• UPYD suprimirá todas las duplicidades entre Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, impulsando la eliminación de todos los Comités Económicos Sociales, Agencias de Protección de Datos y Órganos de defensa de la competencia redundantes.
  • Para ello, se despolitizará la Administración Pública para que sea responsable, consecuente, profesional, estable, simplificada, evaluable y eficiente y se llevará a cabo una racionalización del entramado de entes públicos, eliminando los consejos de administración de las empresas públicas, manteniendo únicamente un director ejecutivo y un equipo directivo profesional y prohibir la forma fundacional en la administración, salvo excepciones debidamente justificadas.
  • Es necesario acabar con el caos regulatorio en España. Cada Administración deberá presentar anualmente la lista de normas que deben ser derogadas, se identificarán mejor las normas de cada Administración, se prohibirán los decretos-leyes en el ámbito autonómico, se aplicará el art. 150.3 de la Constitución Española, fijando criterios normativos comunes en áreas de interés general.
  • Se promoverán con carácter inmediato medidas para terminar definitivamente con la preocupante morosidad que existe en el ámbito de las Administraciones locales y autonómicas. Se limitarán los pagos a treinta días y se implantará un mecanismo que permita cobrar del Estado las facturas de cualquier administración que superen el plazo legal de cobro, descontando posteriormente el importe de las transferencias que reciba la administración morosa.
  • Se evaluarán de forma periódica y obligatoria todas las políticas públicas, para las que se fijarán previamente objetivos con indicadores claros. Las que no cumplan los objetivos serán modificadas o suprimidas. Además, se creará una acción popular específica ante los órganos administrativos y judiciales para la defensa de la buena gestión administrativa, y que los principales compromisos que asuma el gobierno, incluidos los de calidad de gestión, sean controlables directamente por los ciudadanos tanto en vía administrativa como judicial.
  • Se instaurarán las figuras del Public Compliance Officer (Auditor del Cumplimiento Público), una autoridad independiente que deberá vigilar la deontología y los conflictos de intereses, y evalúe a los responsables públicos en cuanto a posibles casos de mala gestión o despilfarro de gasto público, y del Draftsman (Redactor de borradores de normas), un experto integrado en las Secretarías Generales Técnicas de los departamentos ministeriales encargados profesionalmente de la calidad normativa.
  • Se elaborarán normas estatales que limiten los automóviles oficiales, dietas por representación y el uso y disponibilidad de dispositivos electrónicos y teléfonos móviles en todos los niveles de la administración.
  • Se revisará el patrimonio inmobiliario de las Administraciones, creando un registro de metros cuadrados disponibles y con la idea de maximizar el uso de los inmuebles pagados con dinero público.
  • Se eliminarán las entidades urbanísticas colaboradoras de conservación del suelo residencial, mediante el ejercicio de las competencias estatales en cuanto a bases de régimen local y garantía de la igualdad de los ciudadanos.
  • UPYD implementará una auténtica ventanilla única como punto de acceso del ciudadano de forma sencilla y comprensible a la información acerca, no solo de empleo público y subvenciones, sino del perfil del contratante con toda la información y documentación relativa a los procedimientos de contratación cerrados, abiertos y convocados.
  • Además, se apostará por el desarrollo de la administración electrónica, permitiendo que desde cualquier ordenador personal o dispositivo similar se efectúen consultas y gestiones administrativas y, todo ello, mediante la simplificación de normas y procedimientos y la utilización de sistemas informáticos comunes, accesibles para las personas con discapacidad.
  • A nivel nacional, se armonizará la estructura de la información para el intercambio de datos relevantes entre la Administración Central el Gobierno de España, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos. De este modo, podrán compartir recursos y dispondrán de un registro en el que figurarán medios técnicos y tecnologías de la información e inmovilizado a su disposición, de forma que todas puedan usarlos, maximizando su utilidad.
  • Se fomentará el uso prioritario de software libre en las Administraciones Públicas.
  • UPYD abordará de manera inmediata la reforma de la Administración Local y dotarla de un nuevo modelo de financiación que le proporcione suficientes recursos para desempeñar sus competencias, aumentando su participación en los tributos de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas. Se delimitarán claramente las competencias entre los ayuntamientos y las Comunidades Autónomas para evitar el uso de competencias impropias y se incluirá a la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
  • Además, se fijarán mecanismos de control financiero y de gestión independientes y externos a la corporación, así como reforzar las labores de fiscalización, asesoramiento y control realizadas por los Secretarios, Interventores y Tesoreros.

Para ello, serán necesarias modificaciones en la Ley de Bases de Régimen Local:

  • Se armonizará la legislación local para homogeneizar la estructura y funcionamiento de los ayuntamientos y hacerlos menos dependientes de las decisiones de cada alcalde y pleno de ayuntamiento.
  • Se recuperará por parte del Estado de la potestad de nombramiento de los Secretarios e Interventores, para acabar con la arbitrariedad y la falta de control que supone el empleo del procedimiento de libre designación como forma de adjudicación de la plaza, con el objetivo de conseguir tratos de favor. Así, los puestos de libre designación exigirán un perfil de mayor profesionalización, erradicando así el nepotismo, el enchufismo y el amiguismo.
  • Se establecerá un estatuto del concejal de oposición, que refuerce sus derechos.
  • UPYD promoverá la fusión de los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes y de los contiguos entre sí o anexos a concentraciones urbanas mayores, siempre con el objetivo de lograr la racionalización de la administración local y la mejora de los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos.
  • El sistema de financiación autonómica se encuentra en una permanente crisis a causa de diversos factores, como son la propia indefinición del modelo territorial, su insostenibilidad financiera, su falta de actualización, la presión política del nacionalismo —no sólo impulsado por los nacionalistas— o la persistencia de los privilegios derivados de los regímenes forales del País Vasco y Navarra. Para solucionar este gran problema, además de delimitar definitivamente el reparto competencial y reformar las Administraciones Públicas, se hace imprescindible la integración de todas las Comunidades Autónomas en un sistema común e igualitario de financiación que responda a los principios de multilateralidad, solidaridad y suficiencia.
  • El sistema de financiación de las Comunidades Autónomas deberá cumplir los criterios de transparencia, de forma que los ciudadanos conozcan qué parte de los impuestos que pagan van destinadas a financiarlas, y corresponsabilidad, para que asuman el coste de la impopularidad de subir los impuestos, cuando corresponda hacerlo. Además, en coherencia con el objetivo de armonización fiscal dentro de la Unión Europea, es preciso acometer un proceso de armonización fiscal interterritorial, como en el caso del Impuesto de Sucesiones, entre otros. Por ello, Comunidades Autónomas cederán al Banco de España todas las atribuciones en materia de supervisión financiera y las competencias sancionadoras que actualmente tienen.
  • Asimismo, la financiación autonómica debe diseñarse sobre la base de criterios de simplicidad y transparencia, reforzándose considerablemente el Fondo de Compensación Interterritorial, que supla la progresiva disminución de los fondos de desarrollo regional europeos.
  • UPYD ve necesaria la profesionalización y la despolitización del empleo público. Para ello, se establecerá una nueva Agencia Estatal de Administración Pública, sustitutiva de la AEVAL y la Dirección General de Función Pública, que será la responsable de los procesos selectivos de todo el personal de la Administración General del Estado así como del personal de la Administración Local con habilitación nacional, cooperando en el resto. Esta agencia facilitará asimismo la movilidad geográfica voluntaria de los funcionarios entre las diferentes administraciones del Estado y promoverá la homogeneización de salarios entre diversas Administraciones.
  • En esa línea, se desarrollará el Estatuto Básico del Empleado Público. En concreto, se regulará la carrera horizontal y se establecerá, con carácter general, un mecanismo de evaluación del desempeño de los empleados públicos que repercuta, en función de los resultados individuales, en la carrera administrativa de cada empleado, así como en su retribución.
  • Se limitará al máximo el sistema de la libre designación para la provisión de puestos de trabajo en la administración, estableciendo la obligatoriedad del concurso público para el acceso a todos los puestos de nivel inferior a 30.
  • Además, se limitará por ley el número máximo de personas contratadas eventualmente, haciéndose públicos tanto su curriculum vitae como las funciones de las que se encargará y las razones de su idoneidad para el puesto.
  • Respecto a los directivos públicos, al menos a los cargos de nivel de Director General, se realizará una selección rigurosa basada en la experiencia profesional y la acreditación de competencias cuya duración sea por un periodo superior al de la legislatura, exigiendo la motivación razonada de los ceses en caso de producirse éstos antes del periodo previsto. El curriculum vitae de los aspirantes a directivo público deberá ser público en todo caso.
  • En aras de la transparencia, se elaborarán y publicarán anualmente en cada ministerio encuestas de evaluación de calidad, con garantía total de anonimato, por los empleados públicos, para que éstos evalúen el grado de claridad de los objetivos que tienen asignados, la adecuación de los procedimientos y procesos para realizarlos.
  • UPYD promoverá el control de la externalización y privatización de servicios, estableciendo la posibilidad de recurso directo en contra y exigiendo una justificación fehaciente de la necesidad de acudir a la externalización en el caso de servicios esenciales, con estudio de todas las alternativas posibles.
  • Para ello, se endurecerá el uso de los procedimientos de urgencia y se limitará el número o cuantía total de contratos menores adjudicados por un mismo entre a una misma empresa.
  • Se modificará la legislación de contratos del sector público con el fin de establecer la reserva de un porcentaje, con carácter de mínimo, de las licitaciones a favor de centros especiales de empleo, empresas de inserción y entidades de economía social que vincule a todas las administraciones y entes públicos, tanto estatales como autonómicos y locales.
  • Se fomentará la participación de las PYMEs en la contratación pública, adaptando los requisitos relativos al volumen de negocios a las necesidades de las PYMEs, modificando la normativa existente para permitir el cobro de la parte del precio correspondiente a los subcontratistas y proveedores cuando exista subcontratación, y unificando los perfiles de contratante en un único portal web a nivel nacional.
  • Los contratos administrativos incluirán en sus pliegos criterios de valoración favorables para empresas que se dediquen principalmente a las materias objeto del contrato, en contratos que se refieran o afecten sustancialmente al entorno natural, zonas verdes, o al tratamiento de animales. Igualmente, para empresas de economía social, en el caso de contratos de servicios o gestión de servicios públicos.