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Rosa Díez, diputada de Unión Progreso y Democracia, UPyD, tras dar la bienvenida al ministro de Justicia, ha explicado que, con el cambio del ministro, han cambiado “los sonidos en el ministerio. Había tambores y hoy ha sonado piano y estoy dispuesta a que sigamos en esta línea. Espero que sus palabras, anunciando un acuerdo de Justicia, se lleve al final a cabo un cambio social de la política, anunciando un cambio social y la letra en el Ministerio de Justicia
Sin embargo, Díez ha apuntado que dicho acuerdo debería convertirse en un Pacto por la Justicia “que asegure las reformas necesarias para asegurar la autonomía entre poderes. Esta es una asignatura pendiente. Hace unos meses se firmó lo que se llegó a llamar “el Pacto de la Justicia” que, en realidad, era un pacto de poder”.
Asimismo, en cuanto a la reforma al Código penal, -y en cuanto a la iniciativa registrada hace unos meses por UPyD en el Congreso-, la diputada le ha preguntado al ministro si se plantea la reforma del artículo del Código Penal para permitir que, cuando exista duda razonable en los casos de homicidios en los que no exista el cuerpo sea posible juzgar a los responsables como autores de un homicidio y no de una detención ilegal o, en su caso, de un secuestro, máxime cuando otros ordenamientos jurídicos lo permiten si existen pruebas que apunten a dicha implicación.
En la misma línea, la diputada ha preguntado si en materia del delincuencia organizada va a hacer algo por que se cumpla las Directivas europeas sobre blanqueo de dinero y financiación del terrorismo, que ni si quiera se han incorporado a nuestro ordenamiento jurídico.
También ha calificado “de interesante” el anuncio del ministro de traer a la Cámara un proyecto de mecanismos de mediación y arbitraje que, según la diputada, “traerán consecuencias sociales y educativas muy interesantes”.
Díez también le ha preguntado cómo piensa encauzar los mecanismos para garantizar la igualdad entre funcionarios que depende de instituciones diferentes. Según la diputada, “que eficacia se puede esperar de una oficina judicial que trabaja con medios y condiciones diferentes según si la competencia está transferida o no a una Comunidad Autónoma”.
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