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Rosa Díez: “El agua no puede quedar al arbitrio parcial y unilateral de comunidades autónomas y, mucho menos, politizarse”

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17 de diciembre de 2009

La diputada de Unión Progreso y Democracia, UPyD, solicitó ayer en la comisión de medio ambiente que el Estado asuma con exclusividad las competencias sobre el agua, ya que es el único capaz de velar por el interés general, la solidaridad y la igualdad entre todos los españoles ante la batalla existente hoy, en este tema, entre las diversas Comunidades Autónomas. Miércoles 16 de diciembre.- Rosa Diez, diputada de Unión Progreso y Democracia, UPyD, defendió esta tarde en comisión una PROPOSICIÓN NO DE LEY relativa a la legislación, ordenación, concesión y explotación de recursos y aprovechamientos hidráulicos en aras a que el Estado asuma las competencias sobre el agua y adopte medidas ante el mercadeo o compraventa de los derechos de estos recursos.. “Estamos asistiendo a unas manifiestas y palpables disfuncionalidades del Estado de las autonomías que están provocando tensiones innecesarias y nada deseables desde diferentes comunidades”, señaló. En su opinión, el agua no puede quedar al arbitrio parcial y unilateral de comunidades autónomas y mucho menos politizarse, por lo que propuso que sea el Estado el que legisle, ordene, conceda y explote los recursos hídricos de toda España, y que sea el Gobierno de la nación el que asuma con exclusividad dichas competencias. “De otra forma, estamos ante una modificación de la Constitución por la puerta de atrás”, afirmó. En el momento presente, añadió, se constata una denominada batalla por el agua que afecta, por citar sólo algunos ejemplos ilustrativos, a la región de Murcia con Cataluña por la compra del agua a los regantes del Ebro de la Comunidad de Aragón y a la Comunidad de Castilla-La Mancha que recurre la venta de agua del Tajo que los agricultores de la Comunidad de Madrid han realizado a los de La Región de Murcia, por apuntar sólo algunos casos concretos. “Es constatable un evidente conflicto por el bien escaso agua en el que el Estado debe adoptar alguna medida ante el mercadeo o compra-venta de los derechos de unos recursos hídricos que son claramente recursos esenciales”. Así, a su juicio, no se puede ni se debe parchear continuamente ante una realidad que desde hace años se ve venir, las medidas provisionales fruto de la improvisación y tener que recurrir a instrumentos jurídicos como los decretos-leyes, que son normativa excepcional para materias sobrevenidas y difícilmente previsibles, no es el camino a seguir para una problemática tan seria e importante como el agua potable que precisan los españoles. El agua es un recurso esencial que no puede quedar al arbitrio parcial y unilateral de las Comunidades Autónomas y mucho menos politizar una cuestión que simplemente es un recurso esencial que debe asumir el Estado según el artículo 128.2 de nuestra Constitución, pues es el Estado el único que puede hacer valer el interés general, la igualdad y la solidaridad de todos los españoles ante una cuestión tan delicada como la presente, que precisa, ante todo de eficacia y solidaridad frente a la problemática de un bien tan escaso y necesario como el agua potable de los españoles. Por su parte, Díez dijo no poder aceptar la enmienda presentada por el PP ya que “es hora de hablar con claridad y no de hacer evaluaciones, sino de tomar al toro por los cuernos y actuar”, concluyó.

 

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