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La primera vez que participé como conferenciante en este Foro fue el día 27 de septiembre de 2007. En aquella ocasión estuve acompañada por Fernando Savater, con quien formé una singular pareja de hecho para presentar Unión Progreso y Democracia, partido que se nacería oficial y públicamente tan sólo dos días más tarde en la Casa de Campo de Madrid.
Volví a esta tribuna el día doce de febrero de 2008, como candidata de UPyD al Congreso de los Diputados. En ambas ocasiones hablé ante ustedes y con ustedes de proyectos .Hoy, apenas transcurridos quince meses desde que se formó el partido político del que soy portavoz tengo la oportunidad de hablarles también de realidades.
No creo equivocarme si afirmo ante ustedes que muy pocos de los que nos escucharon hablar de la necesidad que tiene España de un partido político nuevo, de un partido que defienda el Estado, creyeron que ese proyecto fuese viable a corto plazo. He visto sonrisas complacientes, y hasta miradas de conmiseración cuando he explicado, como hice aquí, que la necesidad era tan urgente que íbamos a conseguir que fuera posible. Tanto en conferencias públicas como en conversaciones privadas se nos hacía saber-- antes del nueve de marzo-- que lo que defendíamos era interesante, incluso oportuno; pero que en España eso era imposible. “Aquí todo está vendido”, con diferentes énfasis y giros, ha sido la frase que más hemos escuchado. Antes del nueve de marzo, claro.
Y ya lo creo que estaba vendido; o comprado, según se vea. Aunque a tenor de las dificultades que nos pusieron para que pudiéramos participar en la campaña en condiciones –no diré de igualdad, sino mínimamente decentes—solíamos pensar que quienes están en esto de comprar y vender voluntades no tenían tan claro que las cosas no pudieran empezar a cambiar.
Hicimos la campaña electoral sin un solo crédito bancario. Nos la financiamos a través de bonos reintegrables desde cincuenta a quinientos euros-- que empezaremos a devolver en el primer trimestre del próximo año--, a través de las cuotas y contando con alguna donación particular, la más alta de las cuales ascendió a veinte mil euros. En total, desde el veintinueve de septiembre en que nacimos hasta el nueve de marzo, fecha en que se celebraron las elecciones generales, nuestro presupuesto total fue de algo más de seiscientos mil euros. Con ese dinero hicimos la campaña en toda España (más de setecientos candidatos); hicimos los folletos (escasos); imprimimos candidaturas (no en todas partes pudimos hacerlo); montamos los actos de presentación; compensamos una parte de los gastos de nuestros candidatos y dirigentes regionales … O sea, gastamos en todo eso la cuarta parte de lo que han declarado PSOE y PP que les costó montar cada uno de sus Congresos de partido.
¿Cómo fue posible que un partido político nuevo, con unas siglas difíciles de recordar si no inviertes una gran cantidad de dinero y publicitarlas, con una única sede pública en Madrid, sin apenas apariciones en los medios de comunicación nacionales (en los públicos ni les cuento, borren el “apenas”), consiguiera en las elecciones 303.535 votos? Pues fue posible porque había más necesidad que dificultades. Y porque en este país hay millones de ciudadanos que están hasta el gorro de los unos y de los otros y buscan una oportunidad, casi una disculpa, para volver a votar a gusto.
Sé que la tarea que tenemos por delante no va a ser fácil. Los mismos que no daban un duro por nosotros cuando se fundó el partido –el Director de El País vaticinó que “después del día nueve, si las cosas ocurren como creo, no tendrá ningún interés hacerle (a Rosa Díez) una entrevista), siguieron insistiendo-- superada la perplejidad—al día siguiente de las elecciones: Soledad Gallego Rey describía nuestra entrada en el Congreso de los Diputados como una “proeza” para después afirmar que “esto” no duraría. Otros, desde la otra orilla, insistieron en la inutilidad de nuestra opción; eran los que se empeñaban en desanimar a los ciudadanos afirmando que lo que nosotros defendíamos “ya lo defiende el PP”. Tal y como están las cosas no hace que falta que insista demasiado en negar tal afirmación.
Ya sé que hay quien cree que todo está bien como está, todo bien repartidito entre dos, que buscan alternativamente ayuda de los que siempre están dispuestos a ser comisionistas. Pero nosotros estamos cada vez más convencidos de que si no hubiéramos tomado la decisión hace un año lo tendríamos que hacer ahora. Nacimos desde la convicción de que en España hace falta un partido nuevo, progresista, laico, transversal e inequívocamente nacional. Un partido que tenga un sentido institucional de la política, que se aleje de las actitudes sectarias que se han impuesto en la política española.
No tenemos la vocación de la exclusividad, bien al contrario. Creemos que hay que hacer la necesaria pedagogía política para defender entre todos lo que nos une. Recogemos en nuestros planteamientos lo mejor de las dos corrientes políticas que han sido el germen de la construcción de la Europa democrática: la socialdemocracia y el liberalismo político. Somos un partido comprometido con la regeneración democrática y con la defensa de la libertad. Un partido de españoles sin complejos. Nacimos porque llegamos a la convicción de que ni el PSOE ni el PP –el primero porque ha dejado de ser un partido que vertebra España y el segundo porque está cargado de complejos e hipotecas territoriales—van a ser capaces de acometer las profundas reformas que nuestro país necesita para asegurar la igualdad, la cohesión y el progreso a las nuevas generaciones. Hoy nos parece aún más necesario.
Unión Progreso y Democracia cuenta ya con más de nueve mil afiliados organizados territorialmente en toda España, tanto a nivel autonómico como provincial y local. Una parte sustancial de nuestra financiación proviene precisamente de las cuotas. La gran mayoría de los afiliados de nuestro partido nunca estuvieron afiliados a ningún partido político; y hay entre ellos muchos jóvenes, muchos más que los que uno está acostumbrado a ver en las formaciones políticas españolas. No hay como no tener “Juventudes” para tener un partido lleno de jóvenes…
La mayor parte de ellos, los afiliados, nunca lo fueron de otro partido político. Más del noventa por ciento son profesionales que no necesitan dedicarse a la política para mejorar su posición personal y/o profesional en la vida. La transversalidad del partido ha tenido su reflejo también en las candidaturas que se presentaron en las generales; suelo poner como ejemplo la lista de Vizcaya: el número uno Fernando Maura, ex parlamentario en las filas del PP; la segunda, Kati Gutiérrez, ex parlamentaria en las filas de Izquierda Unida. Y el número uno al Senado, Tomás Tueros, histórico dirigente de CCOO y afiliado del PCE y después del PSE-PSOE. Y lo mismo ocurrirá en las listas que se están elaborando para los próximos comicios autonómicos del país Vasco y Galicia.
Hemos asumido la responsabilidad de representar a una inmensa mayoría de ciudadanos que están hartos de enfrentamientos personales permanentes y estériles, que se sienten huérfanos de la política, que buscan a alguien que los represente sin descalificar a nadie para hacerlo; asumimos la responsabilidad de argumentar nuestras posiciones, de no calificar o descalificar las propuestas políticas en función de quien las plantee sino por el contenido de las mismas.
Hemos asumido ese reto: el de defender una Tercera España, esa de la que hablaban hace más de setenta años un socialista como Besteiro y un liberal como Marañón, españoles cabales, políticos íntegros, ejemplos ambos de que es preciso trabar acuerdos que superen las siglas para que un país progrese. Queremos hacer política con mayúsculas, superando la sigla, desideologizando la defensa de lo obvio.
Para nosotros España es algo más que la suma de diecisiete Comunidades y dos Ciudades Autónomas. España es una nación de ciudadanos libres e iguales cuyos derechos están garantizados y delimitados en los artículos fundamentales de la Constitución del 78. Defendemos la unidad de la Nación española no como un valor sentimental, sino como el instrumento imprescindible para garantizar la igualdad y la libertad de todos los españoles, cualquiera que sea su lugar de origen o residencia.
Estamos tan libres de prejuicios como de complejos; y desde esa perspectiva vamos a proponer sin ningún tipo de hipoteca los cambios legislativos y constitucionales necesarios para promover políticas que incrementen la igualdad y la libertad de todos los ciudadanos. Defenderemos nuestras propuestas sin pensar en obtener rentabilidad electoral a corto plazo. A eso le llamamos tener ambición de país.
Nuestras propuestas:
Tres son los ejes de la acción política de nuestro partido: Plantear los cambios legislativos y constitucionales precisos para igualar los techos estatutarios y cerrar el modelo, revisar la distribución de competencias y garantizar la separación y autonomía de poderes; reformar la Ley Electoral, sustituyéndola por una legislación más justa e igualitaria; y regenerar la democracia, impulsando leyes que devuelvan a los ciudadanos el control sobre la política.
Es imprescindible que en esta legislatura se inicie un debate serio sobre la necesidad de abordar profundas reformas constitucionales. Creemos que para que se cumplan efectivamente los preceptos básicos de la Constitución, aquellos que garantizan Derechos Fundamentales como la igualdad, la cohesión, la libertad y la separación de poderes, preceptos que no son negociables en ninguna constitución democrática del mundo, es necesario revisar la actual distribución de competencias, atendiendo al criterio de eficacia, igualdad, cohesión y libertad.
Proponemos que se modifique el artículo 150.2 CE incluyendo las materias exclusivas del Estado, entre las que debieran estar como mínimo la representación internacional, la Educación y la Legislación Básica que afecte a Sanidad, Medio Ambiente y Urbanismo. Además proponemos que se establezca una mayoría cualificada de dos tercios en cada Cámara para la aprobación de las reformas de todos los Estatutos.
Proponemos que se revise el Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas para que las peculiaridades “históricas” no avalen privilegios. Eso significa, ni más ni menos, que hemos de impulsar la revisión del cálculo del Cupo Vasco y la Aportación Navarra. No se trata—de momento-- de “abolir” los fueros o “borrar” los derechos Históricos. A mí, particularmente, me parece que son expresiones que se compadecen mal con una Constitución moderna como la nuestra, en la que se garantizan los derechos de la ciudadanía, entre otras cosas porque los territorios no tienen derechos. Proponemos empezar por lo que produce la mayor desigualdad de unos ciudadanos frente a otros que es la aportación de esas dos comunidades a los Presupuestos Generales para que el Estado desarrolle las políticas que son de sus competencias. Navarra aporta cada año 640 millones de euros por debajo de lo que le corresponde; y el País Vasco 2060. Pues ese cálculo es el que hay que corregir.
La revisión de la financiación de las Comunidades Autónomas va a ser uno de los debates inaplazables de la legislatura. Ni el PSOE ni el PP (y por supuesto, ningún partido nacionalista) van a querer entrar en la cuestión de los “privilegios” históricos. Y aquí vamos a poder ver hasta qué punto los dos grandes partidos de ámbito nacional—aunque sólo sea nominalmente—se comportan como tal o, por el contrario y como ya se viene apuntando, se empiezan a trabar acuerdos entre Comunidades ricas frente a Comunidades pobres, al margen de cual de los dos gobiernen en cada una de ellas. El relativismo político y el abandono de los principios para ganar elecciones o mantener el poder empiezan a vislumbrarse de forma extremadamente preocupante. Si el Partido Popular termina –como parece—por sumarse a la estrategia del PSOE –el abandono de la responsabilidad de vertebrar al Estado y garantizar la cohesión—como fórmula para alcanzar el poder, estaremos ante una situación de quiebra. Porque este modelo de una confederación imperfecta diseñado para España con el Estatuto de Autonomía de Cataluña es inviable, completamente insostenible.
Aunque las encuestas que se han publicado a propósito del XXX Aniversario de la Constitución coinciden en que la mayoría de los españoles están de acuerdo en que hay que reformarla –aunque no sepan muy bien en qué parte—, ya sé que nadie se despierta por la mañana pensando en ello Pero para enfrentarse con algunos de los problemas que más preocupan a los españoles es `preciso enfrentarse a profundas reformas legislativas y/o constitucionales. Las consecuencias de un marco indefinido, sometido a continua subasta entre quienes ganan las elecciones sin mayoría suficiente las demandas de los partidos nacionalistas que ponen precio a sus apoyos (recuerden lo último: transferencia de I+D+I al Gobierno Vasco para garantizar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado) las estamos pagando todos. Ya sé que ningún país puede evitar que llegue al poder un gobernante sin sentido del límite y de la medida; pero las leyes han de proteger a los ciudadanos ante la eventualidad de esa circunstancia. Por eso proponemos una revisión de la Constitución para que la cohesión social y la igualdad no puedan estar sometidas al chantaje o al coyunturalismo. Nos gusta la autonomía; la del Gobierno de España también.
Pondré un ejemplo de algunas reformas urgentes que en España no se han abordado por desidia o por complejo: Empezaré por la Educación. Estamos a la cola de Europa en niveles de calidad y a la cabeza en los ratios de fracaso escolar, que en el ejercicio 2005/2006 ha alcanzado la escandalosa cifra del 30,8%. (un 1,2% más que en el ejercicio anterior) O, lo que es lo mismo: uno de cada tres jóvenes españoles son expulsados del sistema educativo antes de obtener el título de graduado escolar. O, lo que es lo mismo: más de un tercio de nuestros jóvenes corren el riesgo de la exclusión social, al privárseles de un instrumento fundamental para su autonomía personal y de vida. No creo que nadie con el mínimo sentido de la responsabilidad pueda sentirse tranquilo ante estos datos; bueno, nadie salvo el presidente Rodríguez Zapatero, a tenor de la respuesta que me dio en miércoles pasado en la sesión del control al Gobierno. Él se mostró muy orgulloso de nuestro sistema educativo, llegando a decirme, incluso, que yo confundo “el abandono prematuro de la escuela” con “el fracaso escolar”… Bueno, yo…. Y la Unión Europea, que califica el abandono prematuro como fracaso escolar… Pero, en fin, vamos a dejarlo.
No se trata sólo de destinar más recursos para las reformas, para las lenguas extranjeras, para el aprendizaje de las nuevas tecnologías, para la formación del profesorado, para la investigación… Mientras España tenga diecisiete leyes educativas de facto; mientras no exista control institucional previo sobre el contenido de los libros escolares; mientras ninguna autoridad sometida a control democrático pueda intervenir en lo que se estudia y lo que se deja de estudiar, o sea, mientras no haya un currículu común en todo el territorio… , seguiremos retrocediendo respecto de los países de nuestro entorno; y respecto de nuestra propia historia.
Tampoco se trata de “quitar competencias” a nadie, como se nos suele decir.: Se trata de instaurar un sistema que garantice que la formación de todos los jóvenes españoles responda a los mismos ratios de calidad y contenido en lo sustancial, sea cual fuere el lugar de España en que se cursen los estudios.
No hay instrumento más cohesionador, más igualitario, con más influencia en el desarrollo personal y colectivo que la Educación. En coherencia con ese criterio proponemos, entre otras reformas, la devolución al Estado de la competencia en Educación para garantizar la existencia de un sistema educativo nacional unitario, compatible con la estructuración de España en comunidades autónomas, seis de ellas con lengua cooficial. Las comunidades autónomas seguirán desempeñando tareas de gestión y desarrollarán algunas competencias propias en este terreno, pero siempre de acuerdo con el principio de un currículo básico igual en todas las comunidades autónomas, y con independencia de la lengua cooficial o extranjera en que éste se imparta.
Igualmente defendemos el reconocimiento, mediante la correspondiente reforma constitucional, del derecho a la escolarización en las correspondientes lenguas maternas oficiales en las comunidades bilingües, y el desarrollo de sistemas educativos bilingües a lo largo de toda la escolarización obligatoria, garantizando el derecho de los padres y luego de los alumnos, a escoger la lengua de referencia que prefieran a lo largo de la escolarización.
España necesita un gran Pacto de Estado por la Educación, del que participen las fuerzas parlamentarias y los estamentos y entidades educativas (sindicatos, asociaciones profesionales y de padres, etcétera); un pacto que garantice la estabilidad básica de la legislación educativa durante un tiempo razonable del al menos 20 años. Y también le hace falta a nuestro país un compromiso para regular legalmente la autoridad del profesorado, que deberá ser investido de la condición de representante de los poderes públicos, y en consecuencia estar especialmente protegido legalmente de las agresiones a su persona y de las intromisiones ilegítimas en sus competencias profesionales.
Otra reforma que nos parece inaplazable tiene que ver con la Ley Electoral. La consecuencia de una Ley elaborada en la Transición--, que tenía como objetivo consolidar a dos grandes partidos políticos nacionales--, ha sido la consolidación de un bipartidismo imperfecto, en el que los árbitros son partidos nacionalistas que con muy pocos votos son capaces de cuestionar—si el gobernante de turno se lo permite, y a la vista está que se lo permiten-- la definición del modelo de estado. Siempre supimos que esa era una ley injusta, que podía tener su sentido cuando se promulgó pero que hoy no tiene ni razón ni disculpa para mantenerse en vigor. Es verdad que esa ley tiene los mismos años que la democracia; y que nunca habíamos llegado a una situación como esta en la que los partidos nacionalistas se convierten en los árbitros para el diseño de la política nacional. Pero es que, como decía antes, nadie está a salvo de que llegue al poder un gobernante sin límites. Por eso hay que hacer leyes que eviten, en la medida de lo posible, los dislates del Ejecutivo. Y que, por ende, sean respetuosas con el artículo veintitrés de la Constitución, que reconoce el derecho a elegir y ser elegido en igualdad de condiciones.
Por eso nuestra primera iniciativa parlamentaria ha sido la propuesta de modificación la Ley Orgánica del Régimen Electoral General de 1985 (LOREG). Nuestra propuesta eleva a cuatrocientos el número de diputados, establece la Comunidad Autónoma como circunscripción electoral y distribuye el sistema de elección 200 diputados elegidos en listas electorales de base territorial autonómica y otros 200 en circunscripción nacional. El resultado es más proporcional y por tanto, más igualitario. Garantiza además la estabilidad del sistema (nada que ver con el modelo italiano, por ejemplo). Pero para nosotros lo más importante es generar y extender este debate. Y creo, sinceramente, que esa batalla ya la hemos ganado. Fíjense para lo que puede servir, a veces, un pequeño partido con una sola diputada…
Otra reforma urgente es la de la Justicia. El espectáculo que nos han ofrecido Rodríguez Zapatero y Rajoy para cambiar el Consejo General del Poder Judicial hace innecesaria cualquier argumentación. Que los dos grandes partidos políticos le hayan llamado a repartirse el poder partidario en el máximo órgano de representación de los jueces “el gran pacto por la justicia” es algo que avergüenza a cualquiera. Que los vocales del Consejo se hayan enterado por un anuncio que hizo el Presidente del Gobierno a los periodistas del nombre de aquel a quien iban a tener que votar para presidirlos, es algo impensable en cualquier democracia seria. Que enterados de esa manera y llamados a capítulo por los partidos políticos que les habían cooptado, fueran y votaran sin decir ni pío, es un acto bochornoso. Sencillamente, no es de recibo. Ni es de recibo en un país moderno y democrático que el Fiscal General del Estado, por mor de su dependencia partidaria, tenga en su poder la capacidad de no impugnar todas las candidaturas de ANV o de instar la nulidad del propio partido político. Todo en con la misma ley y las mismas circunstancias; todo, única y exclusivamente, “según aconseje la jugada”, que diría el Ministro de Justicia. Pues como a la vista está que no puedes fiarlo todo a la independencia de las personas y a su sentido de responsabilidad, hemos de cambiar las leyes para garantizar la independencia entre los poderes. Y también para proteger a los jueces y fiscales que quieran ejercer su autonomía. Por eso proponemos que se cambie la Ley que regula el sistema de elección del Consejo, elaborando una norma que impida que el nombramiento de los vocales esté en manos de los partidos políticos y regulando la participación en el proceso de los profesionales de la Administración de Justicia.
También proponemos se cambie el sistema de elección y la composición del Tribunal Constitucional (más especificación de méritos y requisitos de sus miembros y número impar) y el sistema de Elección del Fiscal General del Estado (similar al del defensor del Pueblo, dos tercios de la Cámara)
Hay otras muchas cuestiones que necesitan ser abordadas con urgencia en nuestro país tras un periodo en el que se han roto todos los consensos básicos. Porque no sólo el modelo territorial del Estado, la política de Educación, la reforma del sistema electoral, o el reforzamiento de la autonomía del sistema judicial respecto del ejecutivo han de formar parte de los nuevos Pactos de Estado. La política de Inmigración, la política Exterior o la Política Social han de estar también blindadas por grandes acuerdos nacionales.
Finalmente, dada la situación por la que atraviesa España y el foro en el que me encuentro, terminaré haciendo una reflexión sobre la situación económica. A nadie se le oculta hoy que el Gobierno perdió un tiempo precioso negando la evidencia de la crisis, empeñado en seguir gobernando contra la realidad. El Presidente Rodríguez Zapatero es un experto en sonreír ante la adversidad despreciando todas las luces rojas. Es su actitud ante la política; y si no le ha ido mal dando buenas noticias aunque estas no se correspondieran con la realidad le ha ido bien, es natural que no encuentre motivos para cambiar de táctica. No creo exagerar pues si afirmo que uno de los mayores problemas que tenemos, uno de nuestros “hechos diferenciales” ante la crisis, es que tenemos un Presidente que todo lo fía a que ésta dure menos de cuatro años y que, por tanto, lleguemos a las próximas elecciones en periodo de recuperación y él pueda acusarnos a todos de haber exagerado y no haber arrimado el hombro.
Como expliqué durante una de las comparecencias del Presidente del Gobierno sobre esta materia, España debiera ser capaz de aprovechar la crisis para iniciar un cambio de nuestro modelo de crecimiento. Porque el Gobierno actual heredó el modelo Rato-Aznar, que ya estaba obsoleto en 2004 y se ha limitado a aplicarlo, haciendo caso omiso de todas las señales de alarma que indicaban la necesidad de introducir importantes reformas estructurales en nuestro modelo de crecimiento y desarrollo económico.
Pero el gobierno de Zapatero, perplejo ante una situación que no quería reconocer, –no es torpeza, sino irresponsabilidad—no ha acertado en el qué hacer ni en el cuando, hipotecado como está por medidas electoralistas de dudosa equidad como el cheque bebé y los cuatrocientos euros. Las sucesivas medidas que se han ido anunciado son una clara muestra de improvisación y un triste reflejo más de lo que para el Gobierno es combatir la crisis económica: inyectar dinero sin definir para qué se va a utilizar. Piensen en aquellas que anunciaron a bombo y platillo tras el Consejo de Ministros de 14 de agosto; y que todos hemos olvidado: vendieron como una medida contra la crisis lo que es una cesión a los nacionalistas (nuevo modelo de gestión aeroportuaria); anunciaron políticas de escaparate (¿realmente luchando contra el cambio climático se soluciona la crisis económica? ¿Qué efecto tendrá sobre el crecimiento o el empleo la elaboración de la Carta de Derechos del Usuario de Servicios de Telecomunicaciones?); o se limitaron al copy-paste, titulando como políticas energéticas la transposición al ordenamiento jurídico español de los objetivos comunitarios.
Después llegaron los Decretos para dotar de liquidez a nuestro sistema financiero. Y la improvisación volvió a ser la norma de conducta, pues si bien estas medidas se enmarcan en las adoptadas por los países europeos, el sistema de distribución, de control y de adjudicación de ayudas que se ha establecido en España dista mucho de parecerse a los que se han puesto en marcha en Europa o en los Estados Unidos de América. En España se ha producido un pacto de opacidad entre el Partido Socialista, el Gobierno y el Partido Popular para que los ciudadanos ignoremos el destino de los fondos, los criterios y las condiciones con que los mismos se van a distribuir. Siendo el país que más recursos ha destinado a reflotar la banca, a dotarla de liquidez, (el diez por ciento de nuestro Producto Interior Bruto) resulta que no sabremos, --lo que vamos sabiendo es porque la presión alcance tal nivel que no les queda otro remedio que ir modificar los acuerdos de opacidad alcanzados—ni el destino ni los beneficiarios de esos fondos que salen de los bolsillos de todos los españoles. Y es que los acuerdos entre el Gobierno y el Partido Popular han privado al Parlamento de la posibilidad de establecer las cláusulas de salvaguarda que en otros paises estuvieron claras antes de la publicación de las normas. Aquí parece que la “cosa” va de que José Blanco, no sé en calidad de qué, amenace a los bancos con no se que represalias una vez que los fondos ya han llegado a sus arcas…
Lo último ha sido la aprobación del Real Decreto-Ley que lleva ese nombre tan rimbombante de Fondo Estatal de Inversión Local y Fondo especial del Estado para la dinamización de la Economía. Que el preámbulo del Real Decreto-Ley insista en señalar como única causa de la actual crisis la situación financiera internacional califica de sobra al Gobierno y su actitud para sacar a España de esta situación. ¿Cuánto tiempo debe transcurrir para que el Gobierno admita que la causa de la crisis está en el agotamiento del modelo económico? ¿Cuánto tiempo necesita este gobierno para hacer un diagnóstico realista que permita orientar de forma correcta las medidas económicas necesarias para salvar nuestra economía?
Nuevamente el Gobierno ha utilizado la vía excepcional de los decretos de urgencia privándole al Parlamento de realizar un debate mínimamente serio sobre el destino final de esos recursos. El Gobierno de Rodríguez Zapatero le ha cogido gusto a gobernar por Decreto Ley y ha impuesto el estado de excepción en la política económica. Se amparan en la urgencia para hurtar el debate en el Parlamento; era tan “urgente” que tardaron cuatro días desde que se aprobó hasta que se publicó. Pero llegó al Parlamento y en hora y media… liquidado. Sin ninguna orientación concreta sobre su uso prioritario. Son recursos del Estado y nos corresponde decir en qué deben invertirse. El Real Decreto podría haber previsto, por ejemplo, que esos fondos apoyarán inversiones destinadas a mejorar la red de carreteras solventando gravísimos problemas de "puntos negros" en toda España; o a contratar personal para la implementación de la Ley de Dependencia; o a extender una red de guarderías y parques infantiles; o a repoblaciones forestales, regadíos... Pero no, para qué vamos a concretar… Bueno, sí que hay una concreción: los ayuntamientos que se acojan al Plan estarán obligados a exhibir en las obras financiadas la leyenda: “Fondo de inversión local para el empleo. Gobierno de España”. Queda dicho todo.
Y luego están los Presupuestos Generales del Estado, unos presupuestos fracasados antes de que se aprueben, por los que no dan un euro ni el mismo Gobierno que los ha elaborado. Nadie se puede explicar cómo no los retiran si el propio Ministro de Economía ha declarado que están “superados” por la realidad. Hay quien no se ha dado cuenta aún de que si este Presidente y este Gobierno fueran capaces de retirarlos no los hubieran elaborado mal a sabiendas; como el del escorpión: está en su carácter. Porque lo más denunciable de los Presupuestos es que son la consecuencia de una forma de hacer política completamente irresponsable. Con estos Presupuestos se erosiona muy gravemente la credibilidad del Gobierno y la confianza en nuestra economía, en un momento especialmente delicado, cuando nos enfrentamos a la que podría ser la crisis económica más grave de nuestra democracia. Que es justo cuando más falta hace una buena dosis de responsabilidad y de credibilidad.
Pero hay otro elemento de preocupación ante esta crisis: un país competitivo debe ser, necesariamente, un país unido. Un país en el que no existan mercados fragmentados, en el que esté garantizada la libre circulación de las personas y mercancías y los capitales no encuentre frenos. En esto también estamos fallando. El Club Financiero Vigo ha señalado recientemente que determinadas políticas lingüísticas son un freno para la competitividad de las empresas gallegas. Lo mismo se podría decir de lo que está ocurriendo en otras regiones de España. Quiero llamar también la atención respecto de los efectos negativos que sobre la economía y el empleo está teniendo la proliferación de regulaciones de ámbito autonómico. La Constitución le reconoce al Estado competencias para la armonización, pero el Gobierno ha renunciado a ejercerlas.
La política española, dominada por las concesiones a los nacionalistas, está dejando al Estado sin instrumentos para desarrollar políticas económicas eficaces contra la crisis, que reclama una planificación racional centrada en el interés general y no en el de determinados partidos o elites regionales. Es un disparate que habiéndose cedido tantas competencias a instituciones comunes de la Unión Europea (por ejemplo la política monetaria) el resto de los instrumentos económicos, como el presupuesto del estado, se haya convertido en materia de mercadeo con comunidades autónomas, partidos nacionalistas o secciones autonómicas del partido del gobierno (como el PSC o UPN respecto del PP). El nacionalismo nos cuesta muy caro a los ciudadanos, aunque sea muy cómodo para algunos políticos que han perdido el sentido de estado. Lo que nos lleva a la triste conclusión de que, más allá de la crisis económica, España sufre una crisis política. Lamentablemente la crisis no sólo está en los mercados; está en las instituciones. Porque el Estado se ha ido vaciando de instrumentos en materia financiera, en las infraestructuras de transporte, en la política hidráulica, en el ejercicio de la función pública…- y que ahora, cuando hay que enfrentarse a una crisis, se vea impotente para hacerlo. El Gobierno ha renunciado a hacer política de Estado y se ha conformado con ser el coordinador de las diecisiete Comunidades Autónomas.
Voy terminando. Unión Progreso y Democracia, como les decía al principio, es un partido nuevo que defiende una nueva forma de hacer política. Y una nueva política. Un partido que sabe que su fuerza está en la fuerza de sus ideas, en el valor para defenderlas, en la firme determinación de hacer siempre pedagogía democrática. Somos un partido de españoles sin complejos. Nos gusta nuestro país, España, su diversidad y su pluralidad. Pero sabemos que la diversidad y la pluralidad son una riqueza sólo cuando está garantizada la unidad. Queremos un Estado fuerte que garantice los derechos fundamentales y tenga perspectiva de futuro. Como les dije, hacemos política pensando en las siguientes generaciones. Quizá por eso decimos cosas que parecen políticamente incorrectas, que a lo mejor nos alejan a corto plazo de algunos votantes más tibios, más conformistas. Pero hemos nacido para hacer lo que otros han renunciado a hacer: defender lo que nos une, hacer política de estado.
Aún somos un partido pequeño; pero ya hemos demostrado que somos un partido necesario: necesario y útil, en la medida de que algunas de nuestras propuestas empiezan a ser adoptadas—siquiera en el discurso—por otras fuerzas políticas. Hemos conseguido que se debata sobre cuestiones que hace apenas nada eran consideradas tabúes, como la asunción por el estado de la competencia de Educación, la reforma de las leyes para garantizar la igualdad en el voto; o para conseguir la autonomía entre poderes. Czeslaw Milosz en su “Tratado Moral” nos recuerda que una pequeña piedra puede cambiar el rumbo de la avalancha. Nosotros aspiramos a provocar los cambios necesarios para que los ciudadanos recuperen el poder sobre los políticos y sobre los partidos políticos; a eso le llamamos regenerar la democracia.
Muchas gracias por su atención y su interés.
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