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NdP | Cinco propuestas progresistas para frenar la corrupción y el fraude fiscal en España

En España ha habido más de 2.000 casos de corrupción desde al año 2000. Además de los Gürtel, Púnica, Malaya o Palau hay que añadir la enorme ristra de ministros, alcaldes y altos cargos públicos implicados en los ‘Panamá Papers’ o cualquier otra lista de grandes defraudadores fiscales. No es un asunto baladí. Tal y como recuerda el Fondo Monetario Internacional (FMI), la corrupción y la evasión fiscal generan “mayor deuda pública y menos inversión en educación, sanidad y otros servicios públicos. Significa más desigualdad, porque los más vulnerables son los más afectados por la fuerte caída del gasto social”.

Para frenar en seco la corrupción institucional y el fraude fiscal que hay en España, desde Unión Progreso y Democracia (UPYD) proponemos medidas estructurales que atajen el problema de raíz. Estas son nuestras cinco principales propuestas:

  • Aumentar el material y el personal de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y reorganizar sus servicios de inspección. Es imprescindible combatir firmemente a escala internacional la existencia de paraísos fiscales y concienciar a los ciudadanos de la gravedad del problema del fraude fiscal.
  • Endurecer el delito fiscal y ampliar los plazos de inspección y prescripción. Apostamos por promover una nueva Ley de Exigencia de Responsabilidad Civil y Penal para aquellos responsables públicos que, tras la finalización de su mandato, se constate que hayan ocultado deudas o impagos.  Se estudiaría la inclusión en el Código Penal de un nuevo delito de malversación imprudente de caudales públicos para castigar a los empleados y cargos públicos que causen un perjuicio económicamente evaluable. Asimismo, se tipificaría penalmente la financiación ilegal de partidos políticos
  • Derogar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal debido a que favorece la impunidad de los delitos de corrupción al acortar drásticamente el periodo de instrucción en una justicia sin medios.  Se descartaría cualquier tipo de amnistía fiscal, una de las mayores corrupciones.
  • Implementar medidas contra la ‘puertas giratorias’ y la corrupción en la contratación administrativa. Se limitaría la posibilidad de adjudicar contratos directamente a favor de un contratista, la cuantía de los contratos menores y la posibilidad de subdividir contratos. Asimismo, se prohibiría a las empresas contratar funcionarios del Estado y representantes públicos directamente afectadas por su gestión pública.
  • Reformar la Ley de Transparencia, claramente insuficiente, y mejorar el Portal de Transparencia para garantizar la publicidad accesible y comprensible de los presupuestos y la ejecución presupuestaria, expedientes de contratación administrativa, subvenciones públicas, salarios de los funcionarios, etc.

>> Lee todas nuestras medidas para combatir la corrupción en este enlace

Publicado en Nacional