Rosa Díez, diputada de Unión Progreso y Democracia, UPyD, ha asegurado que la necesidad de desalojar a Acción Nacionalista Vasca (ANV-EAE) de los ayuntamientos vascos y navarros en los que gobierna es “un debate que está en la sociedad y al que hay que responder”. La diputada ha recordado que este es un debate que su formación sostiene desde hace tiempo y que se derivó en una proposición no de ley que se registró en el Congreso de los Diputados el pasado 6 de mayo.
A continuación, Díez ha recordado que en el año 2003, el 10 de marzo, se aprobó una Ley Orgánica 1/2003, que se llama para garantía de la democracia en los ayuntamientos y la seguridad de los concejales, y que modificó el artículo 61 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local. “La Exposición de motivos de la Ley ya dice bastantes cosas. En ella se establece como objetivo que el sistema democrático obliga a modificar determinadas normas garantizando la democracia y aislando a los terroristas utilizando los instrumentos democráticos”.
Asimismo, ha continuado explicando la diputada, la Ley 7/1985, fue modificada por esa misma Ley de 2003 incorporando el artículo 61, en el que se dice expresamente que se considerarán decisiones gravemente dañosas para los intereses generales los acuerdos o actuaciones de los órganos de las corporaciones locales que den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares. “No creo que haya un ciudadano en toda España que no piense que la gestión de ANV no es gravemente dañosa para los intereses generales además de suponer un incumplimiento de sus deberes constitucionales”. A este respecto, señala Díez, “no cabe humillación mayor a las víctimas o a sus familiares que gobernar al grito de ‘Gora ETA’ o hacer homenajes a los terroristas cuando salen de la cárcel o no permitir que luzcan emblemas constitucionales”
Sin embargo el 27 de mayo de 2007, ha recordado la diputada, se celebraron las últimas elecciones locales y “como consecuencia de la voluntad del Ejecutivo la Fiscalía decidió no impugnar una parte de las candidaturas y dejar el resto con un criterio arbitrario como el que hubiera tres o más individuos y, ni siquiera, cumplieron ese compromiso como sucedió en el caso de la alcaldía de Mondragón”.
Según Díez, el Supremo anuló todas las candidaturas de ANV explicando “que Batasuna ha recurrido a ANV para burlar la Ley de Partidos y existen numerosas pruebas de ello. Los magistrados sugirieron que había motivos para haber instado la ilegalización previa de ANV impugnando todas las candidaturas pero al no haber optado por ese camino, sólo anuló las impugnadas. El Tribunal tuvo que dejar colar todas esas candidaturas”.
Rota la tregua, según la diputada, el mismo Gobierno, el mismo Fiscal General del Estado con las mismas Leyes instó la suspensión de ANV y el 8 de febrero se acordó la misma. “Los hechos demostraron que ANV estaba instrumentalizado por Batasuna para presentarse a las elecciones”, ha apuntado.
El Decreto de suspensión de ANV, en su punto 9, utiliza los mismos argumentos que ya usaron tanto el Supremo como la Audiencia Nacional. Este recorrido le sirve a la diputada para pedir al Gobierno que “no se cometan los mismos errores. Están ahí porque les dejaron entrar. Sólo ustedes pueden disolver esos ayuntamientos. El resto tenemos las manos atadas”, ha apuntado y, a continuación, ha añadido: “Sólo ustedes pueden aplicar el artículo 61 de la Ley de Régimen de Bases Local”.
En la réplica, la diputada ha recordado a la Ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, que este es un tema demasiado serio para hacer demagogia. “No se puede hablar de los temas que afectan a la vida de los ciudadanos con esa frivolidad. Acepto que me argumente que la Ley no es de aplicación -aunque no esté de acuerdo con usted-, pero la Ley se hizo para eso, para proteger la democracia y la seguridad de los concejales.
A continuación, la diputada ha rectificado a la ministra argumentando que no es verdad que la Ley establezca que hay que probar que son terroristas. “La Ley dice que bastan que adopten decisiones gravemente dañosas”. Por eso, la diputada le ha preguntado a Salgado “dónde dice la norma que hay que probar que cada uno de concejales son terroristas. Ustedes no esperaron en el caso de Marbella, consideraron que atentaba contra el interés general y actuaron. Ustedes pueden actuar y yo lo único que le digo es que actúen, pero no me acusen de romper el consenso porque dentro del consenso está el utilizar todos los instrumentos del Estado del Derecho para expulsar de las instituciones a los amigos de los terroristas y a los enemigos de la democracia”.
La diputada ha vaticinado que el Gobierno, al final, aplicará el artículo 61, pero les ha recordado que, mientras lo hacen, “mientras esperan los informes jurídicos - poniéndome en ese caso- niegan la mayor”.
Para concluir, ha rechazado los argumentos de la ministra en los que ha asegurado que en el Ayuntamiento de Azpeitia se condenó el último atentado. “El hecho es que EA se fue del Gobierno por ese motivo. Este es el mapa de la indignidad. 42 municipios gobernados por los enemigos de los demócratas pero no me digan que no pueden utilizar una Ley. Tomen el impulso. Esto es la democracia. Unos están en el Gobierno y otros en la oposición. Y los que estamos en la oposición tenemos que pedir al Gobierno que aplique la Ley”.
