EXCUSAS QUE SOLO BENEFICIAN A ETA

El PSOE y los partidos nacionalistas impidieron ayer que UPyD y el PP obligaran al Gobierno a poner en marcha la disolución, de forma inmediata, de los 42 ayuntamientos gobernados por ANV en el País Vasco y Navarra. Rosa Díez y Rajoy pedían al Gobierno que aplique de una vez el artículo 61 de la Ley de Bases del Régimen Local para echar a los proetarras de las instituciones, así como que sean las Diputaciones Forales las que gestionen el fondo anticrisis para que el brazo político de ETA no siga recibiendo dinero público.

Pero el PSOE y los nacionalistas alegaron problemas jurídicos para aplazar este proceso y acusaron al PP y a UPyD de querer tomar «atajos legales» por razones electoralistas y de «romper el consenso en la lucha contra ETA». Los socialistas fían la disolución de los ayuntamientos filoetarras a una reforma legal que no saldría adelante antes del próximo periodo de sesiones, y cuya aprobación no obsta para que el Gobierno intente solucionar cuanto antes el problema que él creó al permitir que ANV se presentara a las elecciones.

La suspensión de actividades de la marca etarra, decretada por el Tribunal Supremo, no será efectiva mientras la formación proscrita siga en los consistorios, por lo que el PSOE no puede refugiarse en coartadas técnicas para justificar su falta de diligencia. Son los tribunales -y no el PSOE- quienes deben dirimir si jurídicamente es posible disolver de una tacada todas las corporaciones batasunas. Además, con la ley y con la sentencia de ilegalización de ANV en la mano, es más fácil sostener que esto es viable que defender lo contrario.

La ley del régimen local faculta al Gobierno a disolver un ayuntamiento «cuando existe cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes lo enaltezcan». Es difícil pensar que no incurren en estos supuestos todos los ayuntamientos de ANV. Sobre todo después de que el Supremo justificara su ilegalización aduciendo que los ediles radicales no sólo han apoyado de forma tácita a ETA -al negarse a condenar sus asesinatos-, sino que han colaborado con la estrategia de la banda «de forma reiterada, grave y generalizada».

Es muy preocupante que el partido del Gobierno ponga excusas para abortar una iniciativa encaminada a adelantar la derrota de ETA. Y más aún que esta discrepancia se escenifique el mismo día que la UE ha añadido a ANV y al PCTV a su lista de organizaciones terroristas y cuando el 90% de los españoles pide que los partidos mayoritarios se unan frente a la banda.