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Lo que no sabemos es la cuantía de sus créditos bancarios, la procedencia de los donativos particulares y otras minucias. Tampoco lo sabe el Tribunal de Cuentas, que cada año se declara impotente para fiscalizar las grandes cuentas de los partidos, aunque averigua lo suficiente para descubrir enormes irregularidades en sus ingresos. Pero, volviendo a los gastos de campaña, ya sólo el reparto de propaganda a todo el cuerpo electoral cuesta 9 millones de euros, así como colgar las fotografías y estandartes de un partido por las avenidas de Madrid exige depositar una fianza previa de 700.000 euros.
Dice la prensa que el PSOE gastará 12' 6 millones de euros en esta campaña electoral. Y hay que dar por supuesto, según es costumbre, que esa cifra declarada se queda muy corta respecto de la cifra real y que el PP por su parte no andará lejos de tal desembolso. Lo que no sabemos es la cuantía de sus créditos bancarios, la procedencia de los donativos particulares y otras minucias. Tampoco lo sabe el Tribunal de Cuentas, que cada año se declara impotente para fiscalizar las grandes cuentas de los partidos, aunque averigua lo suficiente para descubrir enormes irregularidades en sus ingresos. Pero, volviendo a los gastos de campaña, ya sólo el reparto de propaganda a todo el cuerpo electoral cuesta 9 millones de euros, así como colgar las fotografías y estandartes de un partido por las avenidas de Madrid exige depositar una fianza previa de 700.000 euros. A ver si adivinan cuántos y cuáles son los partidos que pueden permitirse estos lujos.
Es algo a lo que el ciudadano común apenas concede importancia, pero que a mis alumnos universitarios les suscita el mayor escándalo en cuanto lo piensan. Pues esa diferente capacidad financiera de los partidos al afrontar una campaña electoral suele plasmarse después en el diferente botín obtenido. Así es como el primer acto con el que se abre el proceso democrático, la elección de los representantes, no es precisamente un ejemplo democrático. No se funda en la igualdad política del ciudadano ni la afianza, sino que más bien la desprecia. La competición y la selección políticas han quedado restringidas. Viciado de raíz el momento inicial de la representación, quedarán asimismo viciados los momentos sucesivos de la deliberación y la decisión parlamentarias de esos representantes.
El resultado inmediato es, desde luego, la quiebra del principio "un hombre, un voto". Resulta que el dinero, factor y medida de nuestro desigual poder económico como individuos, se infiltra en el proceso democrático para dotarnos también de un desigual poder político como ciudadanos. Los electores podemos seguir creyéndonos con la misma oportunidad de elegir, pero en realidad los candidatos gozan de distintas probabilidades de ser elegidos según la diversa inversión de sus respectivos partidos. Invadir las calles con carteles, ocupar espacios televisivos o acceder a los lugares más remotos requiere un respaldo bancario que no se otorga a los partidos menos "rentables" o que presentan programas más críticos. Los individuos y grupos (financieros o mediáticos) que dan ese respaldo cuentan así con un poder electoral bastante mayor que los demás. Es como si unos ciudadanos tuvieran derecho a más votos que otros, como si el sufragio fuera universal... pero desigual.
Alguien dirá que no es para tanto. Repliquemos que, si la publicidad política no fuera tan determinante como la publicidad comercial, ¿por qué los partidos, a la postre empresas políticas, iban a meterse en semejante dispendio multimillonario? Otro argüirá que no se observa una estricta correspondencia entre volumen de recursos y número de diputados obtenidos. Lo cual es cierto, pero nadie puede negar en general el influjo entre esto y aquello. Y el de más allá sostendrá que, en último término, los grandes partidos vienen a dedicar unas cantidades parecidas y que por lo tanto ese influjo perverso se contrarresta. Aunque así fuera, la observación da por incuestionable un sistema electoral en que los dos partidos mayores se reparten el grueso del pastel y dejan las migajas al resto.
Ese grave desequilibrio de partida se acompaña de algunas no menos graves tentaciones de la política democrática. El riesgo va más allá de las actividades delictivas de los intermediarios, ya sean fieles servidores de sus jefes o aprovechados de bolsillo fácil. El partido que recibe unos cuantiosos donativos de una empresa, aquel a quien el banco condona un crédito abultado..., se comprometen a devolver esos "favores" -estén en el gobierno o en la oposición- en forma de concesiones y mercedes políticas. De manera que el remedio no puede ser tan sólo, como pretende una Ley de Financiación de los partidos que nunca acaba de nacer, implantar mayor transparencia frente a la opacidad reinante o limitar la cuantía de las donaciones particulares. Para respetar la igualdad del ciudadano en su papel de elector, unas elecciones democráticas demandan otros requisitos más potentes: reducción de los costes de campaña, financiación pública en lo posible y concurrencia equitativa de las opciones políticas.
Esto se sabe por lo menos desde hace ciento cincuenta años. Así escribía en 1861 un pensador tan liberal como Stuart Mill: "Entre los hombres políticos todavía no ha habido nunca ningún verdadero intento por impedir el soborno, porque no ha habido un verdadero deseo de que las elecciones no sean costosas. Su costo es una ventaja para quienes pueden pagar ese gasto, pues de esa forma excluyen a una multitud de competidores; y cualquier cosa, por nociva que sea, es bien recibida por su tendencia conservadora, si hace que sólo sean los ricos los que tengan acceso al Parlamento". Pero si esa realidad es hoy mucho más denunciable que entonces, el silencio que la encubre resulta también mucho más estruendoso.
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