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La educación es una de las prioridades políticas de Unión Progreso y Democracia desde su constitución. Su manifiesto fundacional declara como uno de los objetivos del partido “promover cuantas medidas políticas aumenten y refuercen la calidad de la educación pública laica y de la investigación científica y se opongan a la difusión del fanatismo y de la ignorancia, incluyendo la introducción de asignaturas concebidas para enseñar los principios éticos y políticos comunes a todos los españoles con independencia de su lengua materna, lugar de residencia o creencias religiosas e ideológicas”. La mejora de la educación y la investigación es crucial para posibilitar el cambio en el modelo productivo que necesita nuestro país y para avanzar hacia una sociedad en la que no haya más desigualdades que las derivadas de la capacidad y el mérito. Pero, además, el sistema educativo debe ser una institución constitutiva de una ciudadanía basada en un sentimiento de pertenencia a una sociedad que conlleva ciertas obligaciones fundamentadas, en última instancia, en los derechos que las personas tienen por el hecho de serlo. Desde esta perspectiva, la enseñanza debe ser uno de los principales instrumentos de una forma de cohesión nacional alternativa a las identidades colectivas basadas en comunitarismos culturalistas o biologicistas. España es, y cada vez en mayor medida, un país diverso desde el punto de vista étnico, lingüístico, ideológico, religioso, etc. El sistema educativo debe tener a la vez como objetivos favorecer el respeto a esa diversidad y evitar que una sociedad plural degenere en una sociedad fragmentada.
Desgraciadamente, la educación en España lleva décadas padeciendo una crisis que le impide cumplir adecuadamente estos objetivos y que se manifiesta en un fracaso escolar alto, en resultados mediocres en las pruebas internacionales homologadas y en un aumento de la conflictividad en los centros. Las promesas de alcanzar un nivel de inversión en educación e investigación equiparable al de los países de nuestro entorno han sido incumplidos sistemáticamente por los gobiernos de todo signo político. Además, nuestro sistema educativo ha estado sometido a un vaivén legislativo permanente que ha impuesto reformas que, no sólo no se han visto acompañadas de las inversiones necesarias, sino que han desviado buena parte de los recursos a la financiación de las burocracias generadas por los propios procesos de reforma.
Las principales víctimas de esta crisis han sido los centros públicos, especialmente los ubicados en zonas habitadas por los grupos sociales menos favorecidos. Éstos han estado sometidos a una pinza letal formada por la obsesión privatizadora (eso sí, con recursos públicos) de nuestra derecha y por la demagogia de una izquierda empeñada en imponer dogmas pseudopedagógicos trasnochados. A esto hay que añadir el uso espurio del sistema educativo al servicio de la fragmentación territorial o cultural por medio de la introducción en el currículum de tópicos nacionalistas a menudo carentes de todo rigor científico, la relegación del castellano en comunidades bilingües a la categoría de lengua extranjera o la presencia en el currículo de asignaturas de carácter confesional (y los intentos de introducir otras nuevas).
Para invertir este proceso de degradación, desde UPyD proponemos:
1. Un pacto de Estado en materia educativa que dote de estabilidad al sistema garantizando la permanencia de la norma. La nueva política educativa deberá partir del reconocimiento los profesores como los verdaderos expertos en materia educativa y no, como hasta ahora, como meros ejecutores de reformas que se les dictan desde otros ámbitos o, incluso, como los culpables de los fracasos de éstas.
2. La creación de un espacio español de educación como requisito necesario para avanzar hacia un espacio educativo europeo por medio de la recuperación de las competencias en educación por el Estado (sin perjuicio de que la gestión siga siendo desempeñada por las Comunidades Autónomas), la garantía en los territorios bilingües del derecho a la escolarización en la lengua de elección y el aprendizaje adecuado de ambas lenguas oficiales y la facilitación de la movilidad del alumnado y el profesorado.
3. Una Ley de Financiación de la Enseñanza que garantice el incremento de la inversión en educación hasta alcanzar la media de los países europeos más avanzados.
4. La mejora de la red de centros públicos que contrarreste la tendencia actual a convertirlos en guetos donde se segregan a los hijos de familias más desfavorecidas económicamente o de más difícil integración social. Es necesario que exista un control administrativo riguroso de los criterios de admisión en los centros sostenidos con fondos públicos y que se garantice la gratuidad total real en todos ellos.
5. El sujeto del derecho a la educación es el alumno y el objetivo último del sistema educativo es favorecer su formación integral como ciudadano autónomo. Por ello el currículum educativo debe ser laico y respetuoso con todos los sistemas de creencias compatibles con la democracia y los derechos humanos.
6. Frente al enfoque simplista que reduce los problemas educativos a la insuficiencia de los medios, proponemos reformas cuyas líneas maestras serán: el mantenimiento de la obligatoriedad hasta los 16 años, la creación de un bachillerato más sólido y riguroso que el actual y comenzado a edades más tempranas, una formación profesional de calidad desde la que se pueda acceder a la formación superior, el diseño de planes de estudio más realistas que tomen como base el trabajo real del alumno (en la línea metodológica del sistema de crédito europeo universitario), el control de la calidad de la formación por medio de pruebas homologadas orientadas fundamentalmente a la evaluación del propio sistema educativo, la potenciación del aprendizaje de lenguas extranjeras mediante la promoción de la enseñanza bilingüe y de los programas europeos de intercambio, la eliminación de la promoción automática de curso y el refuerzo de la autoridad del profesorado.
7. La flexibilización del sistema educativo para que pueda atender debidamente las necesidades educativas especiales de los alumnos, sin imponer dogmáticamente un único sistema de integración.
8. La supresión de los nuevos másteres de formación del profesorado, que presentan, agravados, los mismos defectos que el antiguo CAP y que han generado un justificado rechazo entre estudiantes, graduados y la mayor parte del profesorado universitario. En su lugar deberá implantarse una formación docente, similar al sistema MIR, consistente en el ejercicio remunerado de la enseñanza durante un periodo de uno o dos años bajo la supervisión de profesores con experiencia y competencia acreditadas.
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