El DESEMPLEO EN ESPAÑA: UNA PERSPECTIVA MACROECONÓMICA

En medios periodísticos se puede leer y escuchar mucho sobre la crisis, pero pocas referencias a lo que la teoría nos dice sobre la misma. Con ellas la exposición (y el debate) se hace más compleja, pero es esencial la referencia a aquello en lo que podemos confiar que sabemos, y la Ciencia Económica proporciona, a estas alturas, con un cuerpo de resultados suficientemente sólidos.

El problema del desempleo puede analizarse en un contexto macroeconómico y dinámico atendiendo a la relación entre producción agregada, desempleo e inflación. Hay herramientas analíticas útiles para estudiar esas relaciones, como la curva de Phillips, que liga crecimiento salarial e inflación, y la Ley de Okun, que relaciona las desviaciones de la producción real respecto de la potencial con las desviaciones de la tasa de paro respecto de la llamada tasa natural, que es aquella que no genera inflación. Podemos atender a tres parámetros básicos para seguir la evolución de esas relaciones: la tasa natural de paro, la tasa de crecimiento del PIB potencial y la constante de Okun.

Se considera que un sistema económico gravita en torno a una tasa de paro natural, que es distinta para cada país y cada momento, y que puede alterarse mediante políticas, pero no fácilmente, por depender dicha tasa de paro de gran número de factores (económicos, institucionales, sociológicos) sobre los que es complejo actuar de forma coordinada. Identificamos en lo que sigue tasa de paro natural o de equilibrio con tasa de paro no aceleradora de inflación (NAIRU, por su acrónimo inglés), es decir, aquella que es compatible con el mantenimiento estable de una tasa de inflación. La tasa de desempleo real puede ser inferior a la NAIRU si, por ejemplo, la demanda agregada crece estimulada por una política de expansión del gasto por parte del Estado, pero ello provocaría tensiones en los precios y una inflación alcista; y a la inversa, una contracción de la demanda agregada aumentará el paro por encima de la NAIRU reduciendo la inflación, situación por la que atraviesa en la actualidad la economía española. Una reducción no de la tasa de paro en sí, sino de la NAIRU, no depende de coyunturas o cambios cíclicos, sino de reformas estructurales en los diferentes mercados (trabajo, servicios, productos...) que permitan reducir, a la vez, el poder de monopolio de las empresas -que les permite trasladar a precios los aumentos en los costes laborales, manteniendo sus márgenes más o menos intactos- y de los sindicatos -que fijan el salario por hora trabajada al margen de las circunstancias de cada empresa o cada puesto, lo que, junto a otros componentes crecientes del coste laboral y una productividad estancada, explica directamente la evolución del coste laboral de las empresas. La NAIRU depende también de la inversión y del progreso técnico y su incorporación a los procesos productivos, sobre los que se puede actuar en alguna medida. Se han hecho estimaciones de la NAIRU para casi todos los países: por ejemplo la NAIRU estimada para la economía norteamericana está sobre el 7,5 por ciento y para la economía española en torno al 13,5 por ciento. Es interesante que un factor que afecta a esa tasa de paro de equilibrio sea la propia tasa de paro real. En efecto, el paro de larga duración deteriora las capacidades de los trabajadores desempleados, y esto a su vez eleva la NAIRU, cosa que puede que veamos ocurrir en nuestro país, de manera que las elevadas tasas de paro que observamos, con el tiempo, se hagan muy difíciles de combatir.

La tasa de crecimiento del PIB que permite que la tasa de paro real se mantenga cerca de la NAIRU es la tasa de crecimiento del PIB natural o potencial. Los estudios econométricos realizados para la economía española nos indican que la tasa de crecimiento del PIB compatible con la tasa natural de paro estaría en el entorno del 3 por ciento para nuestro país, mientras en Estados Unidos estaría sobre el 2,5 por ciento. Eso quiere decir que si no crecemos a una tasa del 3 por ciento nuestro desempleo real se situaría por encima de la NAIRU, ya de por sí muy alta, con el peligroso efecto de retroalimentación al que hemos aludido (la NAIRU seguiría con el tiempo a esa tasa de paro efectiva mayor).

La Ley (empírica) de Okun establece una relación entre la desviación respecto del equilibrio de las tasas de desempleo y la desviación de la producción respecto de su valor potencial, multiplicando esta desviación por una constante que llamamos constante de Okun. Los estudios econométricos indican que esta constante, que en Estados Unidos está en torno a 0,4, es para España de 0,8, lo que indica que en nuestro país el desempleo reacciona de forma muy acusada a las variaciones en los niveles de producción, con fuertes reducciones del desempleo en períodos de rápido crecimiento, pero con un aumento muy acusado cuando la economía entra en recesión, como estamos viendo.

Las diferencias que hemos señalado entre el caso de los Estados Unidos y el de España se dan también para la mayoría de los países de nuestro entorno económico, y son un claro y llamativo síntoma de las peculiaridades del mercado de trabajo español. Por ejemplo, crecimientos del PIB en un punto porcentual por encima del 3 por ciento se traducirían en reducciones de la tasa de paro en valores próximos a la unidad y crecimientos del PIB por debajo del 3 por ciento se transforman en aumentos de la tasa de paro similares a la diferencia entre la tasa de crecimiento del PIB real y potencial. En Estados Unidos, crecimientos o decrecimientos porcentuales del PIB superiores o inferiores al 2,5 por ciento, se transforman en la mitad del porcentaje en las variaciones de la tasa de paro que en España. La elevada elasticidad que en España presenta el paro con respecto al PIB, en comparación con los países de la zona euro y con Estados Unidos, puede explicarse por la extrema disparidad existente entre las condiciones laborales (no sólo los contratos en sí) de trabajadores fijos y eventuales, lo que permite a los empresarios ajustar las variaciones de actividad casi exclusivamente a través de los contratos eventuales, de fácil contratación y despido.

Uno de los objetivos centrales de la política económica en nuestro país debería ser reducción de la elevada tasa natural de paro de la economía española, así como la reducción de la elevada elasticidad producción-desempleo y de la tasa de crecimiento de la producción a partir de la cual se genera empelo. El logro de ese objetivo nos exigiría plantear las necesarias reformas del mercado de trabajo -tipos de contrato, negociación colectiva, cuotas sociales a cargo del empresario- y también, y esto es muy importante, en los mercados de producto, mediante un gran número de reformas sectoriales que incrementen los niveles de competencia en los mercados de producto, lo que a su vez reduciría la capacidad de las empresas de trasladar a precios incrementos de sus costes laborales, y por tanto la NAIRU. Estas reformas, en el caso español, no pueden consistir únicamente en reducir los costes del despido (una variable relevante, pero no la única, ni la más importante), sino que deben racionalizar la contratación laboral, reduciendo la diferencia de derechos entre trabajadores fijos y eventuales, y la fijación de salarios, vinculándolos a las condiciones particulares de cada empresa y de cada puesto. Un ejemplo evidente de la complejidad de las reformas necesarias es la dificultad de abordar el problema de la escasa movilidad laboral que, en su vertiente geográfica, tiene causas relacionadas con el disparatado desarrollo autonómico o con el no menos aberrante mercado de vivienda. La solución concreta a los problemas que nos acucian no puede ser únicamente diseñada por los agentes económicos, empresarios y trabajadores, sino que la racionalización del marco jurídico exige una acción política amplia y sin duda compleja.

Es un lugar común hablar de un nuevo modelo productivo, que implique necesariamente un mayor crecimiento de la productividad (que explica, junto al salario y las cuotas sociales, la evolución del coste laboral unitario). Sin embargo, de todas las variables sobre las que se puede actuar, esa es la más esquiva. Hay otras muchas variables más concretas y al alcance del reformador quien, sin embargo, puede verse abrumado por el número y diversidad de actuaciones necesarias, y por la reacción negativa, o incluso violenta, que pueden generar en los grupos que se benefician de uno u otro aspecto del estatus quo, a pesar del mal general, y creciente, a que dicha situación conduce.

Por último, deberíamos plantearnos si una reforma del mercado de trabajo tendría efectos positivos en el corto plazo, acelerando la salida de la profunda crisis económica por la que está atravesando nuestro país. La respuesta es, por desgracia, no. La racionalización necesaria del mercado de trabajo debió plantearse por el Gobierno en la fase alta del ciclo, para que tuviera efectos en el medio y largo plazo a través de una reducción paulatina de la tasa natural de paro. Tampoco las reformas en los mercados de producto tendrían un efecto positivo inmediato, en ese corto plazo que deviene en el tiempo relevante a efectos políticos. Los incentivos a echarse sobre los hombros la inmensa tarea son pocos, y las posibilidades reales de salir airoso ante el reto tampoco son muchas, considerando el acelerado deterioro institucional y político de los últimos años.