la libertad condicional mientras no exista un pronóstico favorable e individualizado de reinserción social apreciado en un ulterior proceso de revisión de la pena en ejecución.

92.10. - Por último, y no es un tema menor porque afectaría a muchas leyes procesales e instalaciones de la Administración de Justicia, es necesario facilitar el acceso a las mismas de las personas con discapacidad, en la línea marcada por la Convención de la ONU.

93. Procedimiento a seguir para la reforma de la Administración de Justicia:

93.1. - Es necesario un gran Pacto de Estado por la reforma de la Justicia desde el punto de vista del servicio público al ciudadano. Dada la complejidad de la Administración de Justicia, cualquier reforma en profundidad que pretenda ser eficaz, debe contar con la participación y el consenso de los todos los sectores y agentes afectados, y en especial las asociaciones de abogados, jueces, fiscales y secretarios judiciales (principales organismos afectados).

93.2 - Principios de actuación para dotar de eficacia real a la reforma:

a) Asumir el coste político que pueda implicar.

b) Asumir el esfuerzo económico presupuestario, buscando la máxima eficiencia y racionalidad en el empleo de los recursos ya disponibles, incluidos los fondos europeos que pueden coadyuvar a la informatización de las Oficinas Judiciales.

c) Aprovechar los órganos de coordinación existentes.

d) Dar cauces de audiencia a los principales colectivos interesados, empezando por los usuarios del servicio.

e) Implantación por fases, con estudios continuados de verificación de resultados, corrección de errores y disfuncionalidades.

II.3.2. Reforma del Consejo General del Poder Judicial

94. - En estos dos años, y partiendo de una propuesta de cambio necesario dada su constatable y perjudicial politización, en UPyD hemos evolucionado, desde la propuesta de un retorno al sistema de la derogada Ley Orgánica del Poder Judicial de 1980, hasta lo que ahora consideramos una propuesta más evolucionada, completa y eficaz que busca, dentro de lo posible, atenuar al máximo tanto la politización de la elección de los 20 vocales del CGPJ que se inicio con la nueva y actual LOPJ de 1985, como el tradicional corporativismo del colectivo judicial. Estimamos que la propuesta que se expone a continuación, y que ya está presentada en sede parlamentaria, es ciertamente novedosa y rigurosa con la alta función que debe desempeñar y no desempeña el órgano de gobierno de los jueces.

95. - El artículo 122 de la Constitución española ordena que el Consejo General del Poder Judicial esté integrado por el Presidente del Tribunal Supremo y por veinte miembros designados por un periodo de cinco años. Doce serán elegidos entre jueces y magistrados en los términos que establezca la Ley Orgánica, cuatro a propuesta del Congreso y cuatro a propuesta del Senado, por acuerdo en ambos casos de una mayoría de tres quintos. Fue la Ley Orgánica de 1985 la que en sus artículos 112 y 113 instauró el actual sistema de elección de todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial por el Parlamento. La razón es muy simple. La originaria Ley de 1980, al instaurar un sistema de elección en el cual los doce miembros del CGPJ reservados a jueces y magistrados eran elegidos por los propios jueces, propició que el primer Consejo de nuestra etapa democrática fuese copado por la Asociación Profesional de la Magistratura, sobre la que el PSOE tenía y tiene escasa influencia, mientras que en 1985 este partido disfrutaba de una cómoda mayoría absoluta en el Parlamento, que todavía iba a durar muchos años. No cabe negar que la renovación de la judicatura para adaptarla a los tiempos democráticos ha sido una tarea urgente y realmente necesaria.

96. - UPyD defiende una serie de modificaciones legislativas que eviten la actual disfunción, expresamente condenada por el Tribunal Constitucional, acercándonos asimismo a las recomendaciones contenidas en la Carta Europea sobre el Estatuto de los Jueces, aprobada por el Consejo de Europa en julio de 1998. Baste recordar que no hay ningún país de nuestra órbita en la que el nombramiento del órgano de gobierno de los jueces corresponda en exclusividad al Parlamento.

97. - Propuesta de elección de los vocales del CGPJ.

97.1. - Se eligen los doce jueces y magistrados de forma directa en listas abiertas, voto secreto y personal: cuatro por los propios jueces y magistrados, tres por los secretarios judiciales, tres por los fiscales y dos por los abogados. La campaña electoral debe desarrollarse en términos de igualdad de oportunidades, pudiéndose dotar de un espacio informático electoral a los candidatos en una página web dependiente del Consejo General del Poder Judicial.

97.2. - Los ocho restantes se eligen: cuatro por el Congreso y cuatro por el Senado, respetando los condicionantes actuales, pero se aumenta a 20 los años de experiencia profesional exigidos; además, uno de cada grupo tendrá que ser Decano de los Colegios de Abogados y ninguno podrá ser ex miembro de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas, ni haber estado afiliado a un partido político en la legislatura anterior.

II.3.3. Reforma del Tribunal Constitucional

98. - El Tribunal Constitucional es un poder corrector que ejerce una función básica en el mantenimiento y desarrollo de nuestro sistema político democrático. En gran medida es un órgano que actúa como cláusula de cierre de todo el régimen constitucional diseñado en 1978. La labor que ha desempeñado en sus cerca de treinta años de vida ha sido importante para el desarrollo de la democracia en España, pero en los últimos años se ha visto sometido a una inaceptable presión y a la politización de sus magistrados, lo que está resultando enormemente negativo para nuestra vida institucional y democrática, especialmente con el cruce de recusaciones de magistrados por parte del PSOE y del PP, con la cuestión de la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña de fondo.

99. - UPyD defiende la esencial labor que la Justicia constitucional desarrolla en un país democrático como el nuestro y, para lograr la mayor independencia y necesario prestigio de este poder corrector del legislativo, ejecutivo y judicial, propugna su reforma, encaminada básicamente a mejorar su independencia de los dos grandes partidos nacionales.

100. – Proponemos que el Tribunal Constitucional pase de 12 a 15 magistrados, para evitar los empates como consecuencia del número par, a pesar del voto de calidad del Presidente. Esta pequeña ampliación contribuye a establecer un número adecuado y no desmesurado, para descargar el excesivo trabajo encomendado a sus magistrados. Proponemos la modificación por tanto del artículo 159.1 CE. Para mejorar su despolitización, los 3 nuevos magistrados los elegiría el Consejo General del Poder Judicial; por lo demás, no deben haber estado afiliados a ningún partido político en la legislatura anterior. Se modifica el artículo 159.2 CE aumentando a 20 años la experiencia profesional exigida.

Igualmente se recuperara el control a priori de constitucionalidad para los supuestos de reforma de Estatutos de Autonomía, para evitar así la inseguridad jurídica que genera la aprobación de Estatutos de dudosa constitucionalidad.

En la línea de profundizar en la despolitización del Tribunal, se estudiará la posibilidad de que los dos magistrados elegidos por el Gobierno, sean elegidos por los fiscales en ejercicio mediante votación directa y secreta.

II.3.4. Reforma de la elección del Fiscal General del Estado

101. - La negativa labor desarrollada por el Fiscal General del Estado en las dos últimas legislaturas, especialmente en materia de lucha contra el terrorismo y respeto por el Estado de Derecho, que nos ha llevado a pedir su cese en sede parlamentaria, aconseja articular un método de elección más imparcial y objetivo y menos politizado, atendiendo a su especial función en la salvaguarda del Estado de Derecho según las cinco funciones que el artículo 124.1 CE señala para el Ministerio Fiscal.

102. – Propuesta de elección: el Fiscal General del Estado será elegido con los mismos criterios (mayoría de 3/5 del Parlamento) seguidos para elegir al Defensor del Pueblo, mediante la modificación del artículo 124.4 CE, de entre una terna compuesta y votada por los fiscales en ejercicio, elegidos por sufragio secreto y directo.

II.3.5. Reforma de las Cortes Generales

103. - Se estudiará el uso obligatorio del castellano en ambas cámaras legislativas como única lengua común de todos los españoles y la igualación del régimen de incompatibilidades de diputados y senadores al de un alto cargo de la Administración General del Estado. En cualquier caso, se propondrá la incompatibilidad de ser diputado o senador y, a su vez, concejal o alcalde, ampliando así los supuestos del artículo 67.1 CE. En tanto en cuanto las Cortes se nutren de los partidos políticos que logran representación parlamentaria, se estudiara la financiación de los mismos para establecer unos límites claros y unos criterios que garanticen la igualdad de oportunidades en la competición electoral para que ésta sea realmente democrática.

II.4. Modelo constitucional de Estado descentralizado

104. - La cuestión más relevante entre las que afectan al desarrollo de nuestro Estado constitucional y democrático es su organización territorial. El Título VIII de la CE de 1978 ofreció una respuesta, que parecía factible, al problema endémico del constitucionalismo español: la forma territorial de Estado. No cabe duda que la España de las Autonomías ha sido un importante y gran logro en nuestra España constitucional, pero tampoco podemos dejar de ver las disfuncionalidades que su desarrollo está generando, especialmente a raíz de la ruptura del consenso que supusieron los Estatutos de tercera generación a partir del Estatuto Catalán de 2006. En estos años podemos constatar la debilidad en el modelo constitucional porque su propia apertura temporal, que dejaba abierta la posibilidad de constantes revisiones profundas del sistema, junto a su indefinición técnica, propiciaron el desconcertante discurrir de nuestra forma territorial de Estado, fruto de un círculo vicioso de difícil salida entre el principio dispositivo y el principio de emulación. España lleva más de dos siglos sin lograr solventar el problema de la organización territorial; de hecho, fue el Título VIII de la Constitución española el que más dificultades tuvo en su elaboración y el que más problemas ha generado por el posterior desarrollo autonómico. Se puede afirmar que la Constitución de 1978 y la propia transición política tuvieron éxito en la mayor parte de los problemas que afrontaron, salvo posiblemente en éste. UPyD se ha caracterizado desde sus inicios por ser un partido sin complejos, que afronta con realismo y coraje cívico los grandes problemas que tiene España; para eso hemos nacido y, sin duda, la organización territorial del Estado es uno de esos grandes problemas, si no el principal.

105. - La indefinición del modelo y de sus límites, con el confuso sistema de reparto competencial de doble entrada (Estado y comunidades autónomas), el insólito uso de la indeterminada noción jurídica de lo "básico", la inutilidad de gran parte del artículo 150 CE y ss., y en particular la inutilidad de las leyes de armonización tras la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre la LOAPA, unido a la conversión del Tribunal Constitucional en un órgano de construcción del modelo y no de resolución de sus conflictos, a lo que debemos añadir la indefinición del sistema de financiación y de la corresponsabilidad económica y fiscal de los territorios, más el impreciso diseño de las instituciones garantes de la coordinación, cooperación y solidaridad entre las comunidades autónomas y el Estado (así como con los ayuntamientos y diputaciones), son algunas de las debilidades que han impedido el desarrollo adecuado y eficiente de la forma territorial de Estado, mientras estimulaban su constante revisión y retorsión en el sentido de los intereses más localistas, coincidentes con la concepción nacionalista de la cuestión. A la hora de buscar soluciones al problema, la claridad y el rigor resultan claves, sobre todo cuando, como es el caso, hay demasiados equívocos e ideas preconcebidas que es preciso aclarar para avanzar en esta materia. Pocos pueden dudar de que el desarrollo del Estado de las Autonomías ha carecido de un proyecto reflexionado, planificado y consensuado. El constituyente del 78 adoptó un modelo híbrido e indefinido de Estado descentralizado entre Alemania, Italia y Portugal, con influencias también del regulado en la II República española. La doctrina constitucional no se decantó por un modelo fijo, conocido y cotejado que garantice algo vital en un Estado de Derecho: saber a qué atenerse.

106. - La realidad política del Estado descentralizado español no es muy diferente a la de Alemania o Estados Unidos, pero con una diferencia sustancial: soportamos muchos de los inconvenientes que pueden reprocharse a un Estado federal sin ninguna de las muchas ventajas que conlleva. Debe entenderse que la forma federal del Estado tiene un claro carácter instrumental y que, como la forma del Estado unitario centralizado, tales formas no son fines ni objetivos en sí mismas, sino cauces, herramientas, medios para lograr el principal fin que movió a UPyD desde su fundación: la igualdad y libertad de todos los ciudadanos españoles dentro de un Estado eficaz y viable, libre de las presiones de los partidos nacionalistas. Estas presiones empujan a España hacia un modelo confederal inviable, antiigualitario y, sobre todo, impuesto por la vía de los hechos consumados. Es innegable que cuando, como es el caso, la forma territorial de Estado es políticamente descentralizada, se está definiendo un modelo federal en el que la clave radica en la distribución de competencias. Aceptado que el modelo subyacente a la Constitución española del 1978 es de tipo federalizante, un dictamen en el que coinciden la gran mayoría de los constitucionalistas españoles pese a que el término "federal" no aparezca en la Constitución, necesitamos un diseño duradero del modelo territorial, que supere la actual provisionalidad resultante de su indefinición; lo cual exige establecer con claridad el modelo de Estado federal que debe regularse a través de la reforma constitucional, es decir, un Estado fuerte con competencias exclusivas, descentralizado en comunidades autónomas con la misma capacidad legislativa y las mismas competencias. Un Estado federal claro, en lugar de ambiguo y encubierto, puede significar un gran avance hacia la solución del modelo territorial y, lo que es más importante, de la restauración de la igualdad y libertad de los ciudadanos con independencia de su lugar de residencia o lengua particular.

107. - El federalismo puede ser de baja, media o alta intensidad, según la posición constitucional del Estado central. Esta iría desde la de ente fuerte, que asume las competencias no reservadas expresamente a los entes autónomos y posee un poder de recuperación e intervención de y en las competencias, con potestad de armonización y coordinación de obligado cumplimiento, hasta un Estado central cuyas competencias son sólo aquéllas listadas expresamente, sin poder de control ni supervisión de las políticas de los entes autónomos, sujeto a los instrumentos de coordinación y cooperación que lideran los territorios. También hay que distinguir entre modelos federales dotados de un modelo federal de ejecución (donde los entes autónomos lo son sólo para ejecutar legislación estatal), cooperativo (preponderancia de las competencias compartidas y concurrentes) o competitivo (plena disposición por los territorios autónomos de poder fiscal y económico, sin instrumentos de cooperación y solidaridad jurídicamente obligatorios, y donde predomina la bilateralidad).

108. - El problema político-jurídico principal del modelo hoy vigente es que está abierto a cualquiera de estas posibilidades, que es tanto como decir que no materializa ninguna. Por último, somos conscientes que en esta materia, la voluntad política real y la lealtad constitucional, al margen de los procedimientos normativos que se establezcan para mejorar nuestra organización territorial, son decisivos para tratar de solventar uno de los problemas más antiguos de nuestro Estado constitucional.

109. - El Título VIII de la Constitución española es un conjunto asistemático de normas que en buena medida han perdido vigencia. En este título sobran de modo evidente muchos preceptos que sólo han servido, y no es poco, para ordenar el proceso de acceso a la autonomía. En la reforma que propugnamos deberían eliminarse los preceptos relativos al proceso autonómico ya recorrido.

110. - En el artículo 2 CE debería desaparecer la referencia al acceso a la autonomía de los territorios, y debe eliminarse el resto de principio dispositivo que late en la Constitución. El artículo 2 debería establecer que España es una unidad en cuanto al ordenamiento jurídico, con un único soberano (el pueblo español o conjunto de los ciudadanos españoles), aunque políticamente descentralizado. Dicho esto, sería conveniente enumerar las comunidades autónomas existentes y dejar claro que están dotadas de autonomía política para gestionar los intereses generales propios de su territorio y de la población que en ella reside mediante el ejercicio de un poder legislativo originario (fundado en la Constitución) cuya expresión normativa, la ley, es imputable a la voluntad soberana del pueblo español.

111. - Habría que distinguir claramente la autonomía local de la propiamente política y definir la primera, además de fijar las competencias constitucionalmente propias de los entes locales, desde ayuntamientos a otras corporaciones intermedias, especialmente las provincias (y los "territorios forales" del País Vasco). En este punto es importante recalcar que la Constitución ampara actualmente el carácter de entidad local de las provincias, pero su vigencia política como nivel intermedio de gobierno entre los ayuntamientos y las comunidades autónomas se encuentra absolutamente desfasada. La reivindicación de su valor histórico o sentimental no debería representar un obstáculo para proponer su imbricación en la vida política e institucional de las comunidades autónomas de forma plena, mediante el traslado de su estatuto jurídico al marco legislativo autonómico. La racionalización de la administración, evitando duplicidades y disfuncionalidades evidentes, y la consecución de un sistema electoral más representativo aconsejan claramente la conversión de las comunidades autónomas –cinco de los cuales son, además, uniprovinciales– en la entidad territorial y circunscripción electoral básica. Simultáneamente, debería revisarse la distribución de competencias entre las comunidades autónomas y los ayuntamientos, y la conveniencia de agrupar estos últimos con vistas a integrar los demasiado pequeños en entidades más eficientes y sostenibles, y los grandes y medianos anexos en entidades metropolitanas que conviertan la realidad geográfica en realidad política y administrativa.

112. - En lo que ahora importa, el Título VIII de la Constitución debería fijar mediante una lista las competencias de cada entidad territorial; definir los instrumentos de cooperación, coordinación y solidaridad, y la obligatoriedad jurídica de los acuerdos que adopten estos instrumentos para los entes afectados; fijar las reglas esenciales de relación entre los diversos ordenamientos territoriales; fijar las reglas de financiación; y, finalmente, definir los criterios de intervención estatal de las competencias autonómicas en caso necesario. El objetivo de estas reformas es obtener la garantía constitucional de un modelo territorial que no pueda someterse a revisión de facto por vías alternativas como las reformas estatutarias actuales, burlando la reforma constitucional por las vías que la propia Constitución establece. Definiendo el Estado español como un Estado federal cooperativo, es decir, donde las comunidades autónomas deben cooperar entre ellas y con el Estado central, y donde éste último tiene la última palabra en caso de arbitraje o conflicto, no sólo habremos parado la actual deriva a un Estado eternamente provisional, deconstruido a costa de la igualdad de los ciudadanos y donde se convierte en problemática la residencia de la soberanía nacional, sino que también habremos regresado al punto de origen del pacto constitucional, es decir, a los consensos básicos que permiten establecer reglas iguales inviolables iguales para todos los ciudadanos españoles.

UPyD © - Tel: 91 598 22 86. Fax: 91 389 63 50. Apdo. Correos 500. 28080 - Madrid |
Aviso legal y Política de Cookies | Mapa web | Optimizado a 1024 x 768 píxeles
La gestión de las cookies en el sitio de Unión Progreso y Democracia
Para poder asegurar la utilización óptima de nuestro sitio necesitamos utilizar cookies propias y de terceros. Si usted continúa navegando sin modificar su configuración, consiente la instalación de cookies desde el sitio de UPyD
MÁS INFORMACIÓN