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Si en la actual sociedad hay un mundo que avanza con pasos de gigante es sin duda el mundo de las nuevas tecnologías.
Hablar de nuevas tecnologías es hablar de internet, de la sociedad de la información, y como no, de propiedad intelectual y derechos fundamentales. Es imposible no vincular la propiedad intelectual y los derechos fundamentales con la piratería, las entidades de gestión y el Ministerio de Cultura. Las opiniones sobre un Ministerio determinado derivan en una opinión sobre el Gobierno del cual depende, y opinar sobre las actuaciones del Gobierno termina en una valoración sobre las leyes y políticas que ofrece a los ciudadanos.
La piratería es un tema que requiere gran reflexión, frialdad y sobretodo mucho consenso. Hay que tener claro que es un mal que nos perjudica a todos. Por su culpa muchas empresas españolas quiebran y gran cantidad de ciudadanos pierden su puesto de trabajo. Considero que estamos ante un problema de conciencia, educacional. En ocasiones, cuando nos preguntan la razón por la que compramos discos en el top manta, contestamos que en las tiendas son muy caros. Esta concepción del problema debe ser corregida por errónea. Queda claro que la persona que graba una película en el cine y luego la cuelga en la web o hace mil dvds para su ilegal venta, lo que hace es robar, simple y llanamente. En lo referente a la política de precios de las grandes compañías discográficas o audiovisuales, es el mercado y los consumidores los que debemos hacer que corrijan los precios desproporcionados. Estas empresas deben actualizarse a los tiempos y sacar provecho de las posibilidades que nos ofrece internet. Imaginemos que en la página web de Sony Music se nos ofreciese la posibilidad de descargar el último single de Alejando Sanz por 0,80 céntimos, con una calidad de sonido excelente y libre de virus ¿Seguiríamos justificando la piratería? Estamos ante un problema en el que todos los sectores deben de poner de su parte.
Como si de un cajón de sastre se tratara, Zapatero & friends se inventan una Ley de Economía Sostenible con la que pretenden ilusamente salir de la crisis. Esta Ley es una caja en la que cada Ministerio ha ido colocando un papel con sus necesidades y problemas que quieren resolver por la vía rápida. Dentro de la caja nos encontramos la famosa Disposición Adicional Primera, si, la que se refiere a la propiedad intelectual.
Debemos dar gracias a que el debate haya coincidido en el tiempo con el informe de la Comisión Nacional de la Competencia del mes de diciembre de 2009. Hay que dar gracias porque este informe retrata los modos poco éticos que algunas entidades de gestión han llevado a cabo durante los últimos años y los problemas y posibles soluciones que una buena reforma de la Ley de Propiedad Intelectual traería consigo a la ciudadanía.
Los cuatro ejes fundamentales sobre los que se debería abordar la reforma serían, en mi opinión: la eliminación del monopolio actual que tienen las sociedades de gestión, la ampliación de los casos en los que no es justo el pago de derechos de autor, la creación de un organismo independiente que fije las tarifas (ahora las fijan unilateralmente las entidades de gestión) y el otorgamiento de un mayor protagonismo y funciones a la CPI (Comisión de Propiedad Intelectual).
El monopolio de las entidades se mitigaría si se estableciesen por ley unos claros requisitos, que de verse cumplidos, otorgasen de manera automática la autorización para la puesta en marcha de nuevas entidades. En estos momentos la última palabra la tiene el Ministerio de Cultura y es sospechoso que sólo existan ocho entidades en nuestro país.
Hay actuaciones de las entidades de gestión que no son para nada proporcionadas. La modificación de la ley debe poner coto a recaudaciones injustificadas. Interpretaciones de obras de teatro en pueblos en la que los vecinos no cobran dinero alguno, bandas de música, una peluquería que tiene puesta la radio, televisiones en hospitales o residencias..etc...son algunas de las situaciones en las que el afán recaudatorio daña mucho a los usuarios pero también a las propias entidades.
En estos momentos las tarifas las fijan las propias entidades. Cuando aparece un conflicto con un usuario no acuden a la CPI, ya que no quieren exponerse al riesgo de que fijase unas cantidades inferiores. Que un tercero independiente fijase esas tarifas de acuerdo al uso efectivo y no por la disponibilidad otorgaría a las mismas una alta dosis de legitimidad y seguridad jurídica.
La CPI debe cobrar un mayor protagonismo. Debería ampliarse el catálogo de materias sobre las que puede mediar. Podríamos entrar en el debate de si es conveniente dotar a la misma de un mayor poder coactivo, recalco, entrar en el debate.
No podemos tener miedo a entrar en los debates constructivos. No es oportunismo y no debemos amilanarnos ante los comentarios injuriosos. Hay que considerarlo una gran oportunidad y ante la misma, y como siempre, tenemos que estar a la altura. |
