Contra el oligopolio (I)

En la rueda de prensa del día 13 (puede verse íntegra en Youtube), Mikel Buesa acertó plenamente al definir el sistema políticos español como un oligopolio, concretando que consiste en un mercado cerrado reservado a unos pocos privilegiados que se asocian para impedir que entren nuevos competidores. Un sistema donde un pocos se quedan con el dinero público dedicado a sostener las instituciones, y lo administran de tal modo que nadie más pueda entrar en el reparto, o sólo con grandes dificultades prácticamente invencibles, e incluso sólo recurriendo al terrorismo para hacerse un hueco nada exiguo, caso de las distintas marcas políticas de ETA (que no sólo reciben tranquilamente créditos muy ventajosos, sino que están en los consejos de administración de las propias cajas de ahorros; ¿necesita esto comentario?)

El oligopolio español no sólo está compuesto por los principales partidos –que, tautológicamente, son principales porque están en el oligopolio-, aunque estos sean los que se llevan la peor parte de las invectivas ciudadanas. También forman parte imprescindible del tinglado los grandes grupos de comunicación, y los bancos e instituciones financieras (como las poderosas cajas de ahorro, controladas por los partidos políticos por numerosas vías) que pueden por una parte inyectar capital a los miembros del club mientras lo niegan por otra a quienes pretenden competir con el oligopolio, asegurando así la perpetuación de este sistema.

No hace falta decir que es una completa burla no ya a la idea de democracia, sino a la propia Constitución y a las leyes fundamentales derivadas de aquella. En efecto, la participación política, que es tanto un derecho básico como un deber elemental, es completamente imposible si quiere ejercerse fuera de los partidos que forman parte del oligopolio. Algo así como si el derecho a elegir menú en un restaurante quedara en la práctica limitado a comer únicamente lo que el dueño quiera ponerte en el plato o, si no, quedarte en ayunas. O como si el derecho a trabajar quedara limitado por un sistema que te obliga a trabajar solamente en aquella ocupación que un superpatrón virtual escoja para ti, sin posibilidad alguna de elegir empleo y, menos aun, de trabajar como autónomo o -¡herejía!- de crear tu propia empresa.

El cinismo absoluto que domina el presente mediático y cultural –la razón cínica, que dice el pensador alemán Peter Sloterdijk- lleva a soslayar escándalos como que individuos que se autodenominan socialistas, e incluso comunistas, aplaudan la restricción crediticia de la banca a nuevos partidos como el nuestro con el argumento de que ningún banco debería prestar nada a clientes insolventes (salvo, deberían añadir, si los insolventes son ellos; el PSOE debe al menos 64 millones de euros a la banca, pese a las condonaciones sucesivas de las que se ha beneficiado). De la misma manera, sujetos que se proclaman liberales aplauden a rabiar la prohibición práctica del derecho de cualquiera a montar una empresa en igualdad de condiciones con las ya existentes; al fin y al cabo, como dijo provocadoramente el economista Schumpeter, en una democracia liberal los partidos políticos no son otra cosa que empresas que se disputan el mercado del voto.

Son los medios de comunicación los primeros en colaborar en esta grotesca desinformación masiva del significado de términos como “libertad de mercado”, “liberalismo” o “socialismo”. Naturalmente, en este contexto de falsificación cínica del significado de los términos más elementales y originalmente claros, no es de extrañar que los llamados “medios de comunicación públicos de titularidad estatal” (RTVE y la patulea autonómica creada a su imagen y semejanza) sean en realidad medios de propaganda y desinformación que si bien todos pagamos, y mucho -sin que ello sirva para colmar sus deudas escandalosas y privándonos de paso de otras inversiones más productivas o de mayor valor social-, están exclusivamente al servicio de sus patrones políticos y asociados, llenando el resto de la programación con dosis crecientes de telebasura y publicidad comercial. Hay que tomar nota, por lo tanto, de que la regeneración democrática que perseguimos no debería limitarse nunca a los partidos políticos, sino que necesariamente debería incluir dos medidas de alcance:

1 – La conversión de los medios de comunicación mal llamados públicos en medios educativos y culturales –reportajes e informativos de calidad, debates, documentales y cine, sin publicidad- con un presupuesto bajo y una plantilla todavía más reducida, con la reconversión de los miles de paniaguados que allí pululan, nombrados en su día por el partido turnante, en demandantes de empleo a la altura de sus conocidas capacidades profesionales.

2 – La banca debería ser tratada como una empresa corriente, sin gozar de favores especiales como la garantía de su sostenimiento cuando atraviesan dificultades (por su mala gestión del negocio) a costa del dinero público del Fondo de Garantías y otras entidades similares cuyo objeto real no es tanto dar solidez al sistema financiero como asegurar a los gestores de banca, una clase privilegiada de empresario –como socio preferente del oligopolio que es-, que nunca deberán hacer frente a una quiebra o al despido por incompetencia. Respecto a las cajas de ahorro, deberían ser convertidas en bancos ordinarios o, en todo caso, libradas inmediatamente del parasitismo de los partidos políticos, el sistema que, por ejemplo, hizo que el nombramiento de Javier Rojo como Presidente del Senado fuera misteriosamente acompasado por el de su hermano Gregorio –cuyos conocimientos financieros eran un gran secreto- como Presidente de la Caja Vital Kutxa alavesa.

Seguiremos con estas reflexiones. No sólo los políticos necesitan una pasada de la escoba.